Nuestra lucha contra el desalojo de «La Ilusión»

Convocatoria de rueda de prensa de la Comunidad y el SIGC:

SAREB reinicia el proceso de desahucio contra «La Ilusión»

A principios de diciembre de 2018, los vecinos de la Comunidad “La Ilusión” (una comunidad autogestionada de familias sin recursos que habitan como precaristas un edificio abandonado, actual propiedad de la SAREB, en Telde) recibían una notificación judicial denunciados por la SAREB. Era el intento, por la vía civil, de desalojarlos de sus viviendas. Las vecinas contactan con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, e iniciamos una contraofensiva, legal, mediática y de presión institucional, que tuvo como consecuencia que Gaspar Palenzuela, director de RSC de la SAREB, afirmase públicamente que la SAREB detendría el proceso de desahucio e iniciaría negociaciones con el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias (fuente: La Vanguardia ). Algo que ya nos habían confirmado anteriormente las instituciones: Ayuntamiento y Gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que no dejarán desatendidas a las familias de Valle de Los Nueve amenazadas por un desahucio

Contrariamente a este compromiso público, el pasado 22 de mayo de 2019, 4 viviendas de “La Ilusión” recibieron una nueva citación judicial para este próximo 11 de junio. Nuevamente han sido denunciados por la SAREB por un “delito leve sin especificar” (ya podemos confirmar que se trata de “usurpación”). Esto significa que la SAREB reinicia el trámite, esta vez por vía penal, para desalojar a las familias de sus casas.

Esta información ya ha sido puesta en conocimiento, por vía personal o informática, del Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias y la propia SAREB. O bien no hemos recibido respuestas o de recibirlas han sido vagas e insatisfactorias.

Es por todo esto que las vecinas de “La Ilusión” y el Sindicato de Inquilinas convocan e invitan a todos los medios de comunicación a la rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes día 10 de junio en la propia Comunidad “La Ilusión” (c/ Dos de Mayo, nº 74, Valle de los Nueve, Telde) a las 10:00 a.m..

La Comunidad, compuesta por 14 familias, 41 personas (20 adultos y 21 niños), reclama, junto con el SIGC, que el proceso legal vuelva a paralizarse, pues la situación económica, social y habitacional de las familias no ha variado y la intención de desahuciarlas, sin otra alternativa, sigue siendo un grave atentado humanitario.

 

La rueda de prensa en los medios:

RTVC

COPE

Antena 3

Telde Actualidad

La Provincia

Suspensión del juicio y paralización del proceso:

En los medios: RTVC y La Provincia

Comunicado del SIGC: «La Ilusión permanece intacta»

 

Doce familias residen en viviendas prestadas en Valle de los Nueve

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino viven en dos edificios embargados cedidos por su dueño

pedro hernández 07.12.2018 | 01:43

La Provincia

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino son los componentes de las 12 familias que residen en dos edificios de Valle de los Nueve desde junio del año pasado como precaristas [prestatarios] gracias a la generosidad de su propietario, aunque el proximo lunes tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instancia número 4 para explicar en calidad de qué se encuentran en ambos inmuebles.

Acudirán con una batería de recursos que les están elaborando y tendrán que declarar, pero confían en que les permita seguir en los que son ahora sus hogares y mantener la unidad familiar, evitar traumas a los niños por el cambio de colegio y que no afecte un hipotético traslado de personas enfermas. No piden una casa gratis, sino que puedan seguir en las que habitan con un alquiler social o que las administraciones públicas les busquen una alternativa. Si no, su camino es quedarse en la calle.

«Somos precaristas, no okupas», aseguran varias de las inquilinas para descartar con rotundidad que el acceso a sus pisos fuera de forma violenta o sin consentimiento de la propiedad. De hecho, han acabado con las deficiencias encontradas en ambos portales, compuestos por cinco y ocho viviendas en total. Así, han repuesto los materiales robados, colocado piezas de saneamiento, tapado goteras o amueblar la cocina con las donaciones recibidas y la ayuda de otras personas.

Nada que ver. y así defienden su etiqueta de precaristas. con el escenario descrito cuando se habla de okupas en edificios abandonados. Todo lo contrario, su panorama es como el de cualquier piso, más modesto, pero en perfecto estado.

Indican que los embates sufridos les han colocado en un estado de precariedad económica y laboral, con situaciones de parados de larga duración o empleos esporádicos, además de difíciles situaciones familiares que les abocó a solicitar ayuda a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que creó el Sindicato de Inquilinos «para ayudar y buscar soluciones al sangrante problema de la vivienda en Canarias y explicar cómo salir adelante», apunta Ruymán Rodríguez, asesor de estas familias.

Varias de las afectadas prefirieron que en la foto de esta información y en las de la edición digital no se les viera el rostro, aunque posaban con quienes sí aceptaron para que se demuestre que todas las familias están a una en esta lucha y expusieron sus opiniones. Faltaron más inquilinos de los que se esperaban, pero quienes asistieron, todas mujeres, sí querían contar su historia y su situación.

Régimen de prestatarios

Una historia que empezó a escribirse el año pasado durante una asamblea en San Telmo «en la que asistieron familias desahuciadas, familias que vivían en la calles, mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos y no sabían dónde meterse. Una persona que se identificó como propietario embargado de esos bloques ofreció las llaves a esas familias a cambio de que los cuidaran porque se le estaban metiendo a robar o al consumo de drogas. Dijo que mientras lo cuidaran podían habitarlos y desde el pasado verano residen allí».

Ahora tienen que demostrar el lunes que se encuentran en situación de prestatarios ante el juzgado teldense. Rodríguez opina que probablemente se ha iniciado la ejecución hipotecaria y de ahí la notificación de comparecencia en sede judicial el lunes, 10.

La mayoría son de Telde, los adultos en edades comprendidas entre los 25 y 50 y pico años, casi todos entraron el verano pasado, aunque el dueño les dio otro juego de llaves para que las utilizaran para nuevos inquilinos y así se fueron organizando. Crearon la comunidad La Ilusión y han desarrollado durante este algo más de un año un cambio a mejor en los dos edificios, una acción que confían sea valorada en el juzgado.

Nieves, una de las residentes en uno de los pisos, se define como precarista y recuerda que en su domicilio cuando llegó «me encontré con goteras y tuve que usar mantas para taparlas». Ahora, aunque con modestia, tiene un lugar donde vivir con dignidad y espera seguir considerándolo su hogar.

Saray, embarazada, también tiene una trayectoria parecida de una situación sociolaboral precaria. Se encontró el edificio donde reside desvalijado y ha ido poco a poco convirtiéndolo en un sitio donde vivir, aunque como el resto, no tiene la cédula de habitabilidad porque necesitan la escritura de propiedad que no poseen.

Brenda, Omayra y Candelaria reiteran lo dicho por sus dos vecinas y aunque no quieren salir en las fotos de frente por motivos personales, se mantienen firmes en su empeño de hacer de sus casas prestadas y de Valle de los Nueve su lugar en el mundo.

«Ninguna de las familias somos conflictivas, nos hemos integrado en el barrio y no causamos problemas a nadie, solo queremos tener la oportunidad de vivir aquí. Hemos hecho de un sitio que se encontraba en mal estado y abandonado en una comunidad vecinal donde todos convivimos sin problemas», afirman.

«El colegio se salvó del cierre»

  • La llegada de estas familias con 16 menores tuvo un efecto positivo para Valle de los Nueve, explican. «Cuando vinimos aquí iban a cerrar el colegio Maestro Félix Santana porque faltaban niños, pero al matricular a nuestros hijos se ha mantenido abierto», afirma una de las inquilinas. La relación con el resto del vecindario es buena, de hecho, alegan que una de las vecinas ha iniciado una campaña de firmas para solicitar que las dejen vivir en los dos edificios, ubicados en las calle Dos de Mayo y Zaragoza. Es tal su integración en el barrio que recuerdan que salieron en televisión por ser las únicas en ayudar a un caballo herido. P. H.

“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

Desde la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad autogestionada más grande del Estado) queremos manifestar nuestro total apoyo a la comunidad hermana de “La Ilusión” y rechazar con todas nuestras fuerzas la amenaza de desalojo que se cierne sobre ella. Exigimos a las entidades financieras que pretenden desalojarlas que abandonen ahora mismo sus pretensiones y a las administraciones públicas que les ofrezcan una alternativa habitacional asequible y digna en caso de que no se pueda detener lo que a todas luces sería un desastre humanitario. Desde el norte al sur de la isla, la situación de paro, precariedad, salarios insuficientes, alquileres elevados, desahucios constantes, ha ocasionado que muchas familias no hayamos visto obligadas a organizarnos, a pedir la colaboración de organizaciones como la FAGC y a impulsar comunidades como éstas para evitar la indigencia y la disolución de nuestras unidades familiares. Es el sistema el que ha incumplido sus deberes, no nosotras. Por eso, también desde el norte al sur de la isla, es importante fortalecer nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque en cualquier momento pueden venir a por cualquiera de nuestras comunidades y es vital que demos una respuesta conjunta y coordinada. Repetimos una vez más: “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”. Nadie nos puede quitar “La Esperanza” y nadie nos quitará “La Ilusión”.

Comunidad “La Esperanza”

Se prepara el desalojo de “La Ilusión”

Antecedentes

La Comunidad “La Ilusión” se inició en junio de 2017. Después de una asamblea de desahuciadas, inquilinas y precaristas convocada por el SIGC (Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, organización independiente pero impulsada inicialmente por la Federación Anarquista de Gran Canaria), una persona, asistente también a dicha asamblea, se puso en contacto con las familias que habían compartido sus distintos problemas de vivienda. Dicha persona, en proceso de embargo bancario (según hemos averiguado después, con implicación directa de la SAREB en la adquisición de sus bienes inmuebles subastados), facilitaba dos edificios colindantes (ubicados en el Valle de los Nueve [municipio de Telde]) para que los habitaran personas sin hogar, a cambio de que los cuidaran y habilitaran, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles. Cerrado al acuerdo se procedió a su socialización.

En un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que hemos podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles, a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etc. Y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas, agujeros en techos y paredes, etc. Poco a poco los han ido arreglando, saneando, pintando y amueblando (casi siempre con materiales reciclados o buscando oportunidades de segunda mano), hasta convertirlos en auténticos hogares para ellos y sus hijos.

El dormitorio de una de las viviendas antes y después de que las vecinas lo arreglaran.

Las vecinos han intentado que las distintas empresas suministradoras de agua y luz les regularicen los suministros, pero ante las reiteradas negativas de éstas siguen tirando con lo que creemos es luz de obra y con cubas de agua que regularmente llenan los bidones que cada familia ha tenido que instalar en el garaje compartido que tienen ambos inmuebles.

En “La Ilusión” conviven 12 familias (en total 36 personas, 16 de ellas menores) que reúnen los distintos perfiles de la clase obrera canaria, empobrecida, excluida y marginada. Tenemos paradas de larga duración; manitas que arreglan cualquier desperfecto en el edificio y que sin embargo no encuentran un trabajo regular; madres solteras que realizan trabajos esporádicos como limpiadoras o cuidadoras de ancianos y también en hostelería, pero cuyos ingresos no les permiten pagar los cada vez más elevados alquileres que tenemos en Canarias (Las Palmas es la segunda provincia donde más han subido los alquileres [16%] sólo por detrás de Barcelona, sin embargo seguimos teniendo uno de los sueldos más bajos del Estado); migrantes en busca de un hogar que les permitiera la reagrupación familiar; mujeres maltratadas que han hallado en “La Ilusión” un refugio para ellas y sus hijos; personas que han sufrido la indigencia y que han sido rescatadas por la comunidad, con vecinas tan solidarias que hasta las han recogido en sus propias casas. Esta es la cara, altruista, digna y diversa, de “La Ilusión”.

El antes y el después de uno de los aseos (de los pocos que contaban con vasija).

Intento de desahucio

El pasado día 30 de noviembre las vecinas de “La Ilusión” recibieron una notificación judicial dirigida a “ocupantes desconocidos” en la que les concedían un plazo de 10 días (sin especificar si eran hábiles o naturales, a pesar del puente que se comía parte de la semana) para comparecer en juzgados y justificar bajo qué título habitaban el inmueble. Las vecinas rápidamente contactaron con la FAGC y se convocó una asamblea de urgencia, a la que también acudió como asesora legal la abogada Isabel Saavedra. La asamblea (más bien una reunión informativa) consistió en compartir con las vecinas las distintas opciones legales y de protesta que en opinión de la FAGC tenían. Las vecinas tomaron una resolución: lucharían por sus hogares.

La estrategia de lucha es la siguiente: se intentará plantar cara en el frente legal agotando todos los plazos posibles; se intentará provocar una verdadera “guerra de tinta” buscando tener la mayor presencia mediática posible para poner en conocimiento de la opinión pública el intento de desalojo a “La Ilusión” y generar todos los apoyos necesarios; paralelamente, se intentará negociar con el nuevo adjudicatario de los inmuebles (la SAREB) y con las instituciones públicas, para que las vecinas puedan conservar sus hogares en régimen de alquiler social o para que, en su defecto, se les garantice una alternativa habitacional; si los agentes implicados se niegan a negociar, tomaremos la vía de la protesta callejera, manifestándonos y concentrándonos en todos aquellos lugares que sea necesario hasta que la presión les obligue a sentarse frente a nosotras para llegar a un acuerdo; y si nada de lo anterior se produce tendremos que recurrir a intentar parar el desahucio a través de un piquete donde intentaremos movilizar al barrio, al municipio y a la isla entera, hasta poner delante de la puerta un colosal muro de resistencia popular.

“La Ilusión” demanda que se le permita conservar sus hogares, que llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables.

“La Ilusión” demanda que se les conceda un alquiler social sobre sus actuales domicilios y muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación.

“La Ilusión” demanda que, en caso de ser esto imposible, se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias.

“La Ilusión” no pide caridad, exige justicia y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material.

No se puede legislar contra la necesidad más básica, ni contra el instinto de supervivencia, ni contra la fuerza que nos impulsa a mantener sanos y seguros a nuestros hijos. Si nos prohíben respirar sólo obtendrán una cosa: que les desobedezcamos, como mínimo, 12 veces por minuto.

¿En qué anda metida la FAGC?

Los problemas

La Federación Anarquista de Gran Canaria es un colectivo en constante adaptación, siempre desarrollando nuevas estrategias para sobrevivir, siempre comiéndose baches. A finales de verano de 2017, a medio año de la fundación del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (un proyecto que ayudamos a impulsar inicialmente), curramos por encima de nuestras posibilidades. Un compañero de la FAGC cayó gravemente enfermo por el sobreesfuerzo (arrastraba dolencias que se acrecentaron después de toda una mañana descombrando un garaje y haciendo mudanzas para un nuevo proyecto socializado) y otro del SIGC tuvo problemas laborales y legales por su implicación en el mismo proyecto. Algunas vecinas y militantes no estuvimos a la altura, y exigíamos más a las compas jodidas cuando menos podían aportar. Sabíamos articular muy bien la solidaridad externa, pero la cagamos con la solidaridad interior.

Las más veteranas lo asumimos, sabíamos que tocaba lamerse las heridas y retirarnos a nuestros cuarteles de invierno hasta que escampara. Para las novatas quizás fue una lección demasiado dura, una cicatriz demasiado prematura.

La idea de la FAGC fue desde el principio convertirse en un colectivo netamente “político”, generador de opinión y agitación, e ir derivando, poco a poco, toda su actividad en vivienda a un colectivo más amplio y cada vez más independiente como el SIGC. Creíamos terminada la transición, así que optamos por “huir hacia adelante”: salir de la ciudad, irnos al campo, cuidar a nuestros heridos y recontar las municiones. Por desgracia las compas del SIGC, a las que creíamos más fuertes que nosotras, no vivían una situación mejor, y también fueron padeciendo cada vez más la erosión del choque con la realidad barrial y los efectos sociales que ha producido el capitalismo incluso entre las más pobres.

El corte de luz y agua de la Comunidad “La Esperanza” en marzo de 2018, la necesidad de apoyar una nueva lucha masiva, podía ser un revulsivo para el SIGC, pero en nuestra opinión sirvió para evidenciar la necesidad de adquirir unos protocolos resolutivos diseñados por la experiencia habitacional previa (que aún no se habían asumido) y también la de explotar mejor el capital social, comunicativo y de contactos que la FAGC había cedido al sindicato.

La FAGC, aún débil, surgió de entre las ramas de sus frutales e hizo lo que llevaba casi una década haciendo, siguiendo los automatismos adquiridos, mientras las vecinas daban la talla dando la cara en la calle y ante los medios. Gracias a eso se consiguió salvar la situación, pero aun quedaba digerir lo aprendido.

Con ese panorama, y otros factores de desgaste, el SIGC decidió tomarse un tiempo indefinido de reflexión. La FAGC estuvo a punto de hacer lo propio, y si no llega a ser por el miedo a que una espantada envalentonara a la administración y la hiciera lanzarse contra los proyectos que hemos ayudado a levantar, lo habríamos hecho. El huerto, por suerte, nos quitó esta idea de la cabeza.

El huerto”

Concebido en un principio como un mero refugio y quizás como un futuro medio de autofinanciación, el huerto empezó a convertirse en un proyecto netamente social con el que varias familias empezamos a alimentarnos (no era el primero ni el único que habíamos impulsado con esa premisa). Es así como levantamos un nuevo proyecto agrícola de autoabastecimiento, de donde cada semana, y dependiendo de la estación, sacamos kilos de naranjas, limones, duraznos, aguacates, peras, manzanas, higos, uvas, fresas, frambuesas, castañas, millo, calabazas, calabacines, judías, papas y hierbas aromáticas.

Hoy, según en qué ambientes, se llama “posmodernistas” y “neoliberales” a estos proyectos de huertos de subsistencia. Para nosotras, y no nos disculpamos por ello, son proyectos de expropiación agrícola, una forma de empezar a gestionar un medio de producción por nosotras mismas y una manera de que familias atiborradas a hidratos por la caridad de las ONGs y los bancos de alimentos puedan comer verduras y frutas frescas y lograr que enfermedades decimonónicas no vuelvan a reaparecer.

La microred de asistencia sanitaria

Tirando de la madeja de nuestro compa enfermo, fuimos descubriendo muchas de las enfermedades sin tratar que también azotaban a otras compañeras realojadas que habían migrado a la isla y no tenían “papeles”. La mayoría, aunque puedan recibir atención de urgencias, no quieren saber nada, lógicamente, de las instituciones y rehuyen cualquier contacto con el Servicio Canario de Salud. Esto es especialmente comprensible en personas que han vivido terribles experiencias en los CIEs. Las dolencias eran variadas e incluían enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, lesiones sin tratar, desnutrición, deshidratación y un largo etcétera. Gracias a compas con formación pudimos darles unas primeras recomendaciones básicas, pero pronto vimos que eso por sí solo no bastaba. Así que gracias a profesionales sanitarios que voluntariamente decidieron implicarse, hemos conseguido tejer una pequeña red de asistencia que atiende a los realojados y a sus familiares y conocidos en similar situación. Muchos de los materiales fungibles los aportan los propios compas sanitarios, pero es un sacrificio que no podemos exigirles encima que ofrecen sus conocimientos y esfuerzos desinteresadamente.

Oficina de asesoría legal/laboral para precarias

A razón de la polémica pública sobre el derecho a sindicarse de las compañeras que ejercen la prostitución, y nuestro posicionamiento, también público, contra la prostitución y toda explotación, pero a favor de la organización de las afectadas y su autoemancipación (no habrá abolición real de espaldas a ellas), varias compañeras se sintieron identificadas con nosotras y empezaron a plantearnos dudas por redes. El resultado ha sido la asesoría legal y laboral, individual o colectiva, de más de medio centenar de mujeres, y un hombre, dos veces por semana (sin contar las consultas de urgencia), sobre asuntos básicos que en realidad están en consonancia con la labor de cualquier sindicato convencional (aunque nosotras no lo seamos): información sobre reciclaje laboral y salidas profesionales, ayuda para solicitar subsidios diversos, ayuda para elaborar recursos contra multas y sanciones, información sobre las posibilidades de cotización o de reclamación de una pensión no contributiva (caso sangrante en las compañeras que rondan los 60 años), redacción de denuncias contra agresores o proxenetas, defensa y asesoría ante una detención o abuso policial, y un largo etcétera.

Expropiación de 3 casas terreras

Hace unos meses varias familias contactaron con nosotras. Cada una de ellas, por distintas circunstancias, pero con un mismo factor común: la pobreza y la terrible subida del precio de los alquileres en Gran Canaria, habían sido desahuciadas, estaban a punto de serlo o simplemente no se les quería renovar el contrato de alquiler (no al mismo precio que antes). Las asesoramos como siempre hacemos, les compartimos distintas alternativas, les dimos nuestras condiciones y requisitos, y les dijimos que suyo era el cometido de abrirse su propia vivienda, si esa era su opción. Después de la preparación pertinente, de elegir bien los inmuebles y solicitar la nota simple que confirmaba que todos eran propiedad de la SAREB, se procedió a su expropiación y socialización. 6 familias, 22 personas, en su mayoría menores, comparte hoy el techo de 3 casas terreras adyacentes, tienen agua y luz, y han escapado de la indigencia.

Todavía tenemos más casos de realojos pendientes, pero es muy complicado hallar solución a todos con nuestros pocos recursos.

La tiranía del dinero

La mayoría de estos proyectos, desgraciadamente, no sólo salen adelante con voluntad, imaginación y tenacidad, necesitan esos absurdos papeles de colores a los que llamamos dinero. El dinero, que no sería necesario para vivir en una sociedad racional, es obligatorio bajo la irracionalidad capitalista.

En abril de 2018 nos vimos obligadas a hacer una campaña de recaudación para comprar un caro motor (1000 euros) con el que facilitar agua y luz a la Comunidad “La Esperanza”. Justamente ayer, día 4 de noviembre, nos enteramos de que el hidro (la bomba que lleva el agua a las 76 casas de “La Esperanza”, y que es alimentada por ese motor que compramos en abril) está roto. Con lo que sobró de la anterior campaña podemos sufragar un nuevo hidro (hoy, por suerte, después de mirar mil presupuestos, lo hemos confirmado), sin embargo se nos plantea la misma inquietud angustiosa de siempre. ¿Por qué sólo sabemos movernos en temas de dinero cuando pasa una emergencia? ¿Qué hubiéramos hecho si los fondos hubieran sido insuficientes para pagar un nuevo hidro? ¿Y si en vez de los 600 que calculamos hubiera salido 2500? Por el bien de nuestras coronarias hemos decidido iniciar un nuevo período de recaudación, con más calma y menos presión, pero igual de necesario.

Debemos encontrar un medio de autofinanciación estable y seguro. Las campañas sólo sirven para casos puntuales. Las cuotas no pueden establecerse en un colectivo donde la mayoría de sus miembros vienen de la indigencia, la pobreza extrema o al menos de la insolvencia. Tirar de la aportaciones irregulares de las pocas compas que trabajan nos permite sacar la cabeza del agua, pero no es un método funcional durante la mayoría del año. Estamos barajando varias opciones, pero hasta dar con la más apropiada, y la mejor forma de enfocarlo, iniciamos esta campaña sine die donde cualquiera que quiera aportar y contribuir puede ponerse en contacto con nosotras a través del correo, facebook o twitter y ya les informaremos de cuál es la mejor forma de hacerlo. La idea es conseguir unos pequeños fondos regulares que nos permitan seguir con el chiringuito abierto al menos durante el 2019.

Podríamos conseguir más visibilidad, y así llegar a más gente y obtener más ayuda, por desgracia proyectos como la microred de asistencia sanitaria para migrantes o la oficina de asesoría para precarias son casi siempre incompatibles con el ruido mediático y la exposición pública de las afectadas (por propia decisión de ellas, completamente lógica). Nuestro terreno es por tanto seguir currando discretamente, desde abajo y con las de abajo, con nuestro anarquismo de barrio para pobres (unos términos que notamos cada vez molestan más), y contar sólo con la ayuda de la poca, pero muy valiosa, gente afín que aún cree que el apoyo mutuo y la autogestión son posibles. Gracias a todas ellas, estén donde estén.

La ayuda y el apoyo mutuo no pueden ser limitados por las fronteras de una asociación pequeña; deben extenderse a todo lo circundante” (P. Kropotkin, El apoyo mutuo, 1902).

FAGC

Cómo hacer tu propio spray de pimienta para autodefensa

En vista de que las agresiones machistas a mujeres no hacen más que aumentar, con la connivencia judicial y policial, las mujeres de la FAGC queremos explicarle a las compañeras que nos leen cómo fabricarse, de forma fácil y barata, un útil spray de pimienta casero. Consideramos que la autodefensa, la necesidad de protegernos a nosotras y a nuestras compañeras, es fundamental para combatir la violencia machista en unos espacios que hemos de empezar a arrebatarles: los barrios y la calle.

Métodos como el que vamos a explicar son muy prácticos para protegerse de una agresión puntual, pero si queremos ir socavando la violencia patriarcal e ir expulsándola de nuestro entorno, desde la FAGC recomendamos la creación de grupos feministas de autodefensa dispuestos a articular un feminismo de barrio que empiece a capacitarnos para defendernos ante las agresiones y para crear una red solidaria de apoyo que evite que ninguna de nosotras vuelva a caminar sola en esta sociedad donde la violencia de género, en sus distintas manifestaciones, está cada vez más generalizada. Entremos ya en materia.

Materiales que necesitamos:

  1. Pimienta cayena

  2. Aceite de girasol

  3. Alcohol de 96º

  4. Guantes de látex

  5. 2 recipientes (uno para hacer la mezcla y otro para volcar el contenido)

  6. Un platito para tapar la mezcla

  7. Cucharilla de postre

  8. Filtro de café o colador pequeño

  9. Embudo (fonil)

  10. Un pulverizador de bolsillo

  11. Lavavajillas (opcional)

  12. Salsa picante (opcional)

Pasos que hay que dar:

1º Disponte a preparar la mezcla teniendo cuidado con los niños o animales que puedas tener cerca. Cuando todo este preparado y el espacio sea seguro, ponte los guantes de látex para evitar que los productos abrasivos te impregnen las manos.

2º Echa en un recipiente aproximadamente 5 cucharadas de postre de pimienta cayena (en la FAGC nos sobra porque la usamos en nuestros huertos para repeler insectos y otros animalitos. Es barata y fácil de conseguir. Suele encontrarse en la sección de especias de cualquier comercio). Lo más cómodo es usarla en polvo, pero si sólo encuentras las guindillas enteras deberás machacarlas tu misma en un almirez con un mortero. Echa entonces un cuarto de bote y machaca hasta conseguir triturarlas lo mejor que puedas.

3º Añade al recipiente el alcohol de 96º (el suficiente para que cubra por completo la cayena y crear una pasta) y no pares de remover para que se disuelva bien.

4º Añade tanta cantidad de aceite como de cayena y sigue removiendo hasta conseguir una solución homogénea. El aceite hará que la solución se espese y se adhiera con facilidad a la superficie que vayamos a pulverizar (la cara, los ojos y las mucosas del agresor).

5º Opcionalmente puedes añadir una cucharada de lavavajillas (es irritante y aumentará la viscosidad del producto). Y también de salsa picante. Las salsas picantes de marca son caras, así que te recomendamos usar una de marca blanca. Igual de efectiva y mucho más barata. Hay compas que recomiendan echar un chorro de limón porque también es abrasivo, pero en nuestra experiencia disuelve la grasa del aceite (como también hace el lavavajillas, pero sin aportarle la viscosidad de este) y hace que pierda adherencia. También hemos visto que se recomienda echar ajo, pero hemos comprobado que acaba pudriéndose y dando mal olor y no es cuestión de llevar encima algo que apeste. Pero experimenta por ti misma hasta dar con la mejor receta y ya nos cuentas. Esta es la que usamos nosotras.

6º Tapa la mezcla (un plato vale) y déjala macerar entre 12 y 24 horas.

7º Usa un filtro o colador fino y pasa la mezcla a otro recipiente (recuerda escurrir bien para no perder ninguna sustancia) y de este a un pulverizador (uno de colonia vacío vale) con un pequeño embudo. Intenta que no se te cuele ninguna impureza, grumo o trocito de cayena, porque eso puede obstruir el pulverizador y dejarte colgada cuando más lo necesites.

8º Prueba tu spray de pimienta par de veces antes de dar el trabajo por terminado. Comparte la receta con tus compañeras y que cada una lleve el suyo. Repartirlos a las compis y vecinas y destribuirlos en charlas y eventos, además de su utilidad práctica, puede ser una buena forma de concienciar a las compas sobre la necesidad de defendernos por nosotras mismas y, si se pide una contribución económica voluntaria, también una manera de autofinanciarnos y permitir que el grupo crezca.

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente” (Simone de Beauvoir).

Naturaleza de la OEP

El gran volumen de trabajo que se nos ha presentado dados los últimos acontecimientos nos ha impedido armar la Oficina de Expropiación Popular y dotarla de todos sus recursos. Por eso seguimos articulando la lucha a través de la antigua estructura de la federación. Sin embargo, estas jornadas de trabajo intensivo nos han ayudado a seguir profundizando en cuál debe ser la naturaleza de la OEP.
Aclaramos por tanto que la OEP no se basará en mecenazgos o tutelajes de ningún tipo; se encargará de asesorar, apoyar, acompañar, implicarse y compartir herramientas con los afectados, pero son estos mismos afectados los únicos que podrán elegir hasta dónde quieren llegar en su lucha. La OEP nunca podrá ir más lejos de lo que estén dispuestos los propios afectados. 

Para bien o para mal ellos elegirán en qué frente plantar batalla, cuándo rendirse y cuándo continuar. La OEP por su parte sólo decidirá qué tipo de colaboración aportar y cómo gestionar sus propios recursos. Decidirá sobre sí misma no sobre cómo actuarán quienes se acerquen a ella.
Es por otra parte un organismo abierto y amplio, por lo cual su propia naturaleza la irán determinando quienes vayan sumándose a él. No obstante, creíamos necesario aclarar este punto. Creamos una herramienta nueva, y si como FAGC no reclamamos méritos propios y tampoco vemos necesario pasar al otro extremo y atribuirnos potenciales errores ajenos, creemos que la OEP debe aspirar a tener la misma independencia y a garantizársela a sus participantes y colaboradoras. 

11 de Abril: Memorable día de Lucha (en imágenes)

Manifiesto que se leyó en varios momentos de la concentración:

El pasado 14 de Marzo una veintena de vecinos de la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad ocupada y autogestionada más grande del Estado) recibían una notificación administrativa en las que se les informaba del decreto del alcalde de Guía Pedro Rodríguez: este decreto les daba un mes para abandonar sus casas y les amenazaba con cortarles el agua y la luz.
Los vecinos siempre hemos reclamado que nuestras viviendas pasen a ser vivienda pública en régimen de alquiler social y que con nuestros alquileres se pueda resarcir a la decena de compradores que invirtieron en el edificio. Así mismo hemos reclamado que se regularice el suministro de gua y luz, para que se nos ponga un contador y poder sufragar la electricidad, y para tener agua corriente y dejar de pagar las caras cubas que diariamente nos abastecen. Desde mediados del 2014 hemos puesto encima de la mesa estas reivindicaciones al alcalde Pedro Rodríguez y siempre hizo oídos sordos.
Hoy pretende echarnos de nuestras casas. Así que elevamos nuestra protesta y nuestras reclamaciones al mismo Gobierno de Canarias. Le exigimos a su Presidente Fernando Clavijo (CC), a su Consejera de Vivienda Patricia Hernández (PSOE) y también al Presidente del Cabildo Antonio Morales (NC), que dejen de guardar silencio ante esta situación y se pronuncien de una maldita vez.

No pueden desalojarnos, a 77 familias, 202 personas, con más de 100 menores, sin garantizarnos antes una alternativa habitacional digna y asequible a nuestros reducidos ingresos. Han sido sus políticas, las que nos han tenido años en paro, las que nos han hecho imposible el acceso a una vivienda, las que nos han obligado a tomar el techo que desde las instituciones se nos negaba. Ahora no pueden mirar hacia otro lado.
Acusamos directamente a Nueva Canarias, y a todos quienes comparten con ellos labores de gobierno y mantienen la boca cerrada, de firmar acuerdos contra los desahucios y contra la pobreza energética y al mismo tiempo intentar batir el record del mayor desahucio masivo de todo el Estado español: primero en la Esperanza con más de 200 personas y luego en Brisas de Sardina con otras tantas.
No vamos a permitir impunemente que se nos eche de nuestras casas. Reclamamos que se nos dé una alternativa habitacional ya o que nos dejen seguir dónde estábamos. Hasta que no suceda una de estas dos cosas LA CALLE SEGUIRÁ GRITANDO.
Ningún desalojo sin respuesta.
Preparando el «material de guerra»

Más munición

Algunas de las «madres coraje» de la Comunidad antes de salir de Guía

Comienza el ruido frente al Gobierno de Canarias

La concentración empieza a aumentar de número, llegan más vecinos y sobre todo estudiantes de la ULPGC

Se habla claro, se grita mucho

«Gobierno, escucha, La Esperanza está en lucha»

Foto de familia. Agradecidos a todas las personas y colectivos que acudieron

A mitad de la concetración interceptamos a la consejera de vivienda del Gobierno de Canarias Patricia Hernández y le hacemos escuchar nuestras exigencias. Dice, ante los medios, que «no se puede desalojar a 200 personas». Seguiremos presionando, no hay otra forma de que no sean sólo palabras

Última foto antes de abandonar el Gobierno de Canarias

Nos trasladamos al Cabildo, donde nos enteramos que hay reunión de alcaldes

Nos apostamos frente a la entrada principal

Leemos nuestro manifiesto nuevamente ante los medios

Pedro Rodríguez, el alcalde que quiere desalojarnos, se escabulle por la puerta trasera. Pero nos topamos con Fernando Clavijo, presidente del gobiern autonómico

El político afirma, también ante los medios: «si no hay denuncia de la propietaria no entiendo el decreto». A pesar de las espectativas generadas ni echamos las campanas al vuelo, ni consideramos esto una victoria, ni tenemos la confianza que aducen los medios. Las palabras sólo valen si se acompañan de hechos y se mantienen cuando se apagan las cámaras y los focos. Aún así, gran día de lucha; uno de los cientos que nos quedan por delante.

Una de las muchas crónicas que han hecho los medios de la concentración: La ‘Esperanza’ se planta delante del Gobierno de Canarias (Canarias Ahora)

Ante el intento de desalojo de 80 familias

Ante el intento de desalojo de 80 familias en Sardina del Sur
La Federación Anarquista de Gran Canaria quiere dar a conocer este caso a la opinión pública que, a pesar de su gravedad, está siendo sumido en un silencio informativo, sobre todo en los medios de izquierda, que sólo puede deberse a la tergiversación mediática de la vieja política parlamentaria. Vamos a intentar arrojar luz sobre el asunto.
Antecedentes:
Unos 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de un lustro en el edificio Brisas de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). El constructor de la edificación (Construcciones Déniz Sánchez) cambió torpemente el proyecto antes de terminar la obra y por esta cuestión, meramente burocrática y de la que sólo es responsable el constructor, el edificio no cuenta con cédula de habitabilidad. El recinto, al que hemos acudido personalmente, reúne todas las condiciones higiénicas y estructurales para ser habitado, como recoge el mismo informe pericial arquitectónico de la constructora. Desde que entraron los vecinos han estado pagando su alquiler y todos cuentan con contratos y recibos que lo atestiguan.
Esta cuestión, exclusivamente administrativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva siendo gobernado por lo que ahora conocemos como Nueva Canarias desde hace más de 30 años (actualmente en tripartito con el PSOE y Canarias Decide [una coalición de Izquierda Unida, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana]), ¿cómo ha querido solucionarla? Intentando echar, por todos los medios posibles, a esas 80 familias, con más de 100 menores, a la calle. Pasamos a explicarlo.

El conflicto:
Después de incoar al constructor a que cumpla los trámites para obtener la cédula correspondiente y así puedan regularizarse los suministros eléctricos y acuíferos, lo lógico y razonable es que si el constructor se niega a hacerlo, o no puede, por hallarse en bancarrota, se busquen todas las soluciones políticas posibles para solucionarlo sin perjudicar a los vecinos. En vez de eso, un ayuntamiento que viene a representar a la gran mayoría de la izquierda institucional local, se decide a ordenarle al constructor, de forma completamente irregular, que él mismo desaloje el edificio. Así se le notificó en una nota emitida por el propio ayuntamiento el 28 de octubre de 2015, y posteriormente de forma directa a los vecinos, el 14 de diciembre; nota que ahora mismo tenemos delante.
Si el edificio no cuenta con un abastecimiento eléctrico reglado y tiene que valerse de un equipo electrógeno que le proporcione luz, lo natural es que esta corporación de «izquierdas», tan «preocupada» por el «bienestar social», hubiera habilitado ella misma un punto de luz cuyo consumo podrían costear los propios vecinos hasta que se arreglara el problema administrativo. En vez de eso es mucho más fácil y «socialmente comprometido» intentar echar a 80 familias a la calle, sin ofrecerles siquiera una alternativa habitacional.
Se habla del riesgo que supone dicho grupo electrógeno; supuestamente en la calle, sin más refugio que la intemperie, se está muchísimo más seguro. 
Lo humano e inteligente hubiera sido hacer lo mismo con el agua, y garantizarles un suministro regular temporal que no obligara a los vecinos a abastecerse con cubas. En vez de eso se le ordenó al promotor, a golpe de decreto, que la cortara él mismo y, ante su negativa, se han enviado técnicos que han intentado hacer lo propio de forma extrajudicial. 
Esto es muy significativo si recordamos que son estos partidos, de Nueva Canarias a Izquierda Unida, los que se llenan la boca hablando contra los desahucios, les ponen ojitos a las plataformas pro-vivienda y firman acuerdos para que supuestamente ninguna familia tenga que volver a sufrir un desalojo. Y hacen todo ello mientras intentan echar a 200 personas a la calle. Sí, es verdaderamente muy significativo si recordamos también que tanto Nueva Canarias como PSOE firmaron el año pasado un acuerdo sobre “pobreza energética” para que “ninguna familia se quedara sin suministro”. Ahora, no obstante, son estas mismas formaciones las que quieren dejar a 80 familias sin agua ni luz para que abandonen sus casas por su propio pie.
Esto, que supone un verdadero escándalo, hubiera sido portada de algunos de nuestros medios contra informativos. En vez de eso se usa al brazo demagógico del tripartito, Canarias Decide (en el municipio de Santa Lucía en gran parte fagocitada por Unidad del Pueblo), para que vomite comunicados, como el publicado en Canarias Semanal (28/1/2016), y que no tiene otra intención que amortiguar el ruido que pudieran provocar las protestas de los vecinos. La izquierda dinosaúrica mueve sus anquilosadas fauces para monopolizar el discurso e intentar crear una hegemonía informativa que silencie sus políticas anti populares.
A todas las irreguladades narradas se suman muchas otras. Podríamos hablar por ejemplo de las enormes dificultades que está presentando el ayuntamiento para que los vecinos del edificio Brisas de Sardina se empadronen. Cada vez que van a empadronarse les ponen infinidad de trabas, alegando que el edificio es «ilegal». Estos funcionarios, torpemente teledirigidos, parecen olvidarse de que según su legislación empadronarse no es un privilegio o un derecho, sino un deber, una obligación que impone la administración para saber dónde reside cada ciudadano. Lo que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer aún sin querer, a estos vecinos se les impide. ¿Es este un recurso para negar que en el edificio viven más de 200 personas, para no tener que facilitarles suministros ningunos?
Detrás de tanta suciedad política, que raya la pura y dura prevaricación, se encuentra la alargada sombra de los intereses creados. Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta (que ya no vive en el edificio) como justificación de su reciente interés por el inmueble. Sería muy triste ratificar que todo pudiera responder a una burda operación de especulación inmobiliaria, que todo fuera un intento de desalojar a los vecinos por vía administrativa, para ahorrarse un largo proceso judicial, y así poder dejarle el recinto, libre de cargas, a alguna entidad bancaria o financiera para que pueda proceder a su explotación. Por si acaso, y atendiendo a lo que empieza a comentarse por el municipio, lanzamos el aviso.
La respuesta:
Los vecinos de Brisas de Sardina no van a permitir que este abuso ocurra impunemente. Ya han constituido una plataforma de afectados y en breve una asociación de vecinos, han organizado movilizaciones y también demuestran su solidaridad implicándose en otros desahucios cercanos. 
A todo esto se suma que un tribunal les ha dado provisionalmente la razón y que ha detenido el intento de desalojo y de corte de agua ordenado por el ayuntamiento. Sin embargo, es solo una batalla ganada en una guerra que se antoja larga.
Desde nuestra trinchera vamos a luchar para que se rompa el cerco informativo que rodea este caso, para hacer que la información transcienda del municipio, de la isla y llegue al resto del Estado. En breve los vecinos convocarán una rueda de prensa multitudinaria a la que esperamos que acudan todos los medios posibles. Allí, libres de prejuicios, podrán ver cómo se disuelven una a una las mentiras lanzadas desde el gobierno municipal.
Nosotros proponemos también que se elabore un comunicado de apoyo que obligue a todas las organizaciones populares a significarse: o están con la política institucional y sus intereses o están con el pueblo y sus necesidades. Es muy cómodo ir a las convocatorias de los vecinos y salir en la foto, pero el apoyo meramente personal no causa la misma presión que la colectiva. Si apoyan a los vecinos que lo demuestren de verdad, que se mojen ellos y también sus siglas. Esas son las que deben comprometerse, las que deben demostrar si están jugando con una baraja o con dos. La FAGC anuncia que firmará desde ya un comunicado que vaya en esa dirección.
A parte de eso, nos comprometemos a ayudar en todo lo que sea necesario a los vecinos. Esta lucha, por muchas connotaciones políticas y económicas que tenga, es, no lo olvidemos, inminentemente social. Y si no que se lo pregunten al centenar de menores que junto con sus padres corren el verdadero peligro de perder sus casas.

FAGC