Hoy comienza la Huelga de Alquileres promovida por más de 200 colectivos en todo el Reino del Saqueo, también llamado España. Nos lo explica Ruymán Rodríguez, de la FAGC y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
Huelga de alquileres a partir del 1 de abril. La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) la convocó el pasado 23 de marzo. Los sindicatos de inquilinas de la península (Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza, Granada, Ibiza, Donosti y Vigo) se sumaron el día 30. Empieza, pues, una nueva fase de reivindicación de una suspensión del pago del alquiler como medida de choque social contra la crisis del coronavirus.
Razones para una huelga
Los motivos para ir a la huelga son evidentes: nos encontramos confinadas en nuestras casas, sin posibilidad de ir a trabajar; se han aprobado miles de ERTEs que suponen una reducción del nuestros ingresos (para quien los tuviera) en un 30%; y porque la economía entrará en recesión y se van a producir miles de despidos a corto y medio plazos pero no se están tomando medidas para proteger a la clase trabajadora. En estos momentos ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Dos días después de la convocatoria de la huelga en todo el Estado, el gobierno aprobó de urgencia el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que regula un nuevo paquete de medidas “para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares”. Sin duda, las medidas aprobadas suponen un avance y una pequeña mejora a corto plazo de las circunstancias de miles de familias, pero como señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, resultan del todo “insuficientes” para hacer frente a la crisis de vivienda que está por venir, teniendo en cuenta que ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Las medidas consisten en aprobar una moratoria de desahucios para familias que puedan acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica a causa de la crisis del coronavirus (es decir, excluye a quienes ya se encontraran en esa situación con anterioridad. Además, permite negociar un aplazamiento de parte del pago de las rentas del alquiler (que no suprimir, como pedían los colectivos de vivienda), que será obligatorio cuando el arrendador sea un «gran tenedor» (propietario de más de 10 inmuebles).
Y, por último, el Real Decreto-Ley del gobierno aprueba una serie de avales y préstamos (microcrédito) para que esas familias puedan hacer frente a parte de las rentas del alquiler.
Ésta ha sido una de las medidas más criticadas por colectivos de vivienda y sindicatos de inquilinas. Las familias arrastran todavía una deuda equivalente al 58,9% del PIB y el 74% de la misma ha sido contraída para dedicarla a vivienda. Las familias, según la OCDE, gastan en torno el 40% de sus ingresos totales en pagarse un techo donde vivir. En 2019 hubo 36.437 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español y endeudarse con créditos (en vez de una suspensión de pagos y condonación de la deuda) es “pan para hoy, hambre para mañana”. En palabras de Yago Álvarez Barba (a.k.a. «Economista Cabreado»), “si hemos llegado a esta debilidad económica mundial es, entre otros motivos, por la continua financiarización de la economía, por tener un sistema económico sustentado mediante el crecimiento de la deuda (la deuda global es ya tres veces el PIB mundial y crece más que la economía), y parece que la única forma que tienen de solventar los problemas de la ciudadanía (y aquí no hablo solo de los alquileres) es financiarizar más nuestra vida cotidiana y endeudarnos más. No tiene sentido, más allá de la patada hacia delante al problema y de volver a salvar al sector inmobiliario”.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que “las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013. Los arrendadores ganan 38.000€ de media anual sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares de inquilinas ingresan una media de 23.000€ anuales. Y en el caso de que las inquilinas no puedan devolver la deuda, lo pagaremos entre todas y todos con dinero público, independientemente si el arrendador lo necesita o es una entidad multi millonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades”.
Además, desde este sindicato critican que las ayudas se financien con 700 millones para garantizar el cobro de las deudas cuando hace unos años se destinaron 65.000 millones de euros a la banca para asegurar su rescate.
En definitiva, como dice una portavoz de la PAH, estas medidas “promueven que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden” y, por otro, deja que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, una forma de “proteger el negocio de los grandes tenedores”.
En un artículo en La Marea, una convocante de la huelga se refiere así a la pasividad del Ejecutivo de PSOE-Podemos: «Las medidas son descafeinadas, como los microcréditos a interés cero, que es casi lo mismo que una moratoria. Muchas familias no van a poder sufragar los alquileres. Para ellas, un crédito y tener que pagarlo más adelante es estar en las mismas. Creemos que es justo que se condone esa deuda, que los grandes tenedores de vivienda acareen con parte de los gastos de esta crisis y que en el caso de aquellos propietarios que realmente puedan justificar que están en una situación de vulnerabilidad y por tanto la falta de pago de sus inquilinos les lleve a situaciones sin recursos el Estado intervenga. Pero no puede ser que las arcas públicas vayan destinadas a que los rentistas no pierdan poder adquisitivo«.
Por último, tengamos en cuenta que en el Estado español destinamos más de un 40% de nuestros ingresos a la vivienda porque el precio de este bien se encontraba en sus máximos históricos. Esto se debe, en parte, al hecho de que el parque de vivienda está controlado principalmente por grandes propietarios. Nos dicen que el mercado está controlado por particulares. Personas que han trabajado muy duro para invertir sus ahorros en una vivienda “extra” que alquilan a otra familia, y que no se puede poner límites a esta actividad, porque han trabajado muy duro para conseguirlo… Aunque vemos que los fondos buitre y las SOCIMIs están comprando todas nuestras viviendas para especular, ellos insisten en que su cuota de mercado es mínima y el mercado está en manos de particulares.
Pero resulta que hacen un estudio en Barcelona, y los datos reflejan que un 34% del mercado está controlado por entidades jurídicas que no son particulares. Ya no se trata del 3%, sino del 34% en manos de empresas. Del 60% del mercado que estaría controlado por particulares, resulta que la mayor parte probablemente no sean particulares, sino familias con muchísimo patrimonio y muchísima riqueza, que tienen en propiedad edificios enteros en nuestras ciudades. Las viviendas están a su nombre y estos “particulares” no se han constituido como empresa, pero pueden tener 10, 20, 50 o 100 viviendas, pero jurídicamente se les trata como “particulares”. Estos, pueden ser esos 45 “particulares” de Baleares, a quienes les han forzado a introducir sus 859 viviendas de “particulares” en el mercado en aplicación de la Ley balear que prevé sanciones de entre tres mil y noventa mil euros para grandes tenedores de vivienda que las tengan vacías, obligándolas a ponerlas en el mercado con alquileres asequibles.
Cómo hacer la huelga
La incidencia de la huelga se notará en los primeros días del mes, que son los que suelen estar estipulados por contrato para hacer los pagos de la renta.
La huelga se sustenta sobre tres pilares: información, cohesión y cuidados y caja de resistencia. Las convocantes pretenden informar constantemente sobre qué pasos dar, apoyarnos mutuamente y abrir una caja de resistencia para poder hacer frente a gastos judiciales y represivos que pudieran surgir. Pero, en cualquier caso, la base de la huelga es que una cantidad suficiente de personas siguiéndola es inviable para el sistema judicial .
La caja de resistencia se nutre de las aportaciones solidarias que se realicen en la página de crowdfunding Goteo.
Precedentes de huelgas de alquileres
La idea de hacer una huelga de alquileres no es nueva, pues cuenta con tres antecedentes históricos en nuestro contexto geográfico: una se llevó a cabo en Barakaldo y Sestao en 1905 por 2.000 familias, otra fue impulsada por la CNT y mantenida por miles de familias de Barcelona durante ocho meses de 1931 (y aunque la huelga se dio por terminada este mismo año, durante 1932 continuaron los impagos en barrios como Cases Barates, la Torrassa, el Clot, o en el Raval) y una tercera en Santa Cruz de Tenerife dos años más tarde. Y más allá de la península, los ejemplos son más numerosos (Buenos Aires, Glasgow, La Comuna de París, México, etc.), como explica Luis de la Cruz en su artículo «Una geneaología de la lucha revolucionaria contra los desahucios» (enero 2015).
Motivos para ir a la huelga en el 2020 hay, desde luego. Animamos a todas a sumarse, difundirla (en redes sociales se está utilizando los hashtags #HuelgaAlquileres y #PlanDeChoqueSocial), financiar la caja de resistencia y, en definitiva, apoyar a todas las compañeras y vecinas que corren el riesgo de perder sus casas. Es el momento de recuperar el sentido de comunidad y de apoyo mutuo, no de chivarnos de nuestras vecinas e interiorizar el autoritarismo que se está extendiendo con el pretexto del estado de alarma. Porque la que nos viene encima va a ser gorda y solo saldremos de esta si permanecemos en común.
Ruymán Rodríguez, es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y nos cuenta en el #batiburrillo , la propuesta que lanzan para todos los que tienen un alquiler. En estos momentos de crisis sanitaria son muchos los que se han quedado en el paro o han dejado de recibir ingresos o son otros muchos los que su situación económica era ya mala y ahora no pueden ni salir a la calle para seguir viviendo (Radio Faro 25/3/20).
Audio de nuestras compañeras Sandra y Johny, grabado originalmente para Radio Bronka, donde se hace un encendido llamamiento a la Huelga de Alquileres General e Indefinida convocada por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
Para este 1-A, inicio de la #HuelgaAlquileresYA#RentStrike, compartimos este cartel para que todas las huelguistas puedan ponerlo en la puerta de su vivienda: «En esta casa no se paga alquiler. Estamos en Huelga». Diseño de @sublinismo.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria convocamos a toda la clase obrera e inquilinaria a secundar la Huelga de Alquileres General e Indefinida que declaramos a partir de este 1 de abril de 2020.
La situación actual no puede ser más alarmante, y no sólo a niveles sanitarios sino también económicos y sociales. Las medidas adoptadas por el ejecutivo en relación al “Estado de Alama” decretado por el Covid-19, son medidas marcadamente anti-obreras (flexibilización de los ERTE) y que tocan la superficie (moratoria limitada de las hipotecas) ignorando lo básico: miles de familias que viven al día, que sobreviven con trabajos sin nómina, que han sido despedidas fraudulentamente y en cuyas casas no entra ningún ingreso debido al confinamiento, se exponen a la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler.
Los sectores más empobrecidos de la población, como arrendatarias, migrantes, personas sin hogar, trabajadoras domésticas, precarias, han sido completamente relegados e ignorados, como siempre.
Por todo esto, invitamos a todos los colectivos, plataformas y sindicatos a secundar esta Huelga de Alquileres, convocada también a nivel internacional (desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Chile y los que se irán sumando).
Nuestras exigencias básicas son claras:
1º Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
2º Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.
No sobran los motivos para proclamar a partir de este 1-A: ¡Huelga de Alquileres General e Indefinida!
NO COBRAMOS, NO PAGAMOS.
Hemos redactado también dos modelos de burofax (a persona física y jurídica) para que las huelguistas puedan comunicarle a la propiedad el motivo del impago:
Un documental sobre la lucha de la Federación Anarquista y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria . Una de las experiencias pioneras del estado. El primero de los muchos sindicatos autoorganizados que nacen desde abajo, en barrios y pueblos de todo el estado, desde la lucha por el acceso a la vivenda, parando deshaucios, con okupaciones masivas, realojos de famílias o bien en fincas adquiridas a través de cesiones semiinformales con la propiedad (de aquí el término precarista). Pero siempre defendidas con la acción sindical de barrio.
Experimentos de vivienda de matriz anarquista que han dado respuesta al escaso papel de las administraciones insulares, intentando aglutinar y expandir un movimiento popular a través de la cobertura de necesidades básicas.
Con un lenguaje audiovisual híbrido, entre el género periodístico, documental y experimental, el relato central se construye a través de un acercamiento íntimo a las famílias y se complementa con voces de diferentes actores políticos, empresariales, académicos y juristas de la isla. En la narrativa también hay espacio para una incursión en la dimensión turística de Gran Canaria (34% del PIB), explorando el impacto y la relación que tiene en la vivienda este monocultivo económico.
Un documental autogestionado que ha contado con la colaboración de colectivos de la comunicación como La Directa o Bauma y con una banda sonora a cargo de artistas como Silvia Tomas Trio, el grupo de rap Resiliencia y los djs Mash Masters.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria nos adherimos públicamente al “Plan de choque social” que ha surgido a iniciativa de distintos colectivos sociales de todo el Estado ante la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19.
Sin embargo, y aun suscribiendo la totalidad de este “Plan de choque”, creemos que no basta con exigir a los poderes públicos que hagan algo; es necesario exponer las medidas a las que se recurrirá de no cumplirse las exigencias de la clase trabajadora y también buscar las fórmulas para protegernos y cuidarnos por nosotras mismas.
1º Suspensión del pago de alquiler, hipoteca y suministros básicos (agua, luz, gas), pero también de cualquier deuda crediticia contraída con cualquier entidad financiera por parte de personas sin recursos. Liquidación del interés sobre dichas deudas. Paralización sine die de cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas en situación de vulnerabilidad.
2º Garantizar el pago íntegro de la nómina, pero también una Renta Básica Universal que dé cobertura a todas las personas que carecen de ingresos regulares (especialmente importante para las familias con menores a cargo ante la suspensión de los comedores escolares). Impedir la carestía de los precios sobre bienes de consumo de primera necesidad. No permitir ningún despido, ni individual ni en formato ERE o ERTE. Reincorporación inmediata de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos.
3º Suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales.
4º Ofrecer alternativas alojativas para todas las personas sin hogar que lo necesiten, para quienes el #QuedateEnCasa es un cruel insulto. Las viviendas vacías en manos de bancos, fondos y entidades financieras deben ser socializadas y puestas a disposición pública.
5º La sanidad privada, con todos sus recursos, debe ser socializada y puesta al servicio del interés general. Esta inyección de recursos también debe destinarse a garantizar la cobertura sanitaria de sectores históricamente excluidos del derecho a la salud, como la población migrante o la población reclusa.
En caso de no cumplirse estas exigencias:
Instamos a todos los sindicatos laborales y de vivienda a declarar una huelga laboral general indefinida y una huelga hipotecaria y arrendataria general indefinida. Instamos a la población a proclamarla por su cuenta en caso de que dichos sindicatos no estén a la altura.
Si nos obligan a ir a trabajar para cumplir servicios no esenciales, sólo una huelga masiva puede protegernos.
Entendemos que la situación de colapso sistémico que ha agravado el coronavirus puede ser una excusa para que nos impongan un modelo capitalista aún más feroz, controlador e inhumano, se degraden todavía más las condiciones laborales y el dogma de la austeridad se cebe con las más pobres; pero también puede ser una oportunidad para que las de abajo nos demos cuenta de las imperfecciones y fragilidades del sistema, nos dispongamos a recuperar parte del terreno perdido y busquemos, en redes de apoyo, mediante la acción colectiva, la palanca para un cambio de paradigma: más social, más justo, más igualitario y más libre.