Año: 2019

El SIGC lanza su label sindical

Label es una voz inglesa y significa etiqueta, sello o marca. El label sindical es una herramienta de presión obrera que los sindicatos revolucionarios llevan practicando desde hace más de un siglo. La CGT de Francia (en su primera etapa, cuando era impulsada por anarcosindicalistas como Emile Pouget), la IWW de Norteamérica o la CNT en el Estado español adoptaron de forma eficiente y durante distintas etapas este método de acción directa (resolver los problemas laborales a través de la propia intervención obrera, sin intermediarios).

José Prat definía así el label en 1909 en su obra Burguesía y proletariado:

“[…] La imposición del label, la marca sindical, en los productos de aquellos industriales que trabajan habiendo aceptado de común acuerdo con sus obreros las tarifas de horario y jornal, permitiría que el público-consumidor obrero pudiese boicotear los productos de aquellos otros industriales recalcitrantes. En los Estados Unidos el público boicotea los productos que no llevan la marca sindical y aquellos establecimientos públicos cuya dependencia no está asociada […]”.

Por su parte Rudolf Rocker lo definía así en su clásico tratado Anarcosindicalismo (Teoría y práctica) de 1938: “El label sindical es un medio para facilitar el boicot, pues da al comprador la contraseña que le permite distinguir los géneros que desea de los que quisieran darle de otro origen”.

Rescatando esta idea y sobre todo esta práctica, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria lanza su propio label sindical. La mayoría de sellos sindicales son de carácter positivo (por ejemplo: “este producto se ha elaborado respetando los derechos laborales”) y el boicot se produce, por tanto, de forma indirecta. Aunque no descartamos elaborar en un futuro un label en esta línea, por ahora la situación del alquiler en Gran Canaria es tan alarmante que debemos centrarnos en señalar directamente a aquellos arrendadores, sobre todo cuando son multirentistas y personas jurídicas, que no respetan los derechos de los inquilinos.

Tenemos la mayor subida del precio del alquiler de todo el Estado con una de las medias salariales más bajas. Cada vez más barrios están siendo sometidos a un proceso de gentrificación aplastante gracias a la proliferación de viviendas vacacionales en suelo residencial. La clase obrera canaria, una de las más empobrecidas y desempleadas de toda la Europa política, tiene por tanto cada vez más complicado acceder a una vivienda digna. La precarización del techo está propiciando el abuso sistemático de la clase propietaria, imponiendo unos precios desproporcionados, fianzas de hasta 5 meses, contratos draconianos directamente en los límites de la legalidad o incluso imponiendo irregularidades por la vía de los hechos consumados (como desentenderse del saneamiento y mantenimiento de la vivienda o impedir al arrendatario el acceso a los suministros básicos). Es por todo esto que el SIGC lanza su label sindical con la intención de señalar a todos esos rentistas, principalmente entidades financieras, gestores externos y agentes especuladores, que no respeten los derechos arrendatarios. Toda empresa o inmueble que pisotee los derechos de las inquilinas de forma acreditada será denunciada públicamente con la colocación de nuestro label, de forma virtual y física, y no dejaremos de recomendar que no se alquile el inmueble marcado hasta que se acepten nuestras demandas y los derechos elementales de la clase inquilina sean respetados.

Debemos organizarnos y no parar de acumular fuerzas o cada vez nuestras condiciones serán más precarias, nos expulsarán de nuestros barrios y nuestras casas y empezaremos a acostumbrarnos a habitar infraviviendas con la misma “normalidad” con la que aceptamos jubilarnos cada vez más tarde y cobrar cada vez más poco. Somos el último baluarte, así que únete a tu sindicato de inquilinas más cercano, infórmate de tus derechos, haz piña con tus vecinas y lucha por una vida digna que sólo será posible cuando nuestras viviendas también sean dignas.

SIGC

Solo el barrio salva al barrio

El día se presentaba duro. Lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio; no podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la administración de justicia: su obligación no es intimidar, ni presentarse en casa de dos madres con 3 menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante; debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que les asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial: “Debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de 2 madres y 3 niños no puede caber en un maldito papel legal”.

A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todos a la expectativa, la abogada del SIGC comunicaba a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es sólo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora.

Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, sino lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna.

Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones, porque los que no cobramos somos demasiado “peligrosos”. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo.

La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos, o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, como el “polígono” empieza a convertirse en “La Vega de San José”. Ven como los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegueta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes que exigirles “resignación cristiana”. Y por último se ha parado porque, humildemente, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de un 1 euro al mes, que ni siquiera todos nuestros afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener este paliativo resultado.

La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla: solo el barrio salva al barrio.

SIGC

Dos hermanas y sus tres niños, a la calle en la Vega de San José

Javier Darriva/Canarias 7

En verano vieron un anuncio en Internet. Por un adelanto de 250 euros accedían a un piso en alquiler en la Vega de San José. Lo pagaron, pero al entrar vieron que la casa no estaba en condiciones. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», relata Nereida Espino. Cuando fueron a reclamar su dinero, el supuesto arrendador ya había desaparecido del barrio. «Nunca más dio señales de vida, ni por teléfono», expuso la joven, así que decidieron quedarse en la casa, cambiando la cerradura para evitar problemas.

El problema es que quien alquiló la vivienda no era su dueño auténtico y se metieron a vivir en una casa sobre la que pesaba un proceso de desahucio -del propietario real- contra los anteriores inquilinos.

Allí estuvieron viviendo las dos hermanas, Nereida y Natalia, de 30 y 29 años respectivamente, con sus tres niños, de 11, 9 y 5. Iban escapando con los trabajos temporales de Natalia como camarera y con la ayuda de emergencia que les acaba de ingresar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -solicitada en noviembre-, pero marzo se torció. Natalia perdió su trabajo y hasta el mes que viene no empieza a cobrar los 215 euros que le corresponden como prestación de desempleo; y el jueves pasado, una comisión judicial tocó a las puertas de la casa para anunciarles el desahucio.

La orden de desalojo estaba, sin embargo, a nombre de otra persona. «Cuando me identifiqué y vieron que no éramos esa persona, nos dieron una semana más» para desocupar la vivienda.

El plazo se cumple este jueves. Y las dos familias no saben a dónde ir porque dicen que no tienen a nadie más que las ayude y porque no disponen de ingresos para afrontar los precios que el mercado impone a los alquileres.

De momento, la única ayuda que están recibiendo es la del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que está trabajando a contrarreloj para buscar un techo para las dos hermanas y sus tres hijos pequeños.

De las instituciones esperan poco más por el laberinto burocrático en que se encuentran. «La trabajadora social me pidió cita con Stop Desahucio», explica la afectada.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que no puede ofrecerle una solución habitacional a las dos hermanas y sus tres hijos porque el levantamiento está a nombre de otra persona. Por este motivo, la joven fue remitida a Stop Desahucios, «para que la asesoraran a nivel legal».

Sin embargo, las dos jóvenes y sus pequeños no necesitan asesoramiento legal, sino un techo. Así lo afirma la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas para frenar el desahucio. «No necesitan asesoramiento, sino soluciones», explicó, «resulta inaudito que el Ayuntamiento se quite los temas de encima».

Saavedra presentó al juzgado, el viernes pasado, un escrito en el que reclama la aplicación del nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fija la obligación de contar con un informe de los servicios sociales municipales antes de dejar en la calle a una familia con menores a su cargo.

Ruymán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, también cree que «no tiene sentido» buscar una cita con un colectivo social cuando no se ofrece nada más. Cree que la solución del Ayuntamiento es «un parcheo» y que las instituciones solo responden cuando la realidad les golpea de lleno.

¡Urgente! ¡Desahucio!

¡Nereida, Natalia y sus tres hijos menores pueden quedarse en la calle en dos días!

Nereida y Natalia son dos hermanas que viven con sus tres hijos menores en el barrio capitalino de la Vega de San José. Hasta ahora han sobrevivido con trabajos esporádicos que les aportaban ingresos irregulares y magros: el mes que viene Nereida empezará a cobrar 215 euros de subsidio de desempleo. A pesar de los muchos años que llevan inscritas como demandantes de vivienda pública, nunca han accedido a una vivienda digna.

Hace más de medio año contactaron por redes sociales con un sujeto que decía ofrecer “alquileres económicos” y creyeron que, al fin, su situación cambiaría. La vivienda, sin mobiliario y tremendamente deteriorada, se convirtió en la única opción de esta familia desesperada. Pagaron 150 euros de “entrada” a esta persona y quedaron con ella al siguiente día para formalizar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el individuo no acudió a la cita y al poco tiempo desapareció su perfil en redes. Nos encontramos ante otro de los efectos de la precarización y la especulación inmobiliaria: la estafa a las familias más empobrecidas.

Con mucho esfuerzo y poco dinero han arreglado la vivienda y pagado religiosamente las facturas de agua y luz, además de la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y que acumulaba unos 4000 euros de impago. A pesar de ello, el pasado jueves 21 se personó en su vivienda una comisión judicial, escoltada por distintos cuerpos policiales, que usando formas intimidatorias les ordenó abandonar la vivienda.

Sin embargo, el desahucio que se ejecutaba no era el de Nereida y Natalia, sino el de una inquilina anterior que, según los vecinos, llevaba años sin habitar el inmueble. Ante ello, y de forma completamente irregular, la comisión se saltó los trámites acostumbrados para que se produjese una vista oral y se estudiase la situación de las hermanas y sus hijos. En lugar de ello, se les dio una semana de plazo, concedida por quien se ha identificado como nuevo propietario, para abandonar el inmueble.

Natalia y Nereida no tienen red familiar ni otra vivienda en la que cobijarse. Desahuciarlas de su actual domicilio supondría condenarlas, a ellas y a sus hijos, a la indigencia y la separación.

Por eso reclamamos, junto con ellas, que se adopte alguna de estas soluciones:

-Solicitamos al propietario de la vivienda que detenga el inminente desalojo y se avenga a conceder a estas familias un alquiler asequible, que podrán sufragar con las ayudas institucionales que ya están tramitando y con la colaboración del propio Sindicato de Inquilinas, hasta que su situación económica mejore. No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono.

-De no ser posible, exigimos al Ayuntamiento de Las Palmas y al Gobierno de Canarias que dejen de hacer dejación de sus funciones y tomen medidas de choque para atajar la terrible situación habitacional que sufre la población canaria y que se ejemplifica en casos tan trágicos como éste. Necesitamos una solución de emergencia y no nos valen discursos ni buenas palabras.

Actualmente estamos a expensas de que los juzgados respondan al recurso presentado por nuestra abogada para aplazar el desahucio. De producirse esta tregua seguiremos exigiendo una solución real y a largo plazo. El desahucio, dentro de tan solo 2 días, no es una opción.

Por último hacemos un llamamiento a la prensa para que dé a conocer tan sangrante caso y denuncie la precarización salvaje de la vivienda en nuestras islas y la brutal realidad de unos desalojos que no paran de aumentar, también en esos municipios ficticiamente “libres de desahucios”. Lanzamos un dato a la cara de las instituciones: sólo en estos últimos 7 días el Sindicato de Inquilinas ha gestionado, asesorado o paralizado 158 casos de desahucio. 158 vidas en riesgo de romperse.

SIGC

Denunciamos el desahucio de Virginia y sus tres niñas

Virginia y sus tres hijas menores llegaron a Lanzarote huyendo de la violencia de género. Con un miserable subsidio de 430 euros, sin ningún tipo de ayuda ni cobertura por parte de las instituciones, a pesar de ser una víctima reconocida de violencia machista, se ve sin ninguna alternativa de vivienda. Desesperada, contacta con los vecinos de un edificio okupado que le permiten entrar en una vivienda abandonada del antiguo Banco Popular, actual Banco Santander. Como siempre pasa, en cuanto la entidad bancaria detecta que los pisos que tenía olvidados y deshabitados vuelven a cobrar vida, denuncia a los ocupantes. Intentan condenar a Virginia por vía penal, pero al no conseguirlo (el Provincial de Las Palmas da la razón a Virginia en su recurso) inician la vía del desahucio civil. Es destacable que lo hayan hecho después de estar meses engañando a Virginia asegurándole que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de alquiler social y que el lanzamiento no se produciría. Sin ningún tipo de escrúpulos, rompen su palabra y pasan la gestión del inmueble a su inmobiliaria: Limara S.L.U., que es la que asume el nuevo papel de denunciante. Virginia ya tiene fecha firme de desahucio para este 17 de mayo. Si no lo evitamos entre todos y todas, ella y sus tres hijas se quedaran en la calle sin más techo que la intemperie.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Gran Canaria exigimos a la Inmobiliaria Limara y al Banco Santander, uno de los pocos bancos que durante los años de plomo de la crisis no obtuvo perdidas sino enormes beneficios y una gran cantidad de bienes inmobiliarios, que desistan inmediatamente en sus intenciones de echar a una madre y tres niñas a la calle. Que cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo con Virginia y dejen de especular con la vida de la gente.

Exigimos a las instituciones públicas de Lanzarote y del Gobierno de Canarias que dejen de una maldita vez de inhibirse de una realidad sangrante que adquiere los tintes de verdadera tragedia humana. No puede ser que las víctimas de violencia de género carezcan de la asistencia administrativa más elemental, que se les intente separar de sus hijas en los momentos en los que más necesitan estar unidas porque las instituciones sean incapaces de encontrar soluciones que no pasen por romper la unidad familiar. No es posible que se despilfarren recursos en cosas superfluos cuando familias sin recursos, casi siempre con niños a cargo, no disponen ni de las mínimas condiciones para una vida digna. No es admisible que las instituciones, y los partidos que las controlan, se limiten a sus cálculos electorales e ignoren la alarmante situación de nuestras vecinas más pobres hasta que se derrama sangre y un suicidio vuelve a poner el tema de la vivienda en la agenda política.

Pedimos a los medios de comunicación que den toda la cobertura posible a esta tragedia y que no permitan que la voz de casi la mitad de la población canaria (el 40% ya nos encontramos oficialmente en riesgo de pobreza y exclusión social) sea silenciada, ahogada por los procesos de gentrificación, el alquiler vacacional, los intereses de fondos buitres y de bancos a los que rescatamos para que ahora nos pongan la soga al cuello.

Basta ya de terrorismo bancario e inmobiliario. No vamos a permitir que sigan amasando dinero con la vida de nuestras vecinas, con el futuro de nuestros hijos, con la dignidad de nuestro pueblo. ¡Basta!

SIGC

Desahucio de 6 familias en San Miguel de Abona

Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.

El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:

  • Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.

  • Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

  • Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.

  • Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.

  • Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.

Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.

SIGC y FAGC

El Gobierno de Canarias deja colgados a más de la mitad de los demandantes de ayudas al alquiler

Fuente: Jennifer Jiménez/Canarias Ahora

La fecha límite para resolver expiraba el 31 de diciembre y la consejería no lo hará como mínimo hasta abril alegando falta de personal para atender las 17.500 solicitudes

Hay unos 8 millones consignados este año para este fin. 7 millones para la convocatoria general y uno para la ayuda joven, con los que se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte

El sindicato de inquilinos asegura que todos los meses se reciben avisos de desahucios por impagos del alquiler, lo que le lleva a buscar alternativas en pisos vacíos de los bancos

El Gobierno de Canarias tampoco ha cumplido con los demandantes de ayudas al alquiler. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda publicaba el pasado mes de agosto, tanto la convocatoria genérica como las ayudas para los jóvenes, dándoles un plazo de apenas 15 días para optar a la oferta. La explicación que daba el Ejecutivo de CC para publicar en pleno verano (cuando menos personal tiene la consejería y cuando más ciudadanos están de vacaciones) era que, cuanto antes se convocaran las ayudas, más pronto llegarían los recursos a las familias y que antes de ese mes se produjo incertidumbre por los fondos del plan estatal de vivienda por la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la fecha límite que tenía el Gobierno para resolver, tal y como se destaca en las bases, expiraba el 31 de diciembre de 2018 y aún no hay visos de que se vaya a dar una pronta solución. Los demandantes empiezan a desesperarse después de tantos meses sin ser notificados, mientras el Sindicato de Inquilinos alerta del aumento de desahucios por impago de alquiler.

La consejería ha contestado por escrito a este periódico informando de que, en total, hay 17.486 personas que han solicitado estas ayudas. De ellas, 12.004 son demandantes de la convocatoria general y 5.482 de la destinada a jóvenes. Señala que el número de solicitudes es elevado y hay que analizarlas, valorarlas y montar un expediente por cada una de ellas, razón por la que aún no hay una fecha estimada de cuándo se resolverán las convocatorias. La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, de Coalición Canaria (CC), ha matizado además en el Parlamento, tras una pregunta del diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que en la provincia de Santa Cruz Tenerife se han presentado 5.741 solicitudes de la ayuda general y 2.970 de la convocatoria joven, mientras que en Las Palmas se contabilizaron 6.263 demandas de la general y 2.512 de la convocatoria joven.

Este año, las ayudas han tenido carácter bianual, con lo cual quienes no resulten beneficiarios no podrán volver a optar a ellas hasta pasados dos años, cuando se publique una nueva convocatoria. La medida, aunque es positiva en el sentido de que aporta garantías a quienes serán beneficiados, provoca incertidumbre en quienes no resulten beneficiarios ya que no podrán volver a optar a este tipo de ayudas hasta dentro de dos años. Además, hay unos 8 millones de euros consignados este año para este fin y otros 8 para el próximo; 7 millones para la convocatoria general y 1 millón para la ayuda joven. Con estos recursos se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte de los solicitantes.

Los demandantes de la ayuda ya se empiezan a desesperar, sobre todo por la falta de información. Hay residentes de Gran Canaria que han llegado a tener problemas para que les atiendan por teléfono y a quienes les han comentado que el Instituto Canario de Vivienda no tiene habilitado el teléfono de atención en esa isla. Desde la consejería afirman que desconocen estos problemas y añaden que la información se irá publicando en la página web.

7 años sin plan de vivienda

Cristina Valido insiste en que, desde su llegada al cargo se ha incrementado el número de beneficiarios de estas ayudas. El año pasado, con 5 millones de euros para este plan, se benefició a 3.256 familias y este año, con 17 millones para dos años espera llegar a unas 5.000, algo que contrasta con los más de 17.000 demandantes. Estas cifras, sin embargo, no sorprenden si se tiene en cuenta lo que ocurrió el pasado año, cuando se presentaron casi 7.000 personas solo a la convocatoria general. La falta de planificación en materia de vivienda se palpa especialmente en el hecho de que siete años después aún no exista plan, aunque la consejera asegura que este documento se llevará al consejo de Gobierno “más pronto que tarde”.

Para Luis Campos (NC), si se contara con un plan de vivienda habría previsión de qué pasos seguir con las ayudas y partidas que llegan del Estado. Además, considera que este plan vaya a llegar a tiempo, ya que no hay ni un solo euro consignado en los presupuestos de este año para este fin. A su juicio, el problema de la vivienda en Canarias es mucho más amplio, ya que tampoco  se ha ampliado el parque público en los últimos años. El resumen para él es que se destinan recursos insuficientes y que la ayuda llega tarde y mal, muchas veces cuando la persona ya va a ser desahuciada.

El sindicato de inquilinos de Canarias lleva mucho tiempo alertando del aumento de desahucios en las Islas por impago de alquiler. Su portavoz, Ruymán Rodríguez, señala que, en muy poco tiempo, solo en Gran Canaria se han realojado a unas 1.000 personas en distintos inmuebles vacíos y propiedad de los bancos. Ejemplos de ello son la comunidad La Ilusión, en Telde, o La Esperanza, en Guía. El colectivo señala que el Gobierno de Canarias podría llegar a acuerdos con los bancos para contar con más alternativas habitacionales.

A su juicio, estas ayudas al alquiler no están pensadas para las personas en situación más vulnerable ya que, de entrada, hay que tener un contrato de alquiler para poder optar a ellas. Recuerda que hay muchas personas que viven en situación de hacinamiento familiar, otras viviendo en muy malas condiciones o incluso en garajes y cuartos trateros. Una situación que comparte la abogada Isabel Saavedra, que asesora al Sindicato de Inquilinos, y que además añade que aún no existe un censo de las viviendas vacías en Canarias ni opciones como las que han puesto en marcha otros ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Una de estas medidas que aplaude es la creación de una bolsa de alquiler, a la que pueden sumarse propietarios dispuestos a que sus viviendas sean alquiladas por un tope impuesto por el Ayuntamiento, pero que aporta la garantía de que se le va a pagar el alquiler mes a mes.

El problema de la vivienda en Canarias se acrecienta por el hecho de que es la comunidad con mayor número de personas en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Las dos provincias de las Islas se encuentran a la cabeza en precios desorbitados del alquiler, al igual que ciudades como Madrid o Barcelona. Una situación que, como se refleja también en el decreto del Gobierno Estatal para regular el alquiler, se complica por la falta de regulación de la vivienda vacacional.

Desahucio inminente en Playa Blanca (Lanzarote)

Hoy, miércoles día 6 de febrero, nos hemos enterado por los redactores de “Buenas Tardes Canarias” (Televisión Canaria) de que el próximo viernes día 8 se producirá el desahucio de una familia con 2 niñas menores de 10 y 3 años.

Andrés y Joanna, con sus dos hijas menores, accedieron a un alquiler en Playa Blanca (municipio de Yaiza, Lanzarote) en septiembre de 2018. El supuesto propietario les entregó las llaves de la vivienda, junto al contrato de alquiler, los datos de la póliza para pagar agua y luz y se cobró la primera mensualidad por adelantado. A las 2 semanas se presentó una comisión judicial en el edificio, acompañando al verdadero propietario, para desahuciar a los anteriores inquilinos. Ahí Andrés y Joanna empezaron a darse cuenta de que habían sido objeto de una estafa.

En diciembre comparecen en juzgados para una vista oral. Lo hacen sin abogado de oficio. Hace un mes les llega la notificación de que el 8 de febrero serán objeto de un desahucio. En todo este tiempo, nuevamente, como lamentablemente en tantos casos, mal asesorados por otros colectivos, no recurren la sentencia ni presentan ninguna batalla legal. Se han dedicado a buscar alquileres, de forma desesperada, encontrado únicamente ofertas inasumibles como 1.000 euros mensuales con 4 meses de fianza.

El Ayuntamiento de Yaiza se inhibe de este caso, a pesar de que la existencia de dos menores afectadas le obliga a ello, porque alega que al no llevar la familia más de un año empadronada no es competencia de ellos ayudarles…

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ante el poco tiempo y la circunstancia excepcional de que la familia se encuentra en otra isla distinta a aquella en la que éste desarrolla su actividad, ha diseñado contrarreloj la siguiente batería de medidas.

1º Nuestra abogada, Isabel Saavedra, ha redactado un escrito de urgencia para que la familia lo presente mañana a primera hora en juzgados e intente detener así su desahucio. También les hemos recomendado que intenten, aunque estén fuera de plazo, solicitar en el colegio de abogados letrado y procurador de oficio, a fin de intentar aplazar el lanzamiento mientras se lo conceden.

2º Con ayuda de la Federación Anarquista de Gran Canaria, vamos a intentar contactar con todos los medios posibles y ver si la dramática situación de esta familia con dos niñas llega a oídos de las instituciones y se deciden de una vez a intervenir.

3º Varios afiliados de nuestro Sindicato están contactando con conocidos en la isla vecina para ver si se puede encontrar una alternativa habitacional en forma de un alquiler asequible.

Esto es lo que vamos a hacer nosotras, y es lamentable que las instituciones, con todos los recursos capitalizados en sus manos, se nieguen a intervenir.

Demandamos desde aquí que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias busquen una solución, aunque sea temporal, a esta terrible situación. Andrés hace chapuzas y Joanna es limpiadora. Ambos están esperando firmar un contrato de trabajo dentro de dos semanas. Como dice el propio Andrés: “Lo único que necesitamos es tiempo”. Tiempo para tener una nómina que les permita acceder a un alquiler y no verse durante las próximas semanas en la calle con sus dos hijas pequeñas.