Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria mostramos nuestra máxima solidaridad y apoyo incondicional al compañero Ruymán Rodríguez ante la campaña de difamación y calumnias orquestada por el Estado a través del periódico “Canarias 7”.
Aún nos impacta la vergonzosa falta de ética de este medio de comunicación, que reproduce exclusivamente la versión del Estado como si se tratase de un medio oficial, sin consultar a la otra parte afectada para contrastar los hechos.
Entendemos que se trata de otro montaje policial con el fin de criminalizar la lucha por una vivienda digna en una región con cerca de 1.000 desahucios por trimestre y más de un 40% de la población en riesgo de pobreza. Se trata, sin duda, de un ataque directo a un afiliado, como si se tratara de un personaje público, para castigarle por su militancia y desactivarle políticamente. No lo permitiremos.
La versión que publica este medio servil es completamente falsa. Ruymán Rodríguez fue detenido de forma ilegal en abril de 2015 por una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada y archivada días antes. La propia Guardia Civil había recogido y documentado la retirada de la denuncia. Sin embargo, aún así fue detenido y llevado al cuartelillo de Guía, donde fue insultado, vejado y golpeado hasta el punto de que tuvo que ser trasladado a un centro de salud y, posteriormente, al Hospital Dr. Negrín como demuestra el parte de lesiones y un auto en el que se abre una causa por tortura contra los guardias civiles que aún sigue abierta. Esta detención arbitraria no se debió a un error, sino un ataque directo para amedrentarle y forzarle a abandonar la Comunidad “La Esperanza”, donde viven más de 200 personas en régimen de precarista. No está de más recordar que en ese acuartelamiento ha habido agentes condenados este mismo año por falsear documentos.
Al contrario de lo que recoge el tabloide “Canarias 7”, el hecho que motivó la detención injustificada no fue una denuncia por extorsión, delito que no aparece mencionado en ningún momento en la acusación del Ministerio Fiscal, sino por allanamiento. Esta denuncia fue presentada por una señora que ocupó una vivienda en “La Esperanza” sin permiso de la Comunidad, saltándose los protocolos y entrevistas internas de la propia Comunidad para entregar una vivienda. Esta señora denunció a toda la comisión de Realojo (unas 6 personas) de la propia comunidad porque ésta le exigió que abandonara la vivienda para destinarla a una familia que la necesitase. Cabe resaltar que el compañero Ruymán no estaba presente en el momento del conflicto entre la comisión y la señora. A pesar de ello, fue la única persona detenida y agredida por las fuerzas de seguridad del Estado. Días después, la asamblea de la Comunidad “La Esperanza” logró aclarar el asunto con la señora, que accedió a abandonar la vivienda que había ocupado sin permiso y retiró la denuncia. No se explican entonces la detención arbitraria, las vejaciones, los insultos y las agresiones que acabaron con nuestro compañero en el hospital. Mucho menos se entiende la acusación por parte de la Guardia Civil de “atentado a la autoridad” por una supuesta patada a un agente que le provocó una “fricción” en la pierna. Una fricción por la que le piden, encima, un año de prisión y 700€ de multa.
Además de recoger la versión oficial, el diario satírico “Canarias 7” da pábulo a las repugnantes calumnias vertidas por el Estado sobre nuestro compañero. Le acusan falsamente de extorsión. Sólo hay que consultar la acusación del Ministerio Fiscal para descubrir que no hay ni una sola mención a tal delito.
Entendemos que estas asquerosas mentiras sólo buscan desacreditar la figura de un compañero que ha perdido salud, tiempo y dinero por asegurar una vivienda digna a personas con necesidad. No sólo buscan desacreditarle a él, sino a todas las que luchan porque no haya familias que duerman en la calle. La FAGC y el Sindicato de Inquilinas siempre han luchado contra la especulación y venta de casas socializadas. Tanto es así que el Sindicato, incluso, sólo se financia mediante una cuota simbólica de 1 euro al mes que ni siquiera todas las afiliadas están obligadas a pagar porque para muchas supone un cartón de leche menos en la despensa. A estas alturas nos sorprende poco que el Estado recurra a estas miserables artimañas, pero confiábamos en que quedara un poso de decencia en este medio de comunicación. Nos equivocamos.
Por todo ello, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria quiere declarar que:
1. Apoyamos y defendemos incondicionalmente la inocencia de nuestro compañero Ruymán ante las mentiras y calumnias del Estado y sus medios serviles.
2. Jamás permitiremos la criminalización de la lucha por los derechos fundamentales y combatiremos con todas nuestras fuerzas y por todos los medios posibles a quienes traten de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones por medio de la violencia física y mediática.
3. Llamamos a toda la población canaria y a las organizaciones sociales a protestar contra esta campaña orquestada desde las cloacas del estado y reproducida por los medios esbirros y lamebotas. Cuando atacan a quienes defienden derechos tan básicos como tener un techo, nos atacan a todas.
Como siempre, se trata de una lucha entre opresores y oprimidas, entre quienes desahucian y quienes se juegan el pellejo para que nadie duerma en la calle. Ellos tienen el poder y los altavoces, pero nosotras somos más y las calles, cuando mueren las sirenas y las luces azules, siempre vuelven a ser nuestras.
