Categoría: Vivienda
«El Ayuntamiento deja de pagar y se lava las manos»
30/09/2019
Una mujer desahuciada junto a su hijo pequeño pierde la ayuda que le ofrecía el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria para alojarla en un hotel.
Las Palmas de Gran Canaria
María del Pino Santana se enfrenta de nuevo a un desalojo. En enero, una orden de desahucio la expulsó de la vivienda en que habitaba, en Casablanca I, por impago de alquiler. Desde entonces, esta joven madre, víctima de violencia de género, ha residido en el hotel Valencia, un alojamiento cuyos gastos ha asumido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hasta hoy. La semana pasada le informaron que su ayuda no iba a ser renovada. Y así, sin otra solución habitacional, María del Pino revivió sus viejos horrores, el miedo a quedarse en la calle y a perder a su hijo.
«En el Ayuntamiento me dicen que dejan de pagar, se lavan las manos», lamenta. Dice que se sorprendió del anuncio que le hicieron los empleados municipales «porque el alcalde, Augusto Hidalgo, se hizo eco de mi caso, aunque parece que ya se ha olvidado».
«Si este es el trato que se le va a dar a una mujer víctima de violencia de género…», argumenta, «mucho decir que van a ayudar a la mujer pero cuando lo necesitas, lo único que hacen es hundirte».
A fines del año pasado, a María del Pino se le había tramitado la Prestación Canaria de Inserción y una ayuda de emergencia. Desde que se conoció su caso, el Ayuntamiento asumió los gastos de alojamiento y se comprometió también a costear los de lavandería y comida. «A mí no me han ayudado en nada, ni con la lavandería, ni con la comida», denuncia.
Lo que sí le ofrecieron fue un trabajo temporal, de seis meses, en el servicio de limpieza viaria. «Con un contrato de barrendera que no es fijo nadie me va a alquilar», prosigue María del Pino Santana. Este periódico intentó conocer sin éxito la versión del grupo municipal de gobierno.
Tampoco se materializó en estos meses la ayuda prometida por el anterior Gobierno de Canarias para ofrecerle un alquiler especial dentro de la bolsa de viviendas conveniadas con los bancos.
Ayuda externa.
Pese a lo delicado de su situación, María del Pino no se quedará hoy en la calle. Gracias a la asistencia del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, esta joven dormirá hoy bajo techo. Esta organización le ha podido encontrar un alojamiento «en una de las comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla».
«Es triste y lamentable que un sindicato de inquilinas, sin recursos ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan recursos de todas nosotras», explica el colectivo a través de un comunicado.
La nueva vivienda del María del Pino está fuera de la capital, lo que le ha obligado a cambiar de colegio a su niño. «Le venga bien o no, no tenemos más opciones y al final la gente acaba deslocalizada», aseguró Ruymán Rodríguez, «el Ayuntamiento no tiene ningún plan para este tipo de casos».
Negligencia institucional, respuesta sindical
Sobre la inoperancia de las instituciones en el caso de María
María es una madre soltera con un niño de 6 años, parada de larga duración, que ha sufrido distintas formas de violencia machista en distintas etapas de su vida. El 14 de enero de 2019 se enfrentaba a un desahucio por impago de alquiler, sin red familiar que la acogiera ni alternativa habitacional de ningún tipo. A cuatro días del desahucio contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desde ahí pudimos dar a conocer su caso a los medios de comunicación, paralizar su desahucio «in extremis» por la vía judicial y presionar a las instituciones para que le ofrecieran una alternativa habitacional.
Dicha alternativa, temporal, de tránsito, consistió en una habitación en un hostal de la capital grancanaria. Esto, evidentemente, no era una solución, sólo una medida a corto plazo que, para ser verdaderamente funcional, debía acompañarse de una alternativa estructural, como admitía entonces el propio alcalde Augusto Hidalgo: «Nosotros hemos adoptado la situación de emergencia habitacional y lo remitimos al Gobierno regional para que busque la solución al problema estructural para que tenga una vivienda estable más allá de la pensión u hotel que le podamos encontrar». Sin embargo, volvemos a encontrarnos ante la tesitura de siempre: un conflicto de competencias se acaba convirtiendo en un conflicto de incompetencias.
María y su hijo llevan ya casi 10 meses en dicho hostal y en ningún momento se ha tratado de buscar una solución definitiva que estabilice su situación por parte de las instituciones. Sin bonos de lavandería, transporte o alimentos (ayudas que sí han obtenido otros realojados en dicho hostal con problemas habitacionales), María ha afrontado sus gastos diarios con sus magros ingresos (PCI + pensión alimentaria de su pequeño) y algún gesto de solidaridad esporádico de sus compañeras del Sindicato. María no ha parado de buscar un alquiler desde entonces, pero en sus circunstancias nadie se lo concede.
A finales de julio un trabajador social del Ayuntamiento de LPGC informaba a María, vía telefónica y de forma expeditiva: «este 1 de agosto el Ayuntamiento va a dejar de pagarte el hostal, o te lo pagas tú o te buscas otra cosa…». La excusa del trabajador social era que María había podido acceder a un trabajo municipal de limpieza durante 6 meses, sin tener en cuenta que que para la mayoría de caseros el tener un contrato de trabajo indefinido se está convirtiendo en un requisito indispensable para acceder al arrendamiento.
Lo lógico, lo racional y humanitario, sería que el Ayuntamiento de LPGC no dejara de costear el hostal hasta que el Gobierno de Canarias encontrara una solución a largo plazo para María y su pequeño. Lo lógico, racional y humanitario, es que el Gobierno de Canarias afrontara este caso con la urgencia que merece, y no permitiera que una mujer, que ha sufrido violencia machista, se quedara en la calle con su hijo mientras los servicios sociales municipales miran hacia otro lado. Pero el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ya no espera ni lógica, ni razón, ni humanidad de ninguna institución. Con la firme intención de no prolongar más este cruel «tira y afloja» que se traen las administraciones con el caso de María, de no seguir prolongado días de incertidumbre y noches de angustia, la Comisión de Realojo del SIGC procederá a realojar a María y su hijo por sus propios medios, alojándola en una de las distintas comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla de Gran Canaria.
Es triste y lamentable que un Sindicato de Inquilinas, sin recursos, ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, sin más medios que la fuerza de voluntad, la capacidad de trabajo, la inteligencia construida desde abajo y el apoyo mutuo, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan los recursos de todas nosotras. Es triste y lamentable que ante la incompetencia e insensibilidad de unas instituciones totalmente enajenadas de la vida de sus vecinos, sea un sindicato de vecinas el que, sin más ingresos que la solidaridad y una cuota voluntaria de 1 euro al mes, proporcione un techo a una familia y evite que una madre y su hijo de 6 años acaben, nuevamente, siendo arrojados a la calle.
Por su parte, a la propia afectada le gustaría agradecer no sólo a sus compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria por el realojo, sino a todo el personal del Hotel Valencia: a sus jefes, recepcionistas y a «sus niñas», las encargadas de limpieza por el cariño que le han brindado en estos 10 meses de convivencia.
SIGC
Alquilar una vivienda en Canarias es un 40 % más caro desde 2014
Los inquilinos denuncian que pasan meses buscando un piso donde vivir. Los alquileres más caros se dan en las dos capitales de provincia.
Canarias – 28/09/2019 Redacción Televisión Canaria
Raquel Pérez/Carmen Waló/Raúl Delgado
Alquilar una vivienda cada vez es más difícil en Canarias. Desde 2014, los precios han subido más de un 40%. Los inquilinos denuncian que pasan meses buscando un piso donde vivir. Estas son sus opciones en las islas actualmente.
En El Hierro, los precios oscilan entre los 300 y 500 euros al mes. En La Palma el piso más barato cuesta 360 euros y el más caro, 800. En La Gomera los alquileres están entre 550 y 650 euros. Y en Tenerife encontramos un piso a 290 euros en Garachico frente a los 1.800 que sale el piso más caro en Santa Cruz de Tenerife.
En Lanzarote alquilar un piso puede costar entre 550 y 1.100 euros al mes. En Fuerteventura los precios oscilan entre 400 y 875 euros. Y en Gran Canaria, la oferta va desde los 300 euros al mes en Moya a los 2.700 euros al mes en Las Palmas de Gran Canaria. Los alquileres más caros se dan en las dos capitales de provincia.
Nuevo ataque del Conde y el Ayuntamiento contra los vecinos de los Barracones
Desde hace años, el Conde de la Vega Grande y sus subordinados intentan echar por todos los medios posibles a los vecinos de los llamados Barracones o Cuarterías del Conde (ubicadas en Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) de las viviendas que él mismo les concedió, o a sus padres y abuelos, cuando toda esa zona estaba dedicada a la explotación agrícola del monocultivo del tomate y ellos eran sus jornaleros.
La última ocurrencia para echarlos, hace dos años, fue intentar derribar las viviendas “por las bravas”, metiendo maquinaria pesada y destrozando uno de los inmuebles que había conseguido desalojar, previo acuerdo con su anterior inquilina. Pero el resto de la casi veintena de familias que viven ahí ya han manifestado, por activa y por pasiva, que no piensan marcharse. Son de clase trabajadora, esas han sido sus casas durante décadas (algunos llevan viviendo ahí unos 50 años) y no las abandonarán mientras no se les garantice otra alternativa habitacional como mínimo igual de digna.
Sin embargo, el Conde y su gente, con la complicidad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, prácticamente un apéndice del vetusto condado, no han cejado en su empeño. Como también han pretendido con otras cuarterías del municipio, a través de burofaxes, presiones y la amenaza constante del desalojo forzoso, intentan minar la resistencia de los vecinos.
Si nada de esto funciona, pasan al ataque frontal, y es eso lo que está ocurriendo en los Barracones desde hace 2 días. Operarios de la finca condal, con la obligada connivencia del Ayuntamiento, están levantando un gigantesco molino eólico aledaño a las viviendas de los 63 vecinos de las cuarterías. Esta obra es a todas luces ilegal pues según la última normativa que regula el establecimiento y explotación de aerogeneradores:
Decreto 6/2015
Artículo 29.2. Cuando el planeamiento aplicable no imponga separaciones mayores, la distancia entre un aerogenerador y un núcleo habitado no será inferior a 250 metros para aerogeneradores de potencia inferior a 900 kW y a 400 metros para aerogeneradores de potencia superior.
Como puede apreciar cualquiera que se acerque a la zona, la distancia es a todas luces inferior tanto a los 400 como a los 250 metros estipulados para los aerogeneradores más pequeños. ¿A qué responde todo esto? Es un nuevo intento de coaccionar a los vecinos para que abandonen sus viviendas sometiéndolos al ruido y a las molestias constantes que supones los molinos eólicos industriales.
Por todo esto invitamos a todos los medios de comunicación a personarse en el lugar para que puedan contrastar nuestra denuncia, informarse con los vecinos y a poder ser interrogar al Ayuntamiento y al propio Conde sobre este nuevo intento de acoso inmobiliario.
SIGC
El Gobierno estudia retirar la adjudicación del piso que okupa Rita Pérez en Las Huesas
Una sentencia le obliga a dejar el inmueble el próximo 1 de agosto
Canarias 7/Telde Actualidad
La concejala de Vivienda, Carmen Hernández, se reunió este último viernes con Rita María Pérez, sobre la que pende una orden de desahucio de una vivienda de promoción pública de Las Huesas, y le informó de que el Gobierno de Canarias, que es el propietario real del piso, sopesa la apertura de un expediente para retirarle la casa en cuestión a su actual adjudicataria.
Pérez entró de okupa en noviembre de 2015, pero asegura que lo hizo porque su hermana vive justo enfrente y sabía de buena tinta que esa vivienda estaba desocupada desde hacía más de 17 años, según informa Canarias7.
Lo cierto es que fue precisamente la persona que figura como titular de este piso, otorgado en régimen de alquiler, la que demandó a Rita y la que ha propiciado que ahora esté a punto de ser desahuciada. Con ella viven dos hijos, uno de ellos menor de edad, de poco más de 2 años.
La sentencia ya es firme y el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde le he dado de plazo hasta este próximo 1 de agosto como fecha límite para que deje la vivienda de forma voluntaria. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria ya explicó públicamente que la solución a este problema estaba en que el Gobierno canario tramitase la retirada de la adjudicación de la casa a la denunciante y que, sobre la marcha, remitiese un escrito al juzgado informando del paso dado y pidiendo parar el desahucio.
Rita no saldrá de la casa de Las Huesas el uno de agosto
24/07/2019
Rita María Pérez no dejará voluntariamente la casa que okupa en Las Huesas el uno de agosto, como le ha requerido el juzgado número 1 de Telde.
No lo hará porque ni ella ni sus dos hijos tienen a dónde ir. Esperará al lanzamiento forzoso. Por si acaso, el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria estará con ella el día 1, informó ayer su portavoz, Ruymán Rodríguez, quien también anunció que si hay lanzamiento organizarán un piquete antidesahucio. Con todo, espera que no se llegue a eso. Instó al Gobierno canario a que retire la adjudicación de ese piso a su actual titular, «que lleva sin ocuparla desde hace casi 20 años», y así se parará el desahucio.
Abusos de la clase propietaria
El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere poner en conocimiento de la opinión pública algunos de los abusos a los que los caseros, muchos de ellos multirentistas, están sometiendo a la clase inquilina de Gran Canaria. Una de nuestras afiliadas (que por miedo a las represalias prefiere guardar el anonimato y a la que llamaremos “Patricia”) nos relata la sucesión de abusos que ella misma sufre y que ya ha denunciado en sede judicial. Sus caseros, una pareja dedicada exclusivamente a la especulación inmobiliaria, han intentado entrar en varias ocasiones en la vivienda, ignorando el delito de allanamiento de morada que esto supone. Se han negado a que cambie el cilindro de la cerradura o a que ponga los suministros de agua y luz a su nombre, a pesar de que la ley es clara al respecto. Le roban reiteradamente las cartas (el buzón está roto y se niegan a arreglarlo), y muchas veces “Patricia” se encuentra sus cartas rotas en el rellano o tiradas por la carretera adyacente. Que esto sea un delito les da completamente igual. Se niegan a realizar cualquier arreglo en la vivienda, como unas tremendas goteras que inundan la casa tras cada lluvia, a pesar de que se les ha notificado previamente, verbalmente y vía burofax. Las reclamaciones de nuestra afiliada son respondidas con amenazas (“o dejas de molestar o te echamos a la puta calle”) y con nuevos episodios de acoso inmobiliario; por ejemplo: con cortes de agua desde el cuarto de contadores.
“Patricia” y sus hijos viven sometidos a una tensión constante por parte de sus caseros y no son los únicos inquilinos que han tenido problemas con los mismos propietarios. Según nos informan, otros vecinos han descubierto que les han alquilado una casa que estaba en proceso de embargo bancario y han tenido que abandonar su hogar, a pesar de pagar regularmente las rentas, cuando la entidad bancaria ha ido a reclamar un inmueble que daba por vacío. Desinformados y asustados, han preferido evitar las reclamaciones judiciales y someterse al desalojo voluntario. Para esta pareja de rentistas, alquilar casas sin registrar, en ocasiones embargadas y sin otro acuerdo contractual que un contrato modelo sacado de Internet, se ha convertido en un lucrativo y parasitario negocio.
“Patricia” es una madre trabajadora que paga regularmente su alquiler: 450 euros en la Vega de San Mateo, Gran Canaria. Paga además sus suministros y, posiblemente, el de otra casa, ya que su vivienda es una ampliación de otra, la instalación es muy precaria, paga una suma desorbitante (hasta 130 euros mensuales de luz) y en el recibo de la compañía (cuando consigue recogerlo del buzón) viene siempre el número de la vivienda adyacente. No nos encontramos, por tanto, ante un problema de impago, finalización de contrato, reclamación de la vivienda para uso propio del casero, o los típicos conflictos casero/inquilino que solemos tratar. Nos encontramos ante un problema de abuso que desde el SIGC denunciamos públicamente, tal y como ya hemos ayudado a hacer legalmente, redactando la denuncia de “Patricia”.
Sabemos que no es un caso único, por eso queremos hacer un llamamiento a la clase inquilina de Gran Canaria para que se una y no deje de señalar estos desmanes. La ley se encarga principalmente de proteger la propiedad privada. Los caseros lo saben y usan este privilegio. Pero ante sus privilegios están nuestros derechos y estos se conquistan diariamente no permitiendo que las agresiones capitalistas queden impunes. Desde el SIGC haremos campaña con nuestro label sindical para marcar este inmueble, impedir que ningún nuevo inquilino sea engañado y que nadie acceda por error a un alquiler donde no se respetan los derechos del inquilinato. Si nos impiden vivir les impediremos hacer negocio con nuestras vidas.
Desahucio inminente de Rita y sus dos hijos
Rita es una madre de clase trabajadora, desempleada, y que sólo percibe para sobrevivir, ella y sus dos hijos (la más pequeña un bebé con diversas patologías) 120 euros de manutención alimenticia. Sin casa propia ni posibilidad de acceder a un alquiler convencional, Rita hizo algo tan valiente y justo como actualmente criminalizado: entró en una vivienda pública abandonada, cuya adjudicataria no la había habitado en los últimos 17 años, para poder garantizar un techo para su familia.
Ahí intentó rehacer su vida, desde 2015, hasta que hace poco los acontecimientos dieron un giro grotesco: la adjudicataria, titular de una vivienda que ni usaba, ni merecía, ni necesitaba, denuncia a Rita y consigue que se inicie un proceso de desahucio contra ella. El resultado es que actualmente se le concede un mes para que abandone voluntariamente el inmueble (el plazo se vence el próximo 1 de agosto de 2019) o de lo contrario se tendrá que exponer a un lanzamiento forzoso.
Responsables del Gobierno de Canarias anunciaron por televisión que retirarían la adjudicación de la vivienda a la parte desahuciante y que pararían el desahucio. Hasta hoy Rita no ha vuelto a tener noticias de las gestiones del Gobierno y se enfrenta al terror de ser expulsada, junto a sus dos hijos, de su único hogar.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria exigimos:
1º Que el Gobierno retire la adjudicación de la vivienda a la persona que lleva casi dos décadas sin habitarla, y que nunca debió acceder a ella.
2º Que el Gobierno, como propietario legal del inmueble, ponga en conocimientos de juzgados la retirada de esta adjudicación y que la ex adjudicataria no tiene derecho a emprender acciones legales contra Rita. Que el Gobierno use su gabinete jurídico para detener el desahucio.
3º Que se permita a Rita y a su familia habitar en su actual domicilio y que pueda acceder a la adjudicación de una vivienda a la que ha salvado de un deterioro irreparable y que ha habilitado con sus pocos recursos y con mucho trabajo.
Aprovechamos esta situación para llamar la atención sobre la mala gestión gubernamental del parque público de vivienda. Con unos de los ratios más bajos de vivienda pública (sólo un 3%) de toda la Europa política, el problema de la escasez de inmuebles destinados a vivienda social se ve agravado por la pésima adjudicación de los mismos. Familias sin recursos que viven hacinadas, o habitan infraviviendas, o sufren un desahucio tras otro al no poder afrontar un alquiler, o se ven obligadas a recurrir a la okupación, jamás consiguen acceder a una vivienda social. Mientras eso pasa, se adjudica vivienda a personas que las ponen en alquiler, obteniendo una buena renta, y que realmente viven en casas de sus parejas y familiares; a personas que las venden ilegalmente y que enajenan unos inmuebles que nos pertenecen a todos por unos miles de euros; a personas que no las necesitan y las dejan abandonadas durante años, sin plantearse jamás devolver las llaves, llevadas por el más puro sentido propietario.
Todo esto es responsabilidad directa del Gobierno de Canarias y sus organismos administrativos. Exigimos también, y en consecuencia, una gestión inteligente y eficiente de los recursos colectivos, que deben destinarse a quienes más los necesitan y no a quienes, siguiendo dinámicas mercantilistas, pueden permitirse futuras opciones a compra de una viviendas que la mayoría de las veces se conciben para ser compradas y no para disfrutarse en usufructo. Exigimos, por tanto, que las viviendas públicas salgan del mercado y que sobre su gestión directa empiecen a tener voz las asociaciones de vecinos y los colectivos sociales. Exigimos, en definitiva, que la razón se imponga y las viviendas sean para vivirlas.
El caso de Rita en la prensa:
