Categoría: SIGC

Rueda de prensa de los vecinos afectados por el derrumbe en Paseo de Chil

Como ya es de dominio público, el pasado 11 de abril se derrumbó, sobre las 2:30 de la madrugada, parte del muro de contención del Paseo de Chil en Las Palmas de Gran Canaria. El desastre ha sido sobradamente documentado, pero algo que ha pasado más desapercibido es la situación de las familias que vivían en la ladera y que se han visto afectadas por el derrumbe. De todos los vecinos desalojados, 16 de ellos carecen de otra vivienda o de red familiar que los cobije. Hablamos de 16 seres humanos entre los que hay 2 menores, varios ancianos y 5 personas con diferentes grados de discapacidad. Hablamos de personas de clase obrera, cuyo ritmo de vida se ha visto totalmente alterado por esta catástrofe y a las que no les sobran los recursos. Hablamos de personas que sufrieron el shock de tener que huir de sus viviendas en plena madrugada con lo puesto, personas que han tenido que dejar atrás los hogares en los que llevan 30 ó 50 años viviendo, las casas que habilitaron sus padres, abuelos o bisabuelos.

Desconocemos si puede hablarse o no de responsabilidades en torno al derrumbe, pero sí que podemos hablar de responsabilidades en relación a la gestión del mismo. Las familias alojadas actualmente en el “Hotel Valencia” en Las Palmas de Gran Canaria, por el Ayuntamiento capitalino, han conocido estos días por boca de los servicios sociales que el Ayuntamiento no está dispuesto a costear su permanencia en el hostal durante los 3 meses que se prevé duren las obras de reconstrucción y los vecinos puedan volver a sus casas. Las ayudas para lavandería y transporte ya empiezan a ser retiradas. Los vecinos temen que después de mayo se vean arrojados a la calle sin ningún tipo de garantía habitacional.

Por todo esto los vecinos afectados, junto con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria, convocamos a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa de emergencia que tendrá lugar este viernes día 26 a las 11:00 de la mañana en el salón del propio “Hotel Valencia”, que amablemente nos cede el espacio. En dicho evento expondremos pormenorizadamente las demandas de los vecinos que resumidamente son:

1º INFORMACIÓN: Reclamamos que los responsables de la administración mantengan a los vecinos periódicamente informados de la evolución de la situación, que se personen a interesarse por sus necesidades también cuando las cámaras y los focos estén apagados.

2º SEGURIDAD: Exigimos una declaración formal y pública, por parte de los distintos responsables de las instituciones gubernamentales, que garantice que mientras duren las obras los vecinos tendrán asegurada la permanencia en el citado hostal o que de lo contrario se les facilitará otra opción habitacional digna.

3º ASISTENCIA: Solicitamos lo más fácil aun cuando se está convirtiendo en lo más difícil: humanidad, sensibilidad y empatía. Los vecinos han sufrido un trauma personal del que tardarán en recuperarse. Un trauma que ha afectado a su salud, física y anímica, y a la de su entorno más próximo. Necesitan atención y comprensión, no que se les derive a aseguradoras o agentes externos como si fueran un trasto que estorba.

Los vecinos, en definitiva, necesitan estabilidad, que la incertidumbre y la angustia no se prolongue por más tiempo, que no tengan que seguir especulando sobre cómo afectará a sus vidas los distintos equilibrios electorales que se darán en este tiempo de elecciones.

Este desastre ha dejado varias feas verdades a la luz. Por un lado, la incapacidad de unas ciudades, más concebidas como “parques recreativos” que como espacios de convivencia común, de estar a la altura en situaciones de emergencia humanitaria. Si la administración parece estar desbordada ante una situación así, ¿qué no ocurriría ante una tragedia de mayores proporciones? Por otra parte, se evidencia aquí el conflicto, ya señalado por el SIGC, de esas dos ciudades enfrentadas en combate desigual: Las Palmas “auténtica”, la ciudad obrera, histórica, en la que aún sobreviven esas casas reconstruidas y levantadas por las manos más humildes y esos barrios populares cada vez más amenazados por la gentrificación; y Las Palmas “artificial”, una ciudad pensada para no ser habitada, para excluir a los vecinos, para ser pasto de los especuladores privados, los fondos buitres y la turistificación. Nosotros, siempre, con Las Palmas de verdad, Las Palmas de los vecinos, Las Palmas obrera.

SIGC

«Programa de Vivienda» del SIGC

Datos de vivienda en Canarias:

Comunidad Autónoma con mayor número de inquilinos: un 37% de la población vive en régimen de alquiler.

Subida del alquiler del 24,9% en 2018 con respecto a 2017. Media en Las Palmas de 997 euros.

Los alquileres han subido un 20% más que los salarios (sólo un 4%)

Casas vacías: 138.262 (muchas de ellas en manos de grandes tenedores de viviendas, entidades financieras, la SAREB e incluso algunas en manos de VISOCAN).

3.808 desahucios en Canarias en 2018. 284 más que en 217. El 65% por impago de alquiler.

40,2% de población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social.

El SIGC ha paralizado o gestionado desde diciembre 393 casos de desahucio.

Ante esta cruda realidad el SIGC lanza su

Programa de Vivienda:

Para que la vivienda deje de considerarse una mercancía con la que especular y pueda ser un bien destinado prioritariamente a cubrir una necesidad humana fundamental, proponemos:

1. Declarar oficialmente la “emergencia habitacional” en Canarias. Exigir a las distintas administraciones públicas que se coordinen y elaboren un estadillo de vivienda, exhaustivo y pormenorizado, en el que queden registrados todos los inmuebles a medio construir y todas las viviendas abandonadas en manos de fondos de inversión internacionales, entidades bancarias y la propia administración pública.

2. Iniciar un programa de expropiación y rehabilitación de inmuebles semiconstruidos y abandonados, en vez de potenciar el irresponsable “modelo del hormigón”, dadas las características geográficas y demográficas del archipiélago canario.

3. Que todas las nuevas promociones de vivienda deban destinar el 40% de lo construido a vivienda social.

4. Limitar el precio del alquiler, con especial sensibilidad en los barrios en los que se han iniciado procesos gentrificadores. Que el alquiler guarde relación con los ingresos del inquilino.

5. Expropiar las viviendas abandonadas (deshabitadas por un período superior a 2 años) que estén en manos de los grandes tenedores de viviendas, para destinarlas a vivienda social. La indemnización no podrá superar nunca el precio al que fueron adquiridas, siempre y cuando el precio de mercado no sea inferior.

6. Imposibilidad de desahuciar de la primera y única vivienda sin una alternativa habitacional digna. Esta alternativa habitacional debe ser garantizada por las instituciones públicas y por las entidades financieras, especialmente por las que tengan cualquier porcentaje de capital público.

7. Habilitación inmediata de viviendas públicas de emergencia que sirvan como plan de choque para paliar la situación de las personas que ya han sido desahuciadas y carecen de techo.

8. Promover el alquiler vitalicio, sobre todo en viviendas sociales.

9. Restringir el alquiler vacacional prioritariamente en suelo residencial.

10. Disolver la Sociedad Anónima Unipersonal VISOCAN, que gestiona el parque público de vivienda como si se tratara de una entidad privada, y crear otro modelo de gestión exclusivamente social con participación de los vecinos y colectivos sociales.

 

El SIGC lanza su «Programa de Vivienda»

En el archipiélago canario vivimos una situación de emergencia habitacional institucionalmente no declarada. Aunque los propios datos oficiales son cada día más alarmantes y la sociedad canaria clama por soluciones, los partidos políticos y las instituciones que éstos controlan insisten en ignorar la situación. Sus programas son a todas luces insuficientes, sus medidas parciales cuando no directamente cosméticas y sus prioridades son las que dictan los poderes económicos que imponen la fe en la omnipotencia del mercado y en la propiedad privada como un derecho absoluto.

Ante esta terrible realidad, las inquilinas de Gran Canaria lanzamos nuestro “Programa de Vivienda”. Una batería de medidas directas y eficaces que queremos compartir con los vecinos y vecinas de nuestros barrios y que lanzamos como órdago a los partidos políticos ante las próximas elecciones municipales y generales.

Nuestro “Programa de Vivienda” se presentará el próximo lunes día 15 de abril (2019), a las 11:00 a.m., en el local de la Asociación de Vecinos de la Vega de San José (Las Palmas de Gran Canaria), ubicado en la calle Málaga nº 32.

Invitamos a todos los medios de comunicación a asistir a esta presentación y a la vez rueda de prensa donde varios de nuestras afiliadas expondrán sus distintas problemáticas habitacionales; donde compartiremos una breve relación de los datos más sangrante en materia de vivienda; y donde presentaremos, expondremos y repartiremos, a medios y vecinos, nuestro “Programa”.

El capitalismo ha convertido la vivienda en una simple mercancía. Sometida a las presiones del mercado está pasando a convertirse, sobre todo desde la última década, en mercancía de lujo. Las inquilinas e inquilinos de Gran Canaria queremos algo muy sencillo: que la vivienda vuelva a ser un derecho básico y fundamental garantizado para todos.

La mentira tiene las patas muy cortas

El pasado 7 de abril la Comisión de la Mujer del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria hacía público un comunicado alertando de la existencia de un agresor en Gran Canaria incrustado en los movimientos sociales y que usaba estos para acceder a mujeres económicamente vulnerables. El comunicado era de suma importancia, para todas nosotras, pues narraba uno de los casos de agresión, expuesto de forma directa por la propia agredida; además hacía un llamamiento a otras afectadas para unirse y coordinarse, o al menos para que se sintieran arropadas; nos avisaba también, al resto de colectivos, de la posibilidad de que deambulara por nuestros espacios para seguir reproduciendo el patrón en búsqueda de su “perfil de víctima”; y por último se lamentaba de que las estructuras de la CGT, avisadas a distintos niveles desde enero, no lo echara, aunque fuera cautelarmente, de sus filas y le dejara seguir atendiendo a compañeras e incluso le diera responsabilidades el 8M. Al Secretariado Permanente de CGT no le ha interesado nada de lo anteriormente expuesto, ni la agresión, ni las agredidas, ni el aviso, ni sus errores a la hora de gestionar el asunto; sólo le ha preocupado ser señalado, como si eso, verdaderamente, fuera lo importante en estas circunstancias.

El SP tenía dos opciones: mentir, negarlo todo y atacar; o reconocer los propios fallos con honestidad y adoptar urgentemente las medidas oportunas. Ha hecho lo primero, a través de una circular interna, y ha tratado de intoxicar a su afiliación mintiendo sobre la relación de hechos. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria no va a meterse en una guerra de comunicados y contracomunicados. Conocemos a las compas y ese no es su estilo. Nosotras tampoco lo pretendemos, pero tenemos la obligación de desmentir varías de las afirmaciones que el SP de CGT le ha hecho a sus propias compañeras.

Lo grave del asunto es que no se han desmentido las cosas verdaderamente sangrantes: que miembros de la CGT ya conocían otras agresiones cometidas por la misma persona a otras afiliadas antes de que las compas del SIGC les alertaran y que se les informó de la agresión que el SIGC denuncia en su comunicado desde enero. Nada de eso es desmentido. Se desmienten otras cosas, y se desmienten con mentiras…

1º “Apaga no depende de CGT”: Falso. Toda actividad hecha por el primer colectivo es reivindicada conjuntamente por “Apaga y CGT”, desde repartir una cuna a una mujer sin recursos a pegar un cartel. No es nada que nos inventemos nosotras, así lo publicitan en Facebook ellos mismos. Nos interesan poco las cuestiones internas, pero que el vínculo va mucho más allá de “prestarles el local” es evidente.

2º “El agresor no organizaba los actos del 8M”: Falso. Para no tener ninguna responsabilidad ese día hacía permanencia en el local, suyo era uno de los números de contacto para resolver cualquier incidencia y hasta la información oficial, firmada por CGT Las Palmas, para la huelga del 8M, está enviada desde su teléfono móvil. Nada más que añadir.

3º “El SOV de CGT Las Palmas lo había apartado”: Falso. Nos remitimos al anterior párrafo, y de nuevo a su propia cuenta de Facebook. Desde enero hasta finales de marzo se siguen publicando fotos en el local, firmadas por ambas siglas, en las que el agresor se ve en dependencias de CGT repartiendo cunas o asesorando. ¿Se puede “apartar” a alguien y que su número sea uno de los contactos oficiales para la huelga del 8M? ¿Se puede “apartar” a alguien y que haga permanencias físicas en la sede de CGT para atender a cualquier compañera que tuviera problemas el 8M? ¿Se puede “apartar” a alguien y que siga asistiendo al local, asesorando y repartiendo cosas en nombre de CGT? Menuda forma de “apartar”.

4º “La CGT no ampara a un abusador en serie”: Falso. Poco más hace falta añadir leyendo los anteriores párrafos.

El SP de la CGT no se limita a mentir es estos puntos, sino que pasa a cuestionar, entrando plenamente en el terreno de la conspiranoia, que detrás de una denuncia de agresión machista no puede haber una agresión, sino un intento coordinado y bien planeado para destruir a la CGT… Claro, claro. Por eso el SIGC pone la agresión en conocimiento de la CGT en enero, justo pocos días después de enterarse. Es lo que se hace cuando quieres destruir a otro colectivo: lo avisas del problema para que puedan solucionarlo. Por eso las compas del SIGC aguantaron 3 meses, soportando largas. Por eso sólo estallaron cuando comprobaron que las habían estado tomando el pelo, que no sólo no lo habían apartado, sino que las mujeres que tuvieron problemas durante la huelga feminista del 8M podían contactar con su teléfono o acudir al local y encontrarse con él, durante toda la madrugada… Estallaron cuando descubrieron que seguía repartiendo cunas a madres sin recursos, cuando asumieron que cada minuto de silencio ponía en riesgo a otra mujer.

Nada hay en todo esto de “campaña contra la CGT”. Distintos sindicatos de CGT son los que han ayudado al SIGC, colaborando en ocasiones muy estrechamente, a denunciar por redes los distintos intentos de desahucio de las comunidades autogestionadas en Canarias. Decenas de sindicatos de CGT han firmado comunicados contra estos desalojos. Muchos de ellos incluso han donado dinero para ayudar a que sus proyectos comunitarios salieran adelante o para sufragar los gastos judiciales de sus militantes en casos de represión. ¿De qué campaña hablan? Aquí lo que ha pasado es que hay un agresor machista y que la estructura confederal, en vez de expulsarlo cautelarmente, como dicta el sentido común, lo mantiene y le da responsabilidades en eventos feministas y le sigue permitiendo que asesore a mujeres en sus dependencias. No hay más. Si lo hubieran apartado de verdad, o al menos le hubieran quitado el Facebook de las manos, las compas del SIGC jamás se hubieran enterado de que seguía dentro y hoy no habría comunicado. Seguirían esperando a reunirse con el SP cuando viniera a Canarias, tal y como prometieron hace unos meses…

Sobre que el agresor ha denunciado por “difamación”, seguro; era condición sine qua non para mantener intactos sus privilegios y para que pudiera enviarse la circular. Sobre el recorrido que le auguramos a dicha denuncia, sobre a quién ha denunciado (no queremos hacer una porra, pero si apostamos por un nombre estamos convencidas de que ganamos) y sobre el proceso judicial que puede desarrollarse en torno a este asunto preferimos no pronunciarnos por ahora, pues no es plan de darles armas al “malo”. Baste con decir que ya estábamos preparadas.

En definitiva, y después de todo lo expuesto, no nos interesa interpelar al SP de CGT. Queremos hablar con sus afiliadas, con sus militantes de base, con la médula real del sindicato, con las feministas que siguen dentro, con las compañeras que han tirado la toalla y con las que aún no han renunciado. Hacia ustedes sólo tenemos solidaridad y afecto. No las culpamos ni hacemos responsables de lo mal que se ha gestionado este asunto. Sólo les pedimos comprensión y respeto para el valiente acto de las compañeras de la Comisión de la Mujer del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Lo fácil hubiera sido seguir esperando, meses, años, hasta que el caso se pudriera en el olvido. Lo fácil hubiera sido callarse y ahorrarse polémicas y descalificaciones. Si picaba mucho la conciencia, lo fácil hubiera sido mandar un mensaje anónimo por redes y correos y limitarse a difundirlo. Pero las compañeras prefirieron poder dormir tranquilas y estar orgullosas todas las mañanas al mirarse al espejo, por eso prefirieron apoyar a su afiliada, secundarla en sus necesidades, y denunciar públicamente sin miedo a las consecuencias. No vamos a juzgar a nadie porque no luche, pero sí pedimos respeto a las que se parten la cara por nosotras, por TODAS. Las compañeras están protegiéndonos a todas, también a quienes las critican…

Las compañeras decían en su comunicado que estallaría la tormenta y tenían razón. Bien, pues nosotras bailaremos con ellas bajo la lluvia.

FAGC

Hemos tapado las caras por cuenta propia. La publicación está en Facebook sin pixelado alguno. Como se ve la publicación es del 18 de marzo (recordamos que en enero el SIGC da la voz de alerta y pocas semanas después, supuestamente, se le «aparta»), sigue en el local, atendiendo mujeres y todo en nombre de esas dos organizaciones que «nada tienen que ver» que son CGT y «Apaga».

El SIGC lanza su label sindical

Label es una voz inglesa y significa etiqueta, sello o marca. El label sindical es una herramienta de presión obrera que los sindicatos revolucionarios llevan practicando desde hace más de un siglo. La CGT de Francia (en su primera etapa, cuando era impulsada por anarcosindicalistas como Emile Pouget), la IWW de Norteamérica o la CNT en el Estado español adoptaron de forma eficiente y durante distintas etapas este método de acción directa (resolver los problemas laborales a través de la propia intervención obrera, sin intermediarios).

José Prat definía así el label en 1909 en su obra Burguesía y proletariado:

“[…] La imposición del label, la marca sindical, en los productos de aquellos industriales que trabajan habiendo aceptado de común acuerdo con sus obreros las tarifas de horario y jornal, permitiría que el público-consumidor obrero pudiese boicotear los productos de aquellos otros industriales recalcitrantes. En los Estados Unidos el público boicotea los productos que no llevan la marca sindical y aquellos establecimientos públicos cuya dependencia no está asociada […]”.

Por su parte Rudolf Rocker lo definía así en su clásico tratado Anarcosindicalismo (Teoría y práctica) de 1938: “El label sindical es un medio para facilitar el boicot, pues da al comprador la contraseña que le permite distinguir los géneros que desea de los que quisieran darle de otro origen”.

Rescatando esta idea y sobre todo esta práctica, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria lanza su propio label sindical. La mayoría de sellos sindicales son de carácter positivo (por ejemplo: “este producto se ha elaborado respetando los derechos laborales”) y el boicot se produce, por tanto, de forma indirecta. Aunque no descartamos elaborar en un futuro un label en esta línea, por ahora la situación del alquiler en Gran Canaria es tan alarmante que debemos centrarnos en señalar directamente a aquellos arrendadores, sobre todo cuando son multirentistas y personas jurídicas, que no respetan los derechos de los inquilinos.

Tenemos la mayor subida del precio del alquiler de todo el Estado con una de las medias salariales más bajas. Cada vez más barrios están siendo sometidos a un proceso de gentrificación aplastante gracias a la proliferación de viviendas vacacionales en suelo residencial. La clase obrera canaria, una de las más empobrecidas y desempleadas de toda la Europa política, tiene por tanto cada vez más complicado acceder a una vivienda digna. La precarización del techo está propiciando el abuso sistemático de la clase propietaria, imponiendo unos precios desproporcionados, fianzas de hasta 5 meses, contratos draconianos directamente en los límites de la legalidad o incluso imponiendo irregularidades por la vía de los hechos consumados (como desentenderse del saneamiento y mantenimiento de la vivienda o impedir al arrendatario el acceso a los suministros básicos). Es por todo esto que el SIGC lanza su label sindical con la intención de señalar a todos esos rentistas, principalmente entidades financieras, gestores externos y agentes especuladores, que no respeten los derechos arrendatarios. Toda empresa o inmueble que pisotee los derechos de las inquilinas de forma acreditada será denunciada públicamente con la colocación de nuestro label, de forma virtual y física, y no dejaremos de recomendar que no se alquile el inmueble marcado hasta que se acepten nuestras demandas y los derechos elementales de la clase inquilina sean respetados.

Debemos organizarnos y no parar de acumular fuerzas o cada vez nuestras condiciones serán más precarias, nos expulsarán de nuestros barrios y nuestras casas y empezaremos a acostumbrarnos a habitar infraviviendas con la misma “normalidad” con la que aceptamos jubilarnos cada vez más tarde y cobrar cada vez más poco. Somos el último baluarte, así que únete a tu sindicato de inquilinas más cercano, infórmate de tus derechos, haz piña con tus vecinas y lucha por una vida digna que sólo será posible cuando nuestras viviendas también sean dignas.

SIGC

Solo el barrio salva al barrio

El día se presentaba duro. Lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio; no podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la administración de justicia: su obligación no es intimidar, ni presentarse en casa de dos madres con 3 menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante; debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que les asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial: “Debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de 2 madres y 3 niños no puede caber en un maldito papel legal”.

A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todos a la expectativa, la abogada del SIGC comunicaba a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es sólo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora.

Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, sino lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna.

Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones, porque los que no cobramos somos demasiado “peligrosos”. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo.

La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos, o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, como el “polígono” empieza a convertirse en “La Vega de San José”. Ven como los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegueta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes que exigirles “resignación cristiana”. Y por último se ha parado porque, humildemente, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de un 1 euro al mes, que ni siquiera todos nuestros afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener este paliativo resultado.

La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla: solo el barrio salva al barrio.

SIGC

Dos hermanas y sus tres niños, a la calle en la Vega de San José

Javier Darriva/Canarias 7

En verano vieron un anuncio en Internet. Por un adelanto de 250 euros accedían a un piso en alquiler en la Vega de San José. Lo pagaron, pero al entrar vieron que la casa no estaba en condiciones. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», relata Nereida Espino. Cuando fueron a reclamar su dinero, el supuesto arrendador ya había desaparecido del barrio. «Nunca más dio señales de vida, ni por teléfono», expuso la joven, así que decidieron quedarse en la casa, cambiando la cerradura para evitar problemas.

El problema es que quien alquiló la vivienda no era su dueño auténtico y se metieron a vivir en una casa sobre la que pesaba un proceso de desahucio -del propietario real- contra los anteriores inquilinos.

Allí estuvieron viviendo las dos hermanas, Nereida y Natalia, de 30 y 29 años respectivamente, con sus tres niños, de 11, 9 y 5. Iban escapando con los trabajos temporales de Natalia como camarera y con la ayuda de emergencia que les acaba de ingresar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -solicitada en noviembre-, pero marzo se torció. Natalia perdió su trabajo y hasta el mes que viene no empieza a cobrar los 215 euros que le corresponden como prestación de desempleo; y el jueves pasado, una comisión judicial tocó a las puertas de la casa para anunciarles el desahucio.

La orden de desalojo estaba, sin embargo, a nombre de otra persona. «Cuando me identifiqué y vieron que no éramos esa persona, nos dieron una semana más» para desocupar la vivienda.

El plazo se cumple este jueves. Y las dos familias no saben a dónde ir porque dicen que no tienen a nadie más que las ayude y porque no disponen de ingresos para afrontar los precios que el mercado impone a los alquileres.

De momento, la única ayuda que están recibiendo es la del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que está trabajando a contrarreloj para buscar un techo para las dos hermanas y sus tres hijos pequeños.

De las instituciones esperan poco más por el laberinto burocrático en que se encuentran. «La trabajadora social me pidió cita con Stop Desahucio», explica la afectada.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que no puede ofrecerle una solución habitacional a las dos hermanas y sus tres hijos porque el levantamiento está a nombre de otra persona. Por este motivo, la joven fue remitida a Stop Desahucios, «para que la asesoraran a nivel legal».

Sin embargo, las dos jóvenes y sus pequeños no necesitan asesoramiento legal, sino un techo. Así lo afirma la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas para frenar el desahucio. «No necesitan asesoramiento, sino soluciones», explicó, «resulta inaudito que el Ayuntamiento se quite los temas de encima».

Saavedra presentó al juzgado, el viernes pasado, un escrito en el que reclama la aplicación del nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fija la obligación de contar con un informe de los servicios sociales municipales antes de dejar en la calle a una familia con menores a su cargo.

Ruymán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, también cree que «no tiene sentido» buscar una cita con un colectivo social cuando no se ofrece nada más. Cree que la solución del Ayuntamiento es «un parcheo» y que las instituciones solo responden cuando la realidad les golpea de lleno.

¡Urgente! ¡Desahucio!

¡Nereida, Natalia y sus tres hijos menores pueden quedarse en la calle en dos días!

Nereida y Natalia son dos hermanas que viven con sus tres hijos menores en el barrio capitalino de la Vega de San José. Hasta ahora han sobrevivido con trabajos esporádicos que les aportaban ingresos irregulares y magros: el mes que viene Nereida empezará a cobrar 215 euros de subsidio de desempleo. A pesar de los muchos años que llevan inscritas como demandantes de vivienda pública, nunca han accedido a una vivienda digna.

Hace más de medio año contactaron por redes sociales con un sujeto que decía ofrecer “alquileres económicos” y creyeron que, al fin, su situación cambiaría. La vivienda, sin mobiliario y tremendamente deteriorada, se convirtió en la única opción de esta familia desesperada. Pagaron 150 euros de “entrada” a esta persona y quedaron con ella al siguiente día para formalizar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el individuo no acudió a la cita y al poco tiempo desapareció su perfil en redes. Nos encontramos ante otro de los efectos de la precarización y la especulación inmobiliaria: la estafa a las familias más empobrecidas.

Con mucho esfuerzo y poco dinero han arreglado la vivienda y pagado religiosamente las facturas de agua y luz, además de la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y que acumulaba unos 4000 euros de impago. A pesar de ello, el pasado jueves 21 se personó en su vivienda una comisión judicial, escoltada por distintos cuerpos policiales, que usando formas intimidatorias les ordenó abandonar la vivienda.

Sin embargo, el desahucio que se ejecutaba no era el de Nereida y Natalia, sino el de una inquilina anterior que, según los vecinos, llevaba años sin habitar el inmueble. Ante ello, y de forma completamente irregular, la comisión se saltó los trámites acostumbrados para que se produjese una vista oral y se estudiase la situación de las hermanas y sus hijos. En lugar de ello, se les dio una semana de plazo, concedida por quien se ha identificado como nuevo propietario, para abandonar el inmueble.

Natalia y Nereida no tienen red familiar ni otra vivienda en la que cobijarse. Desahuciarlas de su actual domicilio supondría condenarlas, a ellas y a sus hijos, a la indigencia y la separación.

Por eso reclamamos, junto con ellas, que se adopte alguna de estas soluciones:

-Solicitamos al propietario de la vivienda que detenga el inminente desalojo y se avenga a conceder a estas familias un alquiler asequible, que podrán sufragar con las ayudas institucionales que ya están tramitando y con la colaboración del propio Sindicato de Inquilinas, hasta que su situación económica mejore. No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono.

-De no ser posible, exigimos al Ayuntamiento de Las Palmas y al Gobierno de Canarias que dejen de hacer dejación de sus funciones y tomen medidas de choque para atajar la terrible situación habitacional que sufre la población canaria y que se ejemplifica en casos tan trágicos como éste. Necesitamos una solución de emergencia y no nos valen discursos ni buenas palabras.

Actualmente estamos a expensas de que los juzgados respondan al recurso presentado por nuestra abogada para aplazar el desahucio. De producirse esta tregua seguiremos exigiendo una solución real y a largo plazo. El desahucio, dentro de tan solo 2 días, no es una opción.

Por último hacemos un llamamiento a la prensa para que dé a conocer tan sangrante caso y denuncie la precarización salvaje de la vivienda en nuestras islas y la brutal realidad de unos desalojos que no paran de aumentar, también en esos municipios ficticiamente “libres de desahucios”. Lanzamos un dato a la cara de las instituciones: sólo en estos últimos 7 días el Sindicato de Inquilinas ha gestionado, asesorado o paralizado 158 casos de desahucio. 158 vidas en riesgo de romperse.

SIGC

Denunciamos el desahucio de Virginia y sus tres niñas

Virginia y sus tres hijas menores llegaron a Lanzarote huyendo de la violencia de género. Con un miserable subsidio de 430 euros, sin ningún tipo de ayuda ni cobertura por parte de las instituciones, a pesar de ser una víctima reconocida de violencia machista, se ve sin ninguna alternativa de vivienda. Desesperada, contacta con los vecinos de un edificio okupado que le permiten entrar en una vivienda abandonada del antiguo Banco Popular, actual Banco Santander. Como siempre pasa, en cuanto la entidad bancaria detecta que los pisos que tenía olvidados y deshabitados vuelven a cobrar vida, denuncia a los ocupantes. Intentan condenar a Virginia por vía penal, pero al no conseguirlo (el Provincial de Las Palmas da la razón a Virginia en su recurso) inician la vía del desahucio civil. Es destacable que lo hayan hecho después de estar meses engañando a Virginia asegurándole que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de alquiler social y que el lanzamiento no se produciría. Sin ningún tipo de escrúpulos, rompen su palabra y pasan la gestión del inmueble a su inmobiliaria: Limara S.L.U., que es la que asume el nuevo papel de denunciante. Virginia ya tiene fecha firme de desahucio para este 17 de mayo. Si no lo evitamos entre todos y todas, ella y sus tres hijas se quedaran en la calle sin más techo que la intemperie.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria exigimos a la Inmobiliaria Limara y al Banco Santander, uno de los pocos bancos que durante los años de plomo de la crisis no obtuvo perdidas sino enormes beneficios y una gran cantidad de bienes inmobiliarios, que desistan inmediatamente en sus intenciones de echar a una madre y tres niñas a la calle. Que cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo con Virginia y dejen de especular con la vida de la gente.

Exigimos a las instituciones públicas de Lanzarote y del Gobierno de Canarias que dejen de una maldita vez de inhibirse de una realidad sangrante que adquiere los tintes de verdadera tragedia humana. No puede ser que las víctimas de violencia de género carezcan de la asistencia administrativa más elemental, que se les intente separar de sus hijas en los momentos en los que más necesitan estar unidas porque las instituciones sean incapaces de encontrar soluciones que no pasen por romper la unidad familiar. No es posible que se despilfarren recursos en cosas superfluos cuando familias sin recursos, casi siempre con niños a cargo, no disponen ni de las mínimas condiciones para una vida digna. No es admisible que las instituciones, y los partidos que las controlan, se limiten a sus cálculos electorales e ignoren la alarmante situación de nuestras vecinas más pobres hasta que se derrama sangre y un suicidio vuelve a poner el tema de la vivienda en la agenda política.

Pedimos a los medios de comunicación que den toda la cobertura posible a esta tragedia y que no permitan que la voz de casi la mitad de la población canaria (el 40% ya nos encontramos oficialmente en riesgo de pobreza y exclusión social) sea silenciada, ahogada por los procesos de gentrificación, el alquiler vacacional, los intereses de fondos buitres y de bancos a los que rescatamos para que ahora nos pongan la soga al cuello.

Basta ya de terrorismo bancario e inmobiliario. No vamos a permitir que sigan amasando dinero con la vida de nuestras vecinas, con el futuro de nuestros hijos, con la dignidad de nuestro pueblo. ¡Basta!

SIGC