Más de cuatro años malviviendo en un estadio de fútbol

Loly fue desahuciada en septiembre de 2015. Sin ingresos suficientes para alquilar una vivienda (hoy por hoy sólo percibe la PCI), se instaló con su hijo adulto, también desempleado, en las destartaladas instalaciones del Estadio Municipal Pedro Miranda de Jinámar (Telde, Gran Canaria). Con apenas un lavamanos donde poder asearse, vive en un estado de semi-indigencia desde hace ya cinco años.

En este casi un lustro de sufrimiento y condiciones infrahumanas, Loly no ha parado de moverse sin resultado alguno. Sin recursos económicos suficientes ni regulares, no ha podido encontrar empleo (tampoco su hijo) ni por supuesto un alquiler a precio de mercado (en Telde el precio del alquiler ha subido el año pasado un 8’4% y en Las Palmas la media no baja de los 10 € por m², fijándose la media del alquiler en las islas en unos inasumibles 908 €). Ha visitado las distintas concejalías y alcaldías que se han sucedido sin que ni una sola de ellas, ni las antiguas ni las recién constituidas, le haya ofrecido ningún tipo de solución ni alternativa (no olvidemos que el estadio donde malvive Loly es de titularidad municipal). La han mareado de un despacho a otro, de un funcionario al siguiente, sin pretender jamás intervenir en un grave problema, que vincula infravivienda y sin-hogarismo, presente en un municipio que se ufana por ser el segundo más poblado de la isla de Gran Canaria.

A Loly, como a varias más de nuestras afiliadas, se le recuerda, desde los servicios sociales municipales, que sin hijos menores a cargo es casi imposible que reciba ningún tipo de ayuda alojativa. Éste es el discurso irresponsable de las instituciones que obliga a las capas más empobrecidas y vulnerables de la sociedad a “cargarse de chiquillos” si quieren tener alguna expectativa de que la ficción del “Estado del bienestar” no las ignore completamente. Detrás del fenómeno de las “niñas madres” y la alta natalidad de nuestros barrios más pobres no se encuentra sólo una cuestión cultural; hay una cuestión económica, de clase, que implica parir para sobrevivir.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denunciamos públicamente la situación de Loly y exigimos a las instituciones una respuesta inmediata y acorde a los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos y que realmente nos pertenecen a todas. Queremos una vivienda digna para Loly y su hijo, que se ponga fin a una situación inasumible y no queremos esperar otros cinco años para obtener una respuesta. La dignidad no es una mercancía que pueda ponerse de rebajas pasado el período electoral. ¡Viviendas dignas YA!

SIGC

Nueva proyección de «Precaristas» en Las Palmas de Gran Canaria

Hoy se proyecta a las 19:30, en el Centro de Estudios Sociales Franchy Roca (en Las Palmas de Gran Canaria, al lado del Mercado Central), «Precaristas». Es una oportunidad muy buena para que vean este genial documental de Inèrcia Docs si no pudieron acudir a su estreno en Canarias el pasado enero.

Acudiremos varios miembros de la FAGC y afiliadas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Será una gran oportunidad para conocer nuestros proyectos y compartir con algunas de las protagonistas del documental. No hay mejor carta de presentación de lo que somos y hacemos.

El desahucio de Rita y su hija se ejecuta el 27 y aún no tienen casa

El juzgado le notificó a la teldense el lanzamiento de su domicilio y el Gobierno todavía no le ha ofrecido, como prometió, un hogar para ella y su pequeña, que sufre un 67% de discapacidad.

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Situación límite para Rita María Pérez. «Se supone que lo iban a parar, que no nos íbamos a quedar en la calle», exclama con desesperación esta madre que lleva más de dos años y medio luchando por un hogar para ella y su familia. Pero ayer recibió la peor noticia posible, la notificación de los juzgados de su desahucio para el próximo día 27. Sabía que este momento se produciría, puesto que ya le había llegado un requerimiento para que abandonase el pasado verano esta vivienda de promoción pública que okupa en Las Huesas desde noviembre de 2015. Sin embargo, pensaba que antes el Gobierno de Canarias cumpliría su promesa de buscarle a ella y a su hija una vivienda alternativa. «Tanto el Ayuntamiento como el Instituto Canario de la Vivienda conocen mi situación y aseguraron que no nos quedaríamos en la calle», insiste Rita María. «Encima ahora le han diagnosticado una discapacidad de un 67%, se junta todo», se lamenta esta mujer. Se refiere a su hija, que no progresa al mismo ritmo que los niños de su edad. Todavía no habla, ni tampoco es capaz de comer o vestirse sola a pesar de que va a cumplir los tres años.

La primera sentencia en contra le llegó en junio de 2018, mientras que la segunda, de la Audiencia Provincial, y ya firme, es de primeros de abril de 2019. Aún así, las instituciones le aseguraron soluciones a través del programa Canarias + Viviendas x Familias, puntualizando, eso sí, que este protocolo solo se podría activar cuando haya una fecha concreta de lanzamiento. La cuestión es que, a pesar de que se ha fijado ya el plazo, Pérez aún no cuenta con ninguna alternativa y ahora vive con el miedo de que el día 27 la policía la echen a ella y a su hija a la fuerza y no tener a donde ir. Porque Rita no cuenta con más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. No cuenta con paro y sobrevive a base de las ayudas sociales, y eso que el mayor de sus hijos ya se ha independizado y se vale por sí mismo. Aún así su situación continúa siendo desesperada y a no ser que le busquen una casa donde estar junto a su hija, esta teldense se ve en la calle sin recurso alguno.

Retirar la adjudicación

El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoya la causa de Rita Pérez e insta al Gobierno de Canarias a que paralice el desalojo y retire la adjudicación de la vivienda a la denunciante del caso, dado que, según Rita, llevaba años sin ocuparla. «Cuando entré en la casa me encontré con un estercolero», asegura.

El Ayuntamiento intentó sin éxito un aplazamiento en julio

Ya en julio, el juzgado de instrucción número 1 de Telde rechazó la petición que le cursó el Ayuntamiento para que suspendiese el requerimiento que le hizo a Rita para que dejase la vivienda. El oficio le remitió al área de Vivienda que mantenía la orden a Rita de tener que abandonar, antes del 1 de agosto, el inmueble en el que vive. El Consistorio, como ya se había procedido en otros casos, intentó mediar con la autoridad judicial para, sin pretender alterar en modo alguno el sentido de la resolución, sí al menos buscarle una alternativa habitacional a esta familia. Otras veces, de hecho, el juzgado accedió al aplazamiento, pero en aquella ocasión la justicia se mostró firme. En el oficio que le remitió a la Administración el pasado 5 de julio de 2019 le advirtió de que esta ejecutoria parte de una sentencia ya firme dictada en mayo de 2019, aclarando que el requerimiento que le hizo el 1 de julio pasado a Rita para que dejara la vivienda en el plazo de un mes seguía vigente. Ese ultimátum expiró el 1 de agosto, y como no dejó la casa de forma voluntaria, se ha fijado para el 27 de febrero a las 10.00 horas el lanzamiento. Además, en dicha diligencia de ordenación se advierte la citación de la Policía Nacional para que acompañe a la Comisión Judicial y a la parte denunciante a proceder al desalojo.

¡Nueva paralización del desahucio de Mari Cruz!

El desahucio de Maricruz y su hija de 11 años, previsto para este 14 de febrero, ha sido paralizado un mes más. Aunque COIDIUR sigue negándose a negociar y ni siquiera atiende las llamadas telefónicas, la lucha de Mari Cruz, apoyada siempre por el Sindicato, ha logrado que el Instituto Canario de Vivienda solicite la paralización del desahucio y se comprometa a encontrarle una alternativa habitacional en lo que resta de mes

El proceso está siendo muy duro para Maricruz y su hija: hasta en cinco ocasiones han vivido con la angustia de no saber si se ejecutaba su desahucio. Pero por suerte no están solas y cuentan con la fuerza de todas las vecinas que nos organizamos a través del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Quizás otros hoy cantarían victoria; nosotras sólo podemos entenderlo como una tregua y no pararemos de pelear hasta que Mari Cruz y su hija cuenten con un techo seguro sobre su cabeza.

SIGC

Quieren desahuciar a una mujer enferma y a su hija de 11 años

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El lanzamiento, fijado para el 14 de febrero, viene después de «una estafa por medio de un hombre que se hizo pasar por abogado», según la víctima.

De aplazamiento en aplazamiento, y ahora vuelven a amenazarnos con dejarnos en la calle. Esto es una pesadilla», clama María Cruz Vila. Es el relato desesperado de una vecina de Jinámar, quien por culpa del mal asesoramiento de un supuesto abogado ve perdida su casa, el hogar en el que ha vivido junto a su hija durante ocho años. «Yo pagaba mi mensualidad sin problema, hasta que la socia de la empresa a la que pertenecía esta vivienda me dijo que ya no vendría más a cobrar porque la casa había pasado a manos del banco», relata esta mujer de 40 años.

Entonces, al no saber como proceder, contrató los servicios de un abogado que le recomendó no pagar hasta que los propietarios se pusieran en contacto con ella. «Después descubrimos que ni siquiera era abogado. Quisieron que la deuda aumentase y así tener motivos para echarme a la calle», se lamenta Vila. «Me engañaron, me estafaron», repite.

En la primera carta de desahucio le avisaban que el lanzamiento se produciría el 10 de enero, pero la intervención del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Telde propiciaron un aplazamiento por parte del Juzgado. Sin embargo, el problema persiste y ahora el 14 de febrero es la nueva fecha maldita. «Vamos a agotar todas las vías. Hemos intentado llegar a un acuerdo con la inmobiliaria Coidiur -actual propietario- sin resultado, y también hemos acudido a las instituciones públicas, pero no nos ofrecen soluciones», detalle Ruymán Rodríguez, miembro de SIGC que está llevando el caso. Ahora intentan hacer presión a través de los medios de comunicación, pero si esto tampoco resulta, lo tienen claro: «No permitiremos que Mari Cruz y su hija se queden en la calle, aunque tengamos que recurrir a un piquete antidesahucios para evitarlo», avisan.

Y sobran los motivos para hacer lo posible por parar este lanzamiento. Porque la situación de desamparo de esta teldense es máxima. Ahora mismo está en manos de médicos, acaba de ser operada de un tumor maligno y sufre una enfermedad en los pulmones. «Y aún así va a trabajar de limpiadora cuando la llaman para realizar una sustitución», destaca Rodríguez sobre la fuerza de Mari Pino, que pese a estar viviendo una vía crucis por fiarse de quien no debía, no va a dejar de luchar por evitar que su hija de 11 años se quede sin casa.

 

 

La rueda de prensa para denunciar el desahucio de Mari Cruz ha tenido una gran repercusión mediática, haciéndose eco de la misma RTVE, TVC, La Provincia o Telde Actualidad.