La compañera Daniela (vecina de “La Ilusión” y madre de un bebé con discapacidad intelectual y dos niñas de 14 y 15 años que vivía en un cuarto de aperos semiderruido, sin puerta ni ventanas), es la primera vecina de la comunidad en ser realojada, con un alquiler social de 11 € al mes, en una vivienda pública de Visocan. Al contrario que el resto de vecinos, quienes mediante la intervención del Sindicato llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria en quiebra que era propietaria del edificio, Daniela llegó a “La Ilusión” redirigida por los Servicios Sociales del ayuntamiento de Telde. Se trata, además, de un caso excepcional, ya que su casa tenía problemas de habitabilidad y urgía encontrarle una alternativa habitacional. Sigue leyendo Primera familia realojada de “La Ilusión”
Ruymán Rodríguez es uno de los referentes del Sindicato de Inquilinas, colectivo que colabora con personas que sufren desahucios. El último caso de Nereida y Natalia Espino en la Vega de San José es para él un ejemplo de una mezcla de «incompetencia y perversión» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al que acusa de no tomar medidas al alcance de su mano para revertir estos casos.
La Sareb solicitó el aplazamiento de la vista que debía celebrarse este martes por la negociación con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde
El juicio por el desahucio de las familias de Valle de los Nueve se paraliza un mes
Las 14 familias precaristas que habitan un edificio de viviendas en Valle de los Nueve han logrado salvar de momento la orden de desahucio que pesa sobre ellas. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o ‘Banco Malo‘, propietaria del inmueble solicitó ayer al juzgado número 1 de Telde, donde esta mañana debía celebrarse el juicio, un aplazamiento de un mes, según informaron abogados de los afectados al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Sobre sus cabezas, un presunto delito de usurpación que encausa por la vía penal a cuatro de las 14 familias. Sigue leyendo El juicio por el desahucio de las familias de Valle de los Nueve se paraliza un mes
A principios de diciembre de 2018, los vecinos de la Comunidad “La Ilusión” (una comunidad autogestionada de familias sin recursos que habitan como precaristas un edificio abandonado, actual propiedad de la SAREB, en Telde) recibían una notificación judicial denunciados por la SAREB. Era el intento, por la vía civil, de desalojarlos de sus viviendas. Las vecinas contactan con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Gran Canaria, e iniciamos una contraofensiva, legal, mediática y de presión institucional, que tuvo como consecuencia que Gaspar Palenzuela, director de RSC de la SAREB, afirmase públicamente que la SAREB detendría el proceso de desahucio e iniciaría negociaciones con el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias (fuente: La Vanguardia ). Algo que ya nos habían confirmado anteriormente las instituciones: Ayuntamiento y Gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que no dejarán desatendidas a las familias de Valle de Los Nueve amenazadas por un desahucio
Contrariamente a este compromiso público, el pasado 22 de mayo de 2019, 4 viviendas de “La Ilusión” recibieron una nueva citación judicial para este próximo 11 de junio. Nuevamente han sido denunciados por la SAREB por un “delito leve sin especificar” (ya podemos confirmar que se trata de “usurpación”). Esto significa que la SAREB reinicia el trámite, esta vez por vía penal, para desalojar a las familias de sus casas.
Esta información ya ha sido puesta en conocimiento, por vía personal o informática, del Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias y la propia SAREB. O bien no hemos recibido respuestas o de recibirlas han sido vagas e insatisfactorias.
Es por todo esto que las vecinas de “La Ilusión” y el Sindicato de Inquilinas convocan e invitan a todos los medios de comunicación a la rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes día 10 de junio en la propia Comunidad “La Ilusión” (c/ Dos de Mayo, nº 74, Valle de los Nueve, Telde) a las 10:00 a.m..
La Comunidad, compuesta por 14 familias, 41 personas (20 adultos y 21 niños), reclama, junto con el SIGC, que el proceso legal vuelva a paralizarse, pues la situación económica, social y habitacional de las familias no ha variado y la intención de desahuciarlas, sin otra alternativa, sigue siendo un grave atentado humanitario.
El Sindicato de Inquilinas afirma que el desalojo de Nereida y Natalia no tiene fundamento legal y que pelearán en la justicia por la «responsabilidad» del juzgado y del Ayuntamiento capitalino, por la actuación en el caso de la Policía Local.
El Sindicato de Inquilinas hace bandera de la lucha por las hermanas Nereida y Natalia Espino y sus hijos, desahuciadas el pasado martes en la Vega de San José en un caso esperpéntico en el que primero fueron estafadas y luego fueron desalojadas con una orden a nombre de otra persona. Ruymán Rodríguez, portavoz de la asociación, asegura que el desahucio fue «ilegal» y anuncia acciones ante la justicia para tratar de revertir el caso.
El caso de Nereida y Natalia está lleno de singularidades. Primero accedieron a su vivienda tras responder a un anuncio en Internet, que resultó ser una estafa ya que quien les cobró el acceso al inmueble nada tenía que ver con él. Luego recibieron la notificación de desahucio a nombre de una antigua inquilina, y cuando intentaban llegar a un acuerdo para pagarle por el piso a sus propietarios reales fueron desahuciadas sin notificación previa.
Ese punto final es el que tiene «enfadadísimos» a los integrantes del Sindicato de Inquilinas, que anuncian un plan de actuación contra el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.
El portavoz del Sindicato de Inquilinas asevera que la actuación del pasado martes está fuera de cualquier base jurídica. «A los funcionarios judiciales, no puede ser que el propio sistema jurídico se salte las leyes. Un desahucio se tiene que celebrar con un protocolo. Se tiene que notificar previamente a las familias, a su nombre, y darles un plazo legal para que abandone la vivienda», aseveró.
Por eso, significa, que no se tuvieron en cuenta leyes elementales en este tipo de situaciones. «Existe un decreto gubernamental que establece que a las familias, con menores a su cargo, no se les puede echar de su casa sin que haya antes un informe de servicios sociales. Y, sobre todo, sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sin que haya una alternativa habitacional. No se ha respetado absolutamente ninguna de sus leyes», dijo.
Actualmente están alojadas en una vivienda del Sindicato
Roríguez indica que «consideramos totalmente responsable al Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha actuado ilegalmente. Sabían perfectamente que si lo notificaban con tiempo íbamos a interponer recurso, que ellas se personarían en la causa e íbamos a usar todos los medios legales a nuestro alcance para detener el desahucio y habría repercusión mediática y que los políticos se iban a sentir presionados e iban a tener que mediar. Por eso lo han hecho de forma alegal».
Y añade que «también queremos denunciar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, directamente al alcalde Augusto Hidalgo. A estas mujeres las desahucia la Policía Local, los GOIA. Por lo que el Ayuntamiento se podría haber inhibido de sacar a dos mujeres a la calle y dejar a tres menores a la intemperie. Incluso las lesionaron al hacerlo, por lo que intentamos hacer una denuncia y no nos dejaron. Nos dijeron que se haría de oficio y nos pidieron la identificación de los agentes, pero no lo pudimos hacer porque tenían su placa tapada».
Tensión.
Nereida y Natalia ya están algo más enteras. El jueves por la noche les conectaron la luz en el piso en el que el Sindicato de Inquilinas, de sus comunidades autogestionadas, les ofreció como alternativa habitacional después del desahucio. Pero siguen viviendo en sus carnes el dolor de ese momento. «Tuve hasta que rogar para que me dejaran coger nuestras cosas en la casa. Fue un policía quien convenció a la dueña para que nos dejara pasar. Yo nunca me negué a nada, quisimos hablar con la dueña para que nos dejara pagarle un alquiler por la casa, pero no hubo manera», expone Nereida, que todavía tiene en el cuerpo las marcas que le quedaron del forcejeo con los policías.
«He llamado muchas veces al concejal del Ayuntamiento para pedir que nos ayuden y su secretaria siempre me dice que ya él conoce mi caso y me llamará. Ni siquiera después de que nos hayan desalojado se ha tomado la consideración de llamarme», expone Nereida dolida por la situación.
Un papel amarillo.
Nereida y Natalia Espino se quejan de que no recibieron ninguna notificación oficial del desahucio. «No solo no nos lo notificaron de manera previa, es que cuando les pedí una orden cuando ya estaban dentro de la casa la funcionaria de justicia, riéndose, me dijo que ya se estaba haciendo mientras escribía en un papel amarillo que me dio como justificación de que nos echaban a la calle», cuentan.
Ayer, día 4 de junio (2019), se produjo algo inédito, en mi experiencia militando en vivienda, en la Vega de San José (parece que la palabra “Polígono de San Cristóbal” ya está institucionalmente prescrita): 2 madres, que vivían como precaristas en una vivienda abandonada, fueron desalojadas violentamente por la policía, a las órdenes de una funcionaria judicial, del domicilio en el que vivían con sus tres hijos, sin notificación judicial previa, sin un margen razonable y oficialmente comunicado para abandonar la vivienda, sin requerir juzgados informe previo de los servicios sociales, sin que se hayan establecido las prórrogas que la propia ley establece en caso de que haya menores, sin posibilidad alguna de interponer ningún recurso. La policía asaltó la vivienda, sacaron a las vecinas a la calle a rastras y al instante sus cerrajeros cambiaron la cerradura (me consta que ninguna de estas personas, de policías a cerrajeros desahuciadores, se han planteado la posibilidad de dedicarse a limpiar escaleras). Nereida y Natalia (dos hermanas con uno y dos hijos respectivamente) hoy denunciarán los hechos. No obstante, saben que no servirá de nada, porque aunque judicialmente se les diera la razón, jamás podrán recuperar su domicilio. Así funciona el sistema. Sin número de identificación (todos los policías lo llevaban tapado) no se podrá denunciar a ningún agente concreto por la violencia sufrida, y la denuncia se archivará en cuanto no pueda identificarse a ningún agresor. El sistema es esto.
El único documento “legal” (no perdamos el humor) que se le entregó a las hermanas es una copia de carbón amarilla que viene a decir: “se las invita a irse y al no abandonar la vivienda se avisa a la fuerza pública para que las desaloje”. Hermosa gramática la del Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Las Palmas. Faltan violines, y que se oiga un poco más el chapoteo de fondo entre la tinta y la sangre. Ese papel, escrito sobre la marcha, de letras irregulares e ilegibles, es lo que vale la vida de 5 personas. Esa es su ley.
Y eso no es todo… Nereida y Natalia todavía tuvieron que suplicar para que les dejaran sacar sus cosas de la casa. Cuando me enteré y me personé allí, la imagen que vi no pudo ser más terrible. Toda una vida, de colchones, mesillas y juguetes de niños, tirada en un rellano, o directamente en la calle. El único oxígeno lo proporcionaban los vecinos y la gente del Sindicato de Inquilinas que estaban allí y trataban de reconfortar a las hermanas.
El problema en este caso no ha sido sólo la completa dejación de las instituciones, algo a lo que ya estamos acostumbrados, por mucho que el Ayuntamiento se vista de rojo progresista y hable de “sensibilidad social”. Su total indiferencia ante la emergencia habitacional que vivimos en Canarias, especialmente en Las Palmas, es ya un lugar común. Que Nereida y Natalia no hayan podido en estos meses, desde que paramos el primer intento de desahucio en marzo, reunirse con ningún responsable institucional de vivienda y que hayan sido completamente ignoradas, es parte del ritual al que someten a cualquier vecino pobre del municipio. Es lamentable acostumbrarse a la ineptitud y que ya ni nos sorprenda. También es patético ver como unos movimientos sociales completamente domesticados, atiborrados de subvenciones, no denuncian ya ni un desahucio en la isla aunque los casos se les amontonen en la puerta. Pero repito, el problema principal no ha sido esta vez tanto la incompetencia institucional, su papel pasivo, como su participación. Es mejor sufrirlos cruzados de brazos que cuando intervienen, porque ¿saben qué cuerpo policial es el que saca violentamente a ambas mujeres a la calle causándoles lesiones? Es la policía local, los GOIA, su cuerpo antidisturbios, movilizados, necesariamente, bajo el mandato del Ayuntamiento de Las Palmas y en última instancia de su alcalde, Augusto Hidalgo. Ese es el “ayuntamiento popular”, el que iba a pararle los pies al fascismo, el ayuntamiento “del cambio”… Suerte que al fascismo se le combatía con urnas.
El otro gran responsable que toca señalar es el aparato jurídico y represivo-policial del sistema. Llevan meses alertándonos sobre el peligro de la entrada del fascismo en las instituciones, ignorando que en nuestros barrios el fascismo lleva décadas campando a sus anchas en juzgados y comisarías. El pibe menos espabilado del barrio ya sabe que hay “leyes para pobres” y “leyes para ricos”, “leyes de sangre” y “leyes de papel” y que es peor robar cuatrocientos euros que un millón. La ley es una espada: es vertical y siempre cae hacia abajo. No tiene otro principio que salvaguardar la propiedad privada y el monopolio de la violencia por parte del Estado. Todas las infracciones del Código Penal aluden a uno de los dos supuestos. La ley es un rodillo implacable que aplasta los barrios, al okupa, a la precaria, al indigente, a la obrera pobre, y una farsa de cosquillas y regañizas cuando entra en las urbanizaciones y afecta a empresarios, banqueros y políticos (mientras no cuestionen la unidad de España, obvio). En nuestros barrios siempre se ha respirado fascismo y una lección clara: el sistema estatal se basa, principalmente, en la fuerza bruta. Esto es lo que hemos corroborado, vecindario incluido, en el caso de Nereida y Natalia.
El SIGC lleva medio año parando desahucios a una media de 200 por trimestre. En juzgados tomaron nota. Notificarlo previamente supondría ponernos en alerta, que interpusiéramos recursos, llamáramos a los medios y “armáramos jaleo”. Con la lección aprendida, han preferido un desahucio cautelar, sin juicio alguno, sin notificación de ningún tipo, sin opción de interponer recurso. Saben que, aunque el desahucio se considere ilegal o irregular y así se pueda demostrar en sede judicial, Nereida y Natalia ya están fuera, y sin ninguna posibilidad de recuperar su vivienda. Ahora, por cierto, la casa seguirá abandonada otro par de años, rodeada de cámaras de seguridad (lo primero que hicieron los propietarios, que siempre se han negado a llegar a ningún tipo de acuerdo) y completamente bunquerizada.
En definitiva, el sistema ha tomado la vía de la fuerza, de actuar de imprevisto, implacablemente, porque sabían que por la otra, la de estrategia y el cálculo, aún no han conseguido ganarnos. Lo que ha pasado sienta un fatal precedente que debería alarmarnos a todos: en Gran Canaria se ha producido un desahucio que viola todas sus cacareadas garantías procesales, sin notificación judicial alguna y sin otro papel “legal” que una hoja de calco manuscrita. La indefensión jurídica, imposible en esta “avanzada democracia” (si alguien nombra ahora a Venezuela es posible que obtenga unos créditos extras en las próximas oposiciones), se viste de largo en nuestros barrios y empieza a reprimir por encima de sus posibilidades. Lo que ha ocurrido es un ataque directo al SIGC, a su influencia y su forma de proceder, un intento de contrarrestar su capacidad de maniobra. Lo que ha ocurrido es un ataque directo a la clase obrera canaria, una declaración de guerra que dice: a donde no llega la fuerza de ley, llega la ley de la fuerza.
Los anarquistas llevábamos advirtiendo esto desde hace tiempo: la vía legal es muy limitada, y es el propio sistema el que vuelve la ley rígida o laxa a su conveniencia. La gente pobre se está situando al margen de las leyes porque el sistema hace tiempo que ha situado las leyes al margen de ellos. Urge radicalizar respuestas, análisis y estrategias, o nos despedazarán poco a poco y se quitarán una de sus grandes preocupaciones de encima.
Ayer por la noche Nereida y Natalia, con sus tres hijos, fueron realojadas. Y no fue por las instituciones, la labor de los servicios sociales, la iniciativa gubernamental, la exigencia de una sentencia o la intervención de la jurisprudencia europea. Lo hizo la FAGC y el SIGC, con el apoyo y cobertura de los vecinos y simpatizantes, socializando una vivienda de urgencia en una de las últimas comunidades autogestionadas que se han sumado nuestro proyecto de recuperación habitacional: “La Barricada”. El nombre no podría ser mejor. En ella estamos y no la abandonaremos por muchas leyes de sangre que nos vomiten a la cara.
Según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, desde septiembre hasta ahora, el precio medio del alquiler en la provincia oriental canaria ha aumentado en 248 euros
El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria cree que la “inoperancia” de las instituciones a la hora de crear un plan de vivienda y el número de inmuebles vacíos en manos de los bancos son algunos de los causantes de esta inflación de precios
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional culpa a la administración pública de no buscar soluciones «reales» al problema y camuflarlo echando la culpa “al último que llegó o al que más ruido hace”, refiriéndose al negocio del alquiler vacacional
«Magnífico piso en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria»; «bonito estudio en el centro de la ciudad»; «piso amueblado, práctico, muy bien comunicado» o «sólo buscamos funcionarios». Así comienzan muchos de los anuncios de viviendas de alquiler en diferentes webs en Canarias. Y continúan, «tres meses de fianza»; «contrato fijo y nómina superior a los 18.000 euros anuales»; «al menos un aval», etc. Cada día se publicitan en las Islas cientos de pisos con unos precios que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, contribuyen a la creación de barreras económicas y burocráticas. La ausencia de una política de vivienda que ‘meta mano’ en este asunto se traduce en unos resultados objetivos: 997 de euros de media en el precio de alquiler en la provincia de Las Palmas, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, y 138.000 inmuebles vacíos en el Archipiélago.
Desde el pasado mes de septiembre hasta ahora, la media del alquiler ha aumentado en 248 euros en la provincia de Las Palmas, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez. Unos datos que se contradicen con la situación que viven los isleños: más del 40% de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza y los trabajadores sobreviviendo con uno de los sueldos más bajos de todo el país.
Rodríguez aclara que esto se debe, en primer lugar, a la «inoperancia» de las instituciones. El portavoz del sindicato explica que, en la mayoría de los países de Europa, con sueldos muchos más elevados que en España, entre el 30 y 40% de la población vive en régimen de alquiler social. En España sólo representan el 3% de la población.
Otro de los factores influyentes es el elevado número de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres después de que estallara la burbuja de la construcción y la crisis económica. En estos momentos, cuando las islas sufren la mayor subida de alquiler de la historia, hay 138.000 viviendas sin habitar. Hay un exceso de demanda y un déficit de oferta que no tendría por qué existir.
Ante esta situación, desde el colectivo se plantea la rehabilitación y finalización de esas viviendas, muchas a medio construir. «Llevan nueve años sin edificar ningún tipo de vivienda pública y ni siquiera creemos que el modelo sea construir e invertir en hormigón, sino que se llegue a un acuerdo con los titulares de esas viviendas abandonadas y se habiliten para todas esas familias».
Vivienda vacacional en Mogán. ALEJANDRO RAMOS
La empresa pública de promoción de viviendas de alquiler es otra de las barreras que complica el problema de la falta de vivienda en Canarias. Desde el sindicato de inquilinos tachan de «ineficaz» la gestión de Visocan ya que mantiene muchas casas vacías, sobre todo en la capital grancanaria. «En Ciudad del Campo hay gran cantidad de casas sin habitar y no se entregan a pesar de que hay personas demandando vivienda», aseguran.
El vicepresidente y abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, sostiene posturas coincidentes en relación al problema del alquiler en las Islas. La recuperación económica que vive el país facilita a los arrendadores subir los precios del alquiler tratando de recuperar el nivel precrisis. «Desafortunadamente los salarios de la población no han crecido en la misma medida», lamenta.
A esto se le añade la existencia de fondos de inversión y grandes entidades bancarias que cuentan con un gran ‘stock’ de inmuebles vacíos. «Hace unas semanas la ONU dio un toque de atención a España para que metiera mano a los fondos buitre que no ofertan las viviendas y especulan con sus precios», recuerda el vicepresidente del colectivo. Asimismo, Valentín opina que la ausencia de un plan de vivienda pública y el retraso en las ayudas al alquiler por parte del Gobierno de Canarias son otros factores que respaldan la inflación de precios.
El alquiler vacacional, «se trata de un elemento que ha entrado a formar parte de este juego social en relación con la vivienda». Valentín cree que desde la administración pública no se buscan soluciones reales al problema y se camufla culpando «al último que llegó o que más ruido hace». Según datos de la asociación, las VV (viviendas vacacionales) solo representan un 3% en Canarias. «No hay quien se crea que el 3% de las viviendas estén causando la subida de precios», afirma.
Anuncio de un piso de alquiler en Gran Canaria.
«Hay propietarios que han decidido sacar su vivienda de alquiler de larga temporada y lo dedican al alquiler vacacional. Al fin y al cabo, cada persona dedica su vivienda a la finalidad que considere más oportuna».
Por el contrario, el portavoz del sindicato de inquilinos considera influyentes a las VV en esta subida de precios. La decisión del Gobierno autonómico de regularlo solamente en zonas turísticas hace que «en muchos barrios obreros existan este tipo de alquileres», afirma Rodríguez. «Se está dando el proceso de gentrificación, las personas se van de los barrios donde nacieron, crecieron y tienen su red apoyo familiar porque no tienen forma de seguir viviendo», lamenta.
Rodríguez asegura que el barrio de La Vega de San José, en la capital grancanaria, es uno de los más afectados por este proceso. Es muy habitual observar la placa distintiva de VV en esta zona de la ciudad. Además, el hecho de que se sitúe allí el Palacio de Justicia hace que los funcionarios quieran tener viviendas cerca y se inflen los precios del alquiler. «En San Cristóbal tenemos registrado un estudio de 30 metros por 600 euros, una locura. ¿A cuánto se está alquilando el metro cuadrado?», se cuestiona.
En otros casos, tras un breve rastreo en diferentes webs de alquiler, se puede observar: un apartamento de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Arguineguín (Mogán), 850 euros mensuales; un piso de una habitación y 50 m2 en la zona Isleta-Puerto-Guanarteme por 1.000 euros; un estudio en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, por 800 euros; una casa terrera a 50m en la playa de Arinaga, tres habitaciones por 975 euros, entre otros muchos.
Anuncio de un piso de alquiler en Gran Canaria.
«Si casi la mitad de la población es pobre y tiene los alquileres más caros abocas a mucha gente a la indigencia, aumentan el número de desahucios. La circunstancia es de emergencia habitacional, pero oficialmente no se declara».
La emancipación «una utopía»
Uno de los índices de paro más altos en Canarias se da entre la población joven, de 20 a 25 años. El acceso al empleo es cada vez más difícil y la emancipación se ha convertido en «una utopía», opina Rodríguez. «Estamos asistiendo a jóvenes que viven en una situación totalmente precaria», insiste. «Alquilan habitaciones entre dos o tres y en un apartamento de tres habitaciones acaban viviendo unas 10 personas para poder sufragar el alquiler entre todos».
El portavoz de los inquilinos grancanarios añade que «otros muchos no pueden irse de alquiler y tienen que seguir viviendo con sus padres». Lo «peor» de esta situación, opina, se da cuando los servicios sociales «reprueban» estas condiciones de vida considerando que «no son óptimas», pero las instituciones «no hacen ningún tipo de programa de vivienda útil». «Sin nómina, sin tres o cuatro meses de fianza y sin ningún tipo de aval no se concede un contrato de alquiler».
«El sueldo mínimo interprofesional está en 900 euros, que no quiere decir que todos los trabajadores lo cobren, y la media del alquiler en la provincia de Las Palmas está en 997. Ni con el 100% de tus ingresos pagas una casa». En este punto señala que la situación de las familias ha cambiado y se han creado nuevos modelos. «Hay muchas madres solteras que dependen de un salario único y exclusivo para sacar a su hijo adelante y con estos precios es totalmente «inasumible», crítica Rodríguez. «Al final casi nos abogan a la idea de que trabajen los niños para pagar el alquiler».
Ocho de las 16 personas afectadas han reclamado, junto al sindicato de inquilinos de Gran Canaria, que la administración les informe periódicamente sobre lo que está ocurriendo con sus casas y no tener que enterarse por la prensa
También han demandado que se les garantice una alternativa habitacional, ya que según afirman el Consistorio solo les ha comunicado que sufragará los gastos para tres semanas, y asistencia que les ayude a cubrir sus necesidades básicas
Los 16 vecinos desalojados de sus viviendas tras el derrumbe del muro en Paseo de Chil han criticado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y al concejal José Eduardo Ramírez porque consideran que solo han dado la cara el día en el que tuvieron que abandonar sus casas. Desde entonces, 16 días después, los vecinos aseguran que los han engañado y abandonado, pues no obtienen ni información ni la asistencia que, a su juicio, les corresponde dada la situación.
Ocho personas han dado la cara ante los medios de comunicación en el Hotel Valencia, donde el Consistorio capitalino los realojó sufragando los gastos, de la mano del sindicato de inquilinos de Gran Canaria. María Eva Medina ha explicado que lleva más de dos semanas viviendo con sus dos hijos menores, su marido y su madre en una habitación con cuatro camas y sin cocina, ni nevera, ni fregadero ni posibilidad de lavar su ropa.
“Nadie del Ayuntamiento ha venido al hotel a informarnos. Nos enteramos por la prensa de que el regreso a nuestras casas no será dentro de tres meses, como nos habían dicho en un principio, sino de seis. Y no nos dicen si la administración pública se hará cargo de nuestra estancia, porque en principio nos dijeron que el alojamiento en el hotel era una ayuda de dos o tres semanas, de emergencia. Necesitamos tener la seguridad de que vamos a tener un techo”, relata Medina.
Desde que se vio obligada a abandonar su casa en la calle Ladera de Cuyás, su día a día se ha transformado por completo: “Tengo que llevar a mi hijo pequeño a desayunar al bar antes de coger una guagua y llevarlo al colegio. Tengo que coger el coche para lavar la ropa en el centro comercial Las Ramblas. Y ya no nos dan desde la administración ni bonos de guagua ni para lavar la ropa. He tenido que comprar ropa nueva porque no me dejan acceder a mi vivienda”.
Román Martel comparte las preocupaciones de su vecina y reconoce que los servicios sociales del Ayuntamiento le han decepcionado mucho, porque no han sabido asegurarles que ocurrirá después de las dos semanas en las que la administración sufraga los gastos. “Nos dicen que esperemos y que reclamemos al seguro de nuestras casas, que nos pagan un alquiler, pero lo que se derrumbó es el muro, que no es nuestro”. Ante esta incertidumbre, Martel confiesa que los vecinos se han sentido “ignorados”, “engañados” y “abandonados”.
Pascual Quintana vive con su madre y su hermano, los tres por encima de los 60 años. “Mi madre está muy enferma y necesito entrar a mi casa para coger todas las medicinas”, relata, al tiempo que critica la solución que ha encontrado el Ayuntamiento. “Yo solo quiero una cocina, un baño y dos habitaciones, no un hotel”.
Manuel Santana, que habita la vivienda número 5 de la Ladera de Cuyás, también tomó la palabra para confesar que tanto él como su hermano tienen una minusvalía, “la de mi hermano es del 78% y mi hermana se va a hacer cargo de él. Mi madre falleció hace dos meses y el Ayuntamiento ni siquiera ha puesto un psicólogo ni un tipo de asistencia parecido”.
“Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”
Ruymán Rodríguez, del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad capitalina no haya sido capaz de ofrecer “un plan de contención en condiciones”, tras un derrumbe que ha afectado a cinco viviendas. “Se ha limitado a derivar a los vecinos a un hotel sin asumir más responsabilidades”.
“No queremos encontrarnos dentro de cinco o seis meses que esas viviendas no son habitables y que se deben derribar para construir viviendas vacacionales. Esperamos que detrás de esto no haya una maniobra de desalojo masivo”, ha manifestado Rodríguez. En este asunto, María Eva Medina ha sido contundente: “Quiero dejar claro que nosotros no somos ocupas, somos los dueños de las casas. Y tenemos de todo para demostrarlo”.
