Cuando las redes sociales parecen dominadas por sentimientos post-electorales de empacho paralizante, de desencanto o de frustración, parece oportuno aconsejar que se levante la mirada y se mire al entorno. Se mire al entorno y se esté atento a esas realidades sangrantes que permanecen igual antes y después de la lluvia de confeti electoral; se mire al entorno y se caiga en la cuenta de que el cambio está en nuestras manos y no en ningún «supremo salvador». Se mire por ejemplo al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, un proyecto con ya bastante experiencia a sus espaldas y que, mientras la horda turistica invade la isla, está viviendo un verano de infarto en su trabajo cotidiano por articular la dignidad de la gente de a pie.
La compañera Daniela (vecina de “La Ilusión” y madre de un bebé con discapacidad intelectual y dos niñas de 14 y 15 años que vivía en un cuarto de aperos semiderruido, sin puerta ni ventanas), es la primera vecina de la comunidad en ser realojada, con un alquiler social de 11 € al mes, en una vivienda pública de Visocan. Al contrario que el resto de vecinos, quienes mediante la intervención del Sindicato llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria en quiebra que era propietaria del edificio, Daniela llegó a “La Ilusión” redirigida por los Servicios Sociales del ayuntamiento de Telde. Se trata, además, de un caso excepcional, ya que su casa tenía problemas de habitabilidad y urgía encontrarle una alternativa habitacional. Sigue leyendo Primera familia realojada de “La Ilusión”
El Sindicato de Inquilinas afirma que el desalojo de Nereida y Natalia no tiene fundamento legal y que pelearán en la justicia por la «responsabilidad» del juzgado y del Ayuntamiento capitalino, por la actuación en el caso de la Policía Local.
El Sindicato de Inquilinas hace bandera de la lucha por las hermanas Nereida y Natalia Espino y sus hijos, desahuciadas el pasado martes en la Vega de San José en un caso esperpéntico en el que primero fueron estafadas y luego fueron desalojadas con una orden a nombre de otra persona. Ruymán Rodríguez, portavoz de la asociación, asegura que el desahucio fue «ilegal» y anuncia acciones ante la justicia para tratar de revertir el caso.
El caso de Nereida y Natalia está lleno de singularidades. Primero accedieron a su vivienda tras responder a un anuncio en Internet, que resultó ser una estafa ya que quien les cobró el acceso al inmueble nada tenía que ver con él. Luego recibieron la notificación de desahucio a nombre de una antigua inquilina, y cuando intentaban llegar a un acuerdo para pagarle por el piso a sus propietarios reales fueron desahuciadas sin notificación previa.
Ese punto final es el que tiene «enfadadísimos» a los integrantes del Sindicato de Inquilinas, que anuncian un plan de actuación contra el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
El portavoz del Sindicato de Inquilinas asevera que la actuación del pasado martes está fuera de cualquier base jurídica. «A los funcionarios judiciales, no puede ser que el propio sistema jurídico se salte las leyes. Un desahucio se tiene que celebrar con un protocolo. Se tiene que notificar previamente a las familias, a su nombre, y darles un plazo legal para que abandone la vivienda», aseveró.
Por eso, significa, que no se tuvieron en cuenta leyes elementales en este tipo de situaciones. «Existe un decreto gubernamental que establece que a las familias, con menores a su cargo, no se les puede echar de su casa sin que haya antes un informe de servicios sociales. Y, sobre todo, sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sin que haya una alternativa habitacional. No se ha respetado absolutamente ninguna de sus leyes», dijo.
Actualmente están alojadas en una vivienda del Sindicato
Roríguez indica que «consideramos totalmente responsable al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha actuado ilegalmente. Sabían perfectamente que si lo notificaban con tiempo íbamos a interponer recurso, que ellas se personarían en la causa e íbamos a usar todos los medios legales a nuestro alcance para detener el desahucio y habría repercusión mediática y que los políticos se iban a sentir presionados e iban a tener que mediar. Por eso lo han hecho de forma alegal».
Y añade que «también queremos denunciar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, directamente al alcalde Augusto Hidalgo. A estas mujeres las desahucia la Policía Local, los GOIA. Por lo que el Ayuntamiento se podría haber inhibido de sacar a dos mujeres a la calle y dejar a tres menores a la intemperie. Incluso las lesionaron al hacerlo, por lo que intentamos hacer una denuncia y no nos dejaron. Nos dijeron que se haría de oficio y nos pidieron la identificación de los agentes, pero no lo pudimos hacer porque tenían su placa tapada».
Tensión.
Nereida y Natalia ya están algo más enteras. El jueves por la noche les conectaron la luz en el piso en el que el Sindicato de Inquilinas, de sus comunidades autogestionadas, les ofreció como alternativa habitacional después del desahucio. Pero siguen viviendo en sus carnes el dolor de ese momento. «Tuve hasta que rogar para que me dejaran coger nuestras cosas en la casa. Fue un policía quien convenció a la dueña para que nos dejara pasar. Yo nunca me negué a nada, quisimos hablar con la dueña para que nos dejara pagarle un alquiler por la casa, pero no hubo manera», expone Nereida, que todavía tiene en el cuerpo las marcas que le quedaron del forcejeo con los policías.
«He llamado muchas veces al concejal del Ayuntamiento para pedir que nos ayuden y su secretaria siempre me dice que ya él conoce mi caso y me llamará. Ni siquiera después de que nos hayan desalojado se ha tomado la consideración de llamarme», expone Nereida dolida por la situación.
Un papel amarillo.
Nereida y Natalia Espino se quejan de que no recibieron ninguna notificación oficial del desahucio. «No solo no nos lo notificaron de manera previa, es que cuando les pedí una orden cuando ya estaban dentro de la casa la funcionaria de justicia, riéndose, me dijo que ya se estaba haciendo mientras escribía en un papel amarillo que me dio como justificación de que nos echaban a la calle», cuentan.
Ayer, día 4 de junio (2019), se produjo algo inédito, en mi experiencia militando en vivienda, en la Vega de San José (parece que la palabra “Polígono de San Cristóbal” ya está institucionalmente prescrita): 2 madres, que vivían como precaristas en una vivienda abandonada, fueron desalojadas violentamente por la policía, a las órdenes de una funcionaria judicial, del domicilio en el que vivían con sus tres hijos, sin notificación judicial previa, sin un margen razonable y oficialmente comunicado para abandonar la vivienda, sin requerir juzgados informe previo de los servicios sociales, sin que se hayan establecido las prórrogas que la propia ley establece en caso de que haya menores, sin posibilidad alguna de interponer ningún recurso. La policía asaltó la vivienda, sacaron a las vecinas a la calle a rastras y al instante sus cerrajeros cambiaron la cerradura (me consta que ninguna de estas personas, de policías a cerrajeros desahuciadores, se han planteado la posibilidad de dedicarse a limpiar escaleras). Nereida y Natalia (dos hermanas con uno y dos hijos respectivamente) hoy denunciarán los hechos. No obstante, saben que no servirá de nada, porque aunque judicialmente se les diera la razón, jamás podrán recuperar su domicilio. Así funciona el sistema. Sin número de identificación (todos los policías lo llevaban tapado) no se podrá denunciar a ningún agente concreto por la violencia sufrida, y la denuncia se archivará en cuanto no pueda identificarse a ningún agresor. El sistema es esto.
El único documento “legal” (no perdamos el humor) que se le entregó a las hermanas es una copia de carbón amarilla que viene a decir: “se las invita a irse y al no abandonar la vivienda se avisa a la fuerza pública para que las desaloje”. Hermosa gramática la del Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Las Palmas. Faltan violines, y que se oiga un poco más el chapoteo de fondo entre la tinta y la sangre. Ese papel, escrito sobre la marcha, de letras irregulares e ilegibles, es lo que vale la vida de 5 personas. Esa es su ley.
Y eso no es todo… Nereida y Natalia todavía tuvieron que suplicar para que les dejaran sacar sus cosas de la casa. Cuando me enteré y me personé allí, la imagen que vi no pudo ser más terrible. Toda una vida, de colchones, mesillas y juguetes de niños, tirada en un rellano, o directamente en la calle. El único oxígeno lo proporcionaban los vecinos y la gente del Sindicato de Inquilinas que estaban allí y trataban de reconfortar a las hermanas.
El problema en este caso no ha sido sólo la completa dejación de las instituciones, algo a lo que ya estamos acostumbrados, por mucho que el Ayuntamiento se vista de rojo progresista y hable de “sensibilidad social”. Su total indiferencia ante la emergencia habitacional que vivimos en Canarias, especialmente en Las Palmas, es ya un lugar común. Que Nereida y Natalia no hayan podido en estos meses, desde que paramos el primer intento de desahucio en marzo, reunirse con ningún responsable institucional de vivienda y que hayan sido completamente ignoradas, es parte del ritual al que someten a cualquier vecino pobre del municipio. Es lamentable acostumbrarse a la ineptitud y que ya ni nos sorprenda. También es patético ver como unos movimientos sociales completamente domesticados, atiborrados de subvenciones, no denuncian ya ni un desahucio en la isla aunque los casos se les amontonen en la puerta. Pero repito, el problema principal no ha sido esta vez tanto la incompetencia institucional, su papel pasivo, como su participación. Es mejor sufrirlos cruzados de brazos que cuando intervienen, porque ¿saben qué cuerpo policial es el que saca violentamente a ambas mujeres a la calle causándoles lesiones? Es la policía local, los GOIA, su cuerpo antidisturbios, movilizados, necesariamente, bajo el mandato del Ayuntamiento de Las Palmas y en última instancia de su alcalde, Augusto Hidalgo. Ese es el “ayuntamiento popular”, el que iba a pararle los pies al fascismo, el ayuntamiento “del cambio”… Suerte que al fascismo se le combatía con urnas.
El otro gran responsable que toca señalar es el aparato jurídico y represivo-policial del sistema. Llevan meses alertándonos sobre el peligro de la entrada del fascismo en las instituciones, ignorando que en nuestros barrios el fascismo lleva décadas campando a sus anchas en juzgados y comisarías. El pibe menos espabilado del barrio ya sabe que hay “leyes para pobres” y “leyes para ricos”, “leyes de sangre” y “leyes de papel” y que es peor robar cuatrocientos euros que un millón. La ley es una espada: es vertical y siempre cae hacia abajo. No tiene otro principio que salvaguardar la propiedad privada y el monopolio de la violencia por parte del Estado. Todas las infracciones del Código Penal aluden a uno de los dos supuestos. La ley es un rodillo implacable que aplasta los barrios, al okupa, a la precaria, al indigente, a la obrera pobre, y una farsa de cosquillas y regañizas cuando entra en las urbanizaciones y afecta a empresarios, banqueros y políticos (mientras no cuestionen la unidad de España, obvio). En nuestros barrios siempre se ha respirado fascismo y una lección clara: el sistema estatal se basa, principalmente, en la fuerza bruta. Esto es lo que hemos corroborado, vecindario incluido, en el caso de Nereida y Natalia.
El SIGC lleva medio año parando desahucios a una media de 200 por trimestre. En juzgados tomaron nota. Notificarlo previamente supondría ponernos en alerta, que interpusiéramos recursos, llamáramos a los medios y “armáramos jaleo”. Con la lección aprendida, han preferido un desahucio cautelar, sin juicio alguno, sin notificación de ningún tipo, sin opción de interponer recurso. Saben que, aunque el desahucio se considere ilegal o irregular y así se pueda demostrar en sede judicial, Nereida y Natalia ya están fuera, y sin ninguna posibilidad de recuperar su vivienda. Ahora, por cierto, la casa seguirá abandonada otro par de años, rodeada de cámaras de seguridad (lo primero que hicieron los propietarios, que siempre se han negado a llegar a ningún tipo de acuerdo) y completamente bunquerizada.
En definitiva, el sistema ha tomado la vía de la fuerza, de actuar de imprevisto, implacablemente, porque sabían que por la otra, la de estrategia y el cálculo, aún no han conseguido ganarnos. Lo que ha pasado sienta un fatal precedente que debería alarmarnos a todos: en Gran Canaria se ha producido un desahucio que viola todas sus cacareadas garantías procesales, sin notificación judicial alguna y sin otro papel “legal” que una hoja de calco manuscrita. La indefensión jurídica, imposible en esta “avanzada democracia” (si alguien nombra ahora a Venezuela es posible que obtenga unos créditos extras en las próximas oposiciones), se viste de largo en nuestros barrios y empieza a reprimir por encima de sus posibilidades. Lo que ha ocurrido es un ataque directo al SIGC, a su influencia y su forma de proceder, un intento de contrarrestar su capacidad de maniobra. Lo que ha ocurrido es un ataque directo a la clase obrera canaria, una declaración de guerra que dice: a donde no llega la fuerza de ley, llega la ley de la fuerza.
Los anarquistas llevábamos advirtiendo esto desde hace tiempo: la vía legal es muy limitada, y es el propio sistema el que vuelve la ley rígida o laxa a su conveniencia. La gente pobre se está situando al margen de las leyes porque el sistema hace tiempo que ha situado las leyes al margen de ellos. Urge radicalizar respuestas, análisis y estrategias, o nos despedazarán poco a poco y se quitarán una de sus grandes preocupaciones de encima.
Ayer por la noche Nereida y Natalia, con sus tres hijos, fueron realojadas. Y no fue por las instituciones, la labor de los servicios sociales, la iniciativa gubernamental, la exigencia de una sentencia o la intervención de la jurisprudencia europea. Lo hizo la FAGC y el SIGC, con el apoyo y cobertura de los vecinos y simpatizantes, socializando una vivienda de urgencia en una de las últimas comunidades autogestionadas que se han sumado nuestro proyecto de recuperación habitacional: “La Barricada”. El nombre no podría ser mejor. En ella estamos y no la abandonaremos por muchas leyes de sangre que nos vomiten a la cara.
Según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, desde septiembre hasta ahora, el precio medio del alquiler en la provincia oriental canaria ha aumentado en 248 euros
El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria cree que la “inoperancia” de las instituciones a la hora de crear un plan de vivienda y el número de inmuebles vacíos en manos de los bancos son algunos de los causantes de esta inflación de precios
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional culpa a la administración pública de no buscar soluciones «reales» al problema y camuflarlo echando la culpa “al último que llegó o al que más ruido hace”, refiriéndose al negocio del alquiler vacacional
«Magnífico piso en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria»; «bonito estudio en el centro de la ciudad»; «piso amueblado, práctico, muy bien comunicado» o «sólo buscamos funcionarios». Así comienzan muchos de los anuncios de viviendas de alquiler en diferentes webs en Canarias. Y continúan, «tres meses de fianza»; «contrato fijo y nómina superior a los 18.000 euros anuales»; «al menos un aval», etc. Cada día se publicitan en las Islas cientos de pisos con unos precios que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, contribuyen a la creación de barreras económicas y burocráticas. La ausencia de una política de vivienda que ‘meta mano’ en este asunto se traduce en unos resultados objetivos: 997 de euros de media en el precio de alquiler en la provincia de Las Palmas, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, y 138.000 inmuebles vacíos en el Archipiélago.
Desde el pasado mes de septiembre hasta ahora, la media del alquiler ha aumentado en 248 euros en la provincia de Las Palmas, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez. Unos datos que se contradicen con la situación que viven los isleños: más del 40% de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza y los trabajadores sobreviviendo con uno de los sueldos más bajos de todo el país.
Rodríguez aclara que esto se debe, en primer lugar, a la «inoperancia» de las instituciones. El portavoz del sindicato explica que, en la mayoría de los países de Europa, con sueldos muchos más elevados que en España, entre el 30 y 40% de la población vive en régimen de alquiler social. En España sólo representan el 3% de la población.
Otro de los factores influyentes es el elevado número de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres después de que estallara la burbuja de la construcción y la crisis económica. En estos momentos, cuando las islas sufren la mayor subida de alquiler de la historia, hay 138.000 viviendas sin habitar. Hay un exceso de demanda y un déficit de oferta que no tendría por qué existir.
Ante esta situación, desde el colectivo se plantea la rehabilitación y finalización de esas viviendas, muchas a medio construir. «Llevan nueve años sin edificar ningún tipo de vivienda pública y ni siquiera creemos que el modelo sea construir e invertir en hormigón, sino que se llegue a un acuerdo con los titulares de esas viviendas abandonadas y se habiliten para todas esas familias».
Vivienda vacacional en Mogán. ALEJANDRO RAMOS
La empresa pública de promoción de viviendas de alquiler es otra de las barreras que complica el problema de la falta de vivienda en Canarias. Desde el sindicato de inquilinos tachan de «ineficaz» la gestión de Visocan ya que mantiene muchas casas vacías, sobre todo en la capital grancanaria. «En Ciudad del Campo hay gran cantidad de casas sin habitar y no se entregan a pesar de que hay personas demandando vivienda», aseguran.
El vicepresidente y abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, sostiene posturas coincidentes en relación al problema del alquiler en las Islas. La recuperación económica que vive el país facilita a los arrendadores subir los precios del alquiler tratando de recuperar el nivel precrisis. «Desafortunadamente los salarios de la población no han crecido en la misma medida», lamenta.
A esto se le añade la existencia de fondos de inversión y grandes entidades bancarias que cuentan con un gran ‘stock’ de inmuebles vacíos. «Hace unas semanas la ONU dio un toque de atención a España para que metiera mano a los fondos buitre que no ofertan las viviendas y especulan con sus precios», recuerda el vicepresidente del colectivo. Asimismo, Valentín opina que la ausencia de un plan de vivienda pública y el retraso en las ayudas al alquiler por parte del Gobierno de Canarias son otros factores que respaldan la inflación de precios.
El alquiler vacacional, «se trata de un elemento que ha entrado a formar parte de este juego social en relación con la vivienda». Valentín cree que desde la administración pública no se buscan soluciones reales al problema y se camufla culpando «al último que llegó o que más ruido hace». Según datos de la asociación, las VV (viviendas vacacionales) solo representan un 3% en Canarias. «No hay quien se crea que el 3% de las viviendas estén causando la subida de precios», afirma.
Anuncio de un piso de alquiler en Gran Canaria.
«Hay propietarios que han decidido sacar su vivienda de alquiler de larga temporada y lo dedican al alquiler vacacional. Al fin y al cabo, cada persona dedica su vivienda a la finalidad que considere más oportuna».
Por el contrario, el portavoz del sindicato de inquilinos considera influyentes a las VV en esta subida de precios. La decisión del Gobierno autonómico de regularlo solamente en zonas turísticas hace que «en muchos barrios obreros existan este tipo de alquileres», afirma Rodríguez. «Se está dando el proceso de gentrificación, las personas se van de los barrios donde nacieron, crecieron y tienen su red apoyo familiar porque no tienen forma de seguir viviendo», lamenta.
Rodríguez asegura que el barrio de La Vega de San José, en la capital grancanaria, es uno de los más afectados por este proceso. Es muy habitual observar la placa distintiva de VV en esta zona de la ciudad. Además, el hecho de que se sitúe allí el Palacio de Justicia hace que los funcionarios quieran tener viviendas cerca y se inflen los precios del alquiler. «En San Cristóbal tenemos registrado un estudio de 30 metros por 600 euros, una locura. ¿A cuánto se está alquilando el metro cuadrado?», se cuestiona.
En otros casos, tras un breve rastreo en diferentes webs de alquiler, se puede observar: un apartamento de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Arguineguín (Mogán), 850 euros mensuales; un piso de una habitación y 50 m2 en la zona Isleta-Puerto-Guanarteme por 1.000 euros; un estudio en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, por 800 euros; una casa terrera a 50m en la playa de Arinaga, tres habitaciones por 975 euros, entre otros muchos.
Anuncio de un piso de alquiler en Gran Canaria.
«Si casi la mitad de la población es pobre y tiene los alquileres más caros abocas a mucha gente a la indigencia, aumentan el número de desahucios. La circunstancia es de emergencia habitacional, pero oficialmente no se declara».
La emancipación «una utopía»
Uno de los índices de paro más altos en Canarias se da entre la población joven, de 20 a 25 años. El acceso al empleo es cada vez más difícil y la emancipación se ha convertido en «una utopía», opina Rodríguez. «Estamos asistiendo a jóvenes que viven en una situación totalmente precaria», insiste. «Alquilan habitaciones entre dos o tres y en un apartamento de tres habitaciones acaban viviendo unas 10 personas para poder sufragar el alquiler entre todos».
El portavoz de los inquilinos grancanarios añade que «otros muchos no pueden irse de alquiler y tienen que seguir viviendo con sus padres». Lo «peor» de esta situación, opina, se da cuando los servicios sociales «reprueban» estas condiciones de vida considerando que «no son óptimas», pero las instituciones «no hacen ningún tipo de programa de vivienda útil». «Sin nómina, sin tres o cuatro meses de fianza y sin ningún tipo de aval no se concede un contrato de alquiler».
«El sueldo mínimo interprofesional está en 900 euros, que no quiere decir que todos los trabajadores lo cobren, y la media del alquiler en la provincia de Las Palmas está en 997. Ni con el 100% de tus ingresos pagas una casa». En este punto señala que la situación de las familias ha cambiado y se han creado nuevos modelos. «Hay muchas madres solteras que dependen de un salario único y exclusivo para sacar a su hijo adelante y con estos precios es totalmente «inasumible», crítica Rodríguez. «Al final casi nos abogan a la idea de que trabajen los niños para pagar el alquiler».
Ocho de las 16 personas afectadas han reclamado, junto al sindicato de inquilinos de Gran Canaria, que la administración les informe periódicamente sobre lo que está ocurriendo con sus casas y no tener que enterarse por la prensa
También han demandado que se les garantice una alternativa habitacional, ya que según afirman el Consistorio solo les ha comunicado que sufragará los gastos para tres semanas, y asistencia que les ayude a cubrir sus necesidades básicas
Los 16 vecinos desalojados de sus viviendas tras el derrumbe del muro en Paseo de Chil han criticado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y al concejal José Eduardo Ramírez porque consideran que solo han dado la cara el día en el que tuvieron que abandonar sus casas. Desde entonces, 16 días después, los vecinos aseguran que los han engañado y abandonado, pues no obtienen ni información ni la asistencia que, a su juicio, les corresponde dada la situación.
Ocho personas han dado la cara ante los medios de comunicación en el Hotel Valencia, donde el Consistorio capitalino los realojó sufragando los gastos, de la mano del sindicato de inquilinos de Gran Canaria. María Eva Medina ha explicado que lleva más de dos semanas viviendo con sus dos hijos menores, su marido y su madre en una habitación con cuatro camas y sin cocina, ni nevera, ni fregadero ni posibilidad de lavar su ropa.
“Nadie del Ayuntamiento ha venido al hotel a informarnos. Nos enteramos por la prensa de que el regreso a nuestras casas no será dentro de tres meses, como nos habían dicho en un principio, sino de seis. Y no nos dicen si la administración pública se hará cargo de nuestra estancia, porque en principio nos dijeron que el alojamiento en el hotel era una ayuda de dos o tres semanas, de emergencia. Necesitamos tener la seguridad de que vamos a tener un techo”, relata Medina.
Desde que se vio obligada a abandonar su casa en la calle Ladera de Cuyás, su día a día se ha transformado por completo: “Tengo que llevar a mi hijo pequeño a desayunar al bar antes de coger una guagua y llevarlo al colegio. Tengo que coger el coche para lavar la ropa en el centro comercial Las Ramblas. Y ya no nos dan desde la administración ni bonos de guagua ni para lavar la ropa. He tenido que comprar ropa nueva porque no me dejan acceder a mi vivienda”.
Román Martel comparte las preocupaciones de su vecina y reconoce que los servicios sociales del Ayuntamiento le han decepcionado mucho, porque no han sabido asegurarles que ocurrirá después de las dos semanas en las que la administración sufraga los gastos. “Nos dicen que esperemos y que reclamemos al seguro de nuestras casas, que nos pagan un alquiler, pero lo que se derrumbó es el muro, que no es nuestro”. Ante esta incertidumbre, Martel confiesa que los vecinos se han sentido “ignorados”, “engañados” y “abandonados”.
Pascual Quintana vive con su madre y su hermano, los tres por encima de los 60 años. “Mi madre está muy enferma y necesito entrar a mi casa para coger todas las medicinas”, relata, al tiempo que critica la solución que ha encontrado el Ayuntamiento. “Yo solo quiero una cocina, un baño y dos habitaciones, no un hotel”.
Manuel Santana, que habita la vivienda número 5 de la Ladera de Cuyás, también tomó la palabra para confesar que tanto él como su hermano tienen una minusvalía, “la de mi hermano es del 78% y mi hermana se va a hacer cargo de él. Mi madre falleció hace dos meses y el Ayuntamiento ni siquiera ha puesto un psicólogo ni un tipo de asistencia parecido”.
“Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”
Ruymán Rodríguez, del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad capitalina no haya sido capaz de ofrecer “un plan de contención en condiciones”, tras un derrumbe que ha afectado a cinco viviendas. “Se ha limitado a derivar a los vecinos a un hotel sin asumir más responsabilidades”.
“No queremos encontrarnos dentro de cinco o seis meses que esas viviendas no son habitables y que se deben derribar para construir viviendas vacacionales. Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”, ha manifestado Rodríguez. En este asunto, María Eva Medina ha sido contundente: “Quiero dejar claro que nosotros no somos ocupas, somos los dueños de las casas. Y tenemos de todo para demostrarlo”.
Como ya es de dominio público, el pasado 11 de abril se derrumbó, sobre las 2:30 de la madrugada, parte del muro de contención del Paseo de Chil en Las Palmas de Gran Canaria. El desastre ha sido sobradamente documentado, pero algo que ha pasado más desapercibido es la situación de las familias que vivían en la ladera y que se han visto afectadas por el derrumbe. De todos los vecinos desalojados, 16 de ellos carecen de otra vivienda o de red familiar que los cobije. Hablamos de 16 seres humanos entre los que hay 2 menores, varios ancianos y 5 personas con diferentes grados de discapacidad. Hablamos de personas de clase obrera, cuyo ritmo de vida se ha visto totalmente alterado por esta catástrofe y a las que no les sobran los recursos. Hablamos de personas que sufrieron el shock de tener que huir de sus viviendas en plena madrugada con lo puesto, personas que han tenido que dejar atrás los hogares en los que llevan 30 ó 50 años viviendo, las casas que habilitaron sus padres, abuelos o bisabuelos.
Desconocemos si puede hablarse o no de responsabilidades en torno al derrumbe, pero sí que podemos hablar de responsabilidades en relación a la gestión del mismo. Las familias alojadas actualmente en el “Hotel Valencia” en Las Palmas de Gran Canaria, por el Ayuntamiento capitalino, han conocido estos días por boca de los servicios sociales que el Ayuntamiento no está dispuesto a costear su permanencia en el hostal durante los 3 meses que se prevé duren las obras de reconstrucción y los vecinos puedan volver a sus casas. Las ayudas para lavandería y transporte ya empiezan a ser retiradas. Los vecinos temen que después de mayo se vean arrojados a la calle sin ningún tipo de garantía habitacional.
Por todo esto los vecinos afectados, junto con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria, convocamos a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa de emergencia que tendrá lugar este viernes día 26 a las 11:00de la mañana en el salón del propio “Hotel Valencia”, que amablemente nos cede el espacio. En dicho evento expondremos pormenorizadamente las demandas de los vecinos que resumidamente son:
1º INFORMACIÓN: Reclamamos que los responsables de la administración mantengan a los vecinos periódicamente informados de la evolución de la situación, que se personen a interesarse por sus necesidades también cuando las cámaras y los focos estén apagados.
2º SEGURIDAD: Exigimos una declaración formal y pública, por parte de los distintos responsables de las instituciones gubernamentales, que garantice que mientras duren las obras los vecinos tendrán asegurada la permanencia en el citado hostal o que de lo contrario se les facilitará otra opción habitacional digna.
3º ASISTENCIA: Solicitamos lo más fácil aun cuando se está convirtiendo en lo más difícil: humanidad, sensibilidad y empatía. Los vecinos han sufrido un trauma personal del que tardarán en recuperarse. Un trauma que ha afectado a su salud, física y anímica, y a la de su entorno más próximo. Necesitan atención y comprensión, no que se les derive a aseguradoras o agentes externos como si fueran un trasto que estorba.
Los vecinos, en definitiva, necesitan estabilidad, que la incertidumbre y la angustia no se prolongue por más tiempo, que no tengan que seguir especulando sobre cómo afectará a sus vidas los distintos equilibrios electorales que se darán en este tiempo de elecciones.
Este desastre ha dejado varias feas verdades a la luz. Por un lado, la incapacidad de unas ciudades, más concebidas como “parques recreativos” que como espacios de convivencia común, de estar a la altura en situaciones de emergencia humanitaria. Si la administración parece estar desbordada ante una situación así, ¿qué no ocurriría ante una tragedia de mayores proporciones? Por otra parte, se evidencia aquí el conflicto, ya señalado por el SIGC, de esas dos ciudades enfrentadas en combate desigual: Las Palmas “auténtica”, la ciudad obrera, histórica, en la que aún sobreviven esas casas reconstruidas y levantadas por las manos más humildes y esos barrios populares cada vez más amenazados por la gentrificación; y Las Palmas “artificial”, una ciudad pensada para no ser habitada, para excluir a los vecinos, para ser pasto de los especuladores privados, los fondos buitres y la turistificación. Nosotros, siempre, con Las Palmas de verdad, Las Palmas de los vecinos, Las Palmas obrera.
Comunidad Autónoma con mayor número de inquilinos: un 37% de la población vive en régimen de alquiler.
Subida del alquiler del 24,9% en 2018 con respecto a 2017. Media en Las Palmas de 997 euros.
Los alquileres han subido un 20% más que los salarios (sólo un 4%)
Casas vacías: 138.262 (muchas de ellas en manos de grandes tenedores de viviendas, entidades financieras, la SAREB e incluso algunas en manos de VISOCAN).
3.808 desahucios en Canarias en 2018. 284 más que en 217. El 65% por impago de alquiler.
40,2% de población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social.
El SIGC ha paralizado o gestionado desde diciembre 393 casos de desahucio.
Ante esta cruda realidad el SIGC lanza su
Programa de Vivienda:
Para que la vivienda deje de considerarse una mercancía con la que especular y pueda ser un bien destinado prioritariamente a cubrir una necesidad humana fundamental, proponemos:
1. Declarar oficialmente la “emergencia habitacional” en Canarias. Exigir a las distintas administraciones públicas que se coordinen y elaboren un estadillo de vivienda, exhaustivo y pormenorizado, en el que queden registrados todos los inmuebles a medio construir y todas las viviendas abandonadas en manos de fondos de inversión internacionales, entidades bancarias y la propia administración pública.
2. Iniciar un programa de expropiación y rehabilitación de inmuebles semiconstruidos y abandonados, en vez de potenciar el irresponsable “modelo del hormigón”, dadas las características geográficas y demográficas del archipiélago canario.
3. Que todas las nuevas promociones de vivienda deban destinar el 40% de lo construido a vivienda social.
4. Limitar el precio del alquiler, con especial sensibilidad en los barrios en los que se han iniciado procesos gentrificadores. Que el alquiler guarde relación con los ingresos del inquilino.
5. Expropiar las viviendas abandonadas (deshabitadas por un período superior a 2 años) que estén en manos de los grandes tenedores de viviendas, para destinarlas a vivienda social. La indemnización no podrá superar nunca el precio al que fueron adquiridas, siempre y cuando el precio de mercado no sea inferior.
6. Imposibilidad de desahuciar de la primera y única vivienda sin una alternativa habitacional digna. Esta alternativa habitacional debe ser garantizada por las instituciones públicas y por las entidades financieras, especialmente por las que tengan cualquier porcentaje de capital público.
7. Habilitación inmediata de viviendas públicas de emergencia que sirvan como plan de choque para paliar la situación de las personas que ya han sido desahuciadas y carecen de techo.
8. Promover el alquiler vitalicio, sobre todo en viviendas sociales.
9. Restringir el alquiler vacacional prioritariamente en suelo residencial.
10. Disolver la Sociedad Anónima Unipersonal VISOCAN, que gestiona el parque público de vivienda como si se tratara de una entidad privada, y crear otro modelo de gestión exclusivamente social con participación de los vecinos y colectivos sociales.
