Denuncian planes de desahucio de madres que rehabilitaron casas desocupadas

Agencia EFE

La Vanguardia

Las Palmas De Gran Canaria, 9 dic (EFE).- Familias de madres solteras sin trabajo o con empleos precarios y otras se exponen al desahucio de unas viviendas vacías que ocuparon y rehabilitaron en Telde, según ha anunciado hoy la Federación Anarquista de Gran Canaria.

Una organización que, respaldada por el asesoramiento de la abogada Isabel Saavedra, colaborado habitual de la plataforma Stop Desahucios de la isla, planea oponerse al desalojo de esas casas.

Hogares que forman parte de dos edificios colindantes de la zona del Valle de los Nueve del municipio de Telde cuyo propietario los ofreció en junio de 2017 durante una asamblea de desahuciadas a personas sin hogar, a cambio de cuidarlos y rehabilitarlos.

Y para que, además, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles, destaca en un comunicado la Federación Anarquista.

Organización que relata que, «en un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que se les ha podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles».

Pues eran edificios «a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etcétera, y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas y agujeros en techos y paredes», apostilla.

Todo ello llevó a conseguir «convertirlos en auténticos hogares para ellas y sus hijos» a las inquilinas, que, sin embargo, según se expone en la nota, han visto ahora amenazados sus planes de futuro en esas viviendas debido a que su dueño estaba inmerso en un proceso de embargo bancario que le ha conducido a perder esas propiedades.

Hecho que ha derivado en que el pasado 30 de noviembre las vecinas recibieran una notificación judicial para comparecer en los juzgados con el propósito de explicar por qué habitaban en esos inmuebles, como paso inicial de un proceso que se prevé tiene como objetivo obligarles a abandonarlos, añade.

Ante la situación expuesta, la Federación Anarquista de Gran Canaria anuncia la decisión de esas inquilinas de «luchar por sus hogares» con apoyo de la organización y otros colectivos.

Puesto que se trata de personas necesitadas que, además, ocupan unos edificios que «llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables», argumenta.

Y, como posibles soluciones, indica que la comunidad de vecinas de esos inmuebles, bautizada con el nombre de «La Ilusión», plantea la posibilidad de seguir viviendo allí a cambio del pago de un alquiler social, al tiempo que «muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación».

En caso de ser esto imposible, se reclama que «se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias», argumenta el texto.

El cual añade que «‘La Ilusión’ no pide caridad, exige justicia, y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material». EFE

Vecinos de Valle de los Nueve apoyan a las 12 familias y piden que no se las desahucie

La asociación El Pilar insta al Ayuntamiento a buscarles «una solución habitacional»

pedro hernández 08.12.2018 | 02:57

La Provincia

Primer apoyo público en Valle de los Nueve a las 12 familias que viven en los edificios embargados y situados entre las calles Dos de Mayo y Zaragoza. La asociación de vecinos El Pilar insta al Ayuntamiento de Telde a «buscar una solución habitacional a las familias ante el previsible procedimiento de desahucio que se avecina al tratarse de un inmueble que está inmerso en un procedimiento concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas».

La asociación vecinal, presidida por Jaime Medina, reitera su apoyo «a las familias sin recursos que se encuentran viviendo en el edificio», propiedad del denominado Banco malo, que embargó el inmueble a la constructora que se encuentra en un procedimiento de administración concursal.

«Sería terrible un desahucio»

«Estas familias ocupan esas viviendas, pero ahora tienen que comparecer el lunes en los juzgados de Telde, probablemente porque se ha iniciado ya el procedimiento de desahucio, lo que será un drama para todos ellos», apunta Medina, quien considera que para Valle de los Nueve sería terrible para todos «ver furgonetas policiales para desalojar a estas familias, donde hay muchos niños y se podrían ver escenas dolorosas que no nos gustaría que sucedieran».

El presidente vecinal defiende una solución para estas personas y que el Ayuntamiento por medio de un alquiler social u otra medida logre que no se vayan a la calle. Jaime Medina asegura que «son buenos vecinos, integrados en el barrio y que no han provocado ningún conflicto, son familias normales que tienen a sus hijos en el colegio».

Doce familias residen en viviendas prestadas en Valle de los Nueve

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino viven en dos edificios embargados cedidos por su dueño

pedro hernández 07.12.2018 | 01:43

La Provincia

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino son los componentes de las 12 familias que residen en dos edificios de Valle de los Nueve desde junio del año pasado como precaristas [prestatarios] gracias a la generosidad de su propietario, aunque el proximo lunes tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instancia número 4 para explicar en calidad de qué se encuentran en ambos inmuebles.

Acudirán con una batería de recursos que les están elaborando y tendrán que declarar, pero confían en que les permita seguir en los que son ahora sus hogares y mantener la unidad familiar, evitar traumas a los niños por el cambio de colegio y que no afecte un hipotético traslado de personas enfermas. No piden una casa gratis, sino que puedan seguir en las que habitan con un alquiler social o que las administraciones públicas les busquen una alternativa. Si no, su camino es quedarse en la calle.

«Somos precaristas, no okupas», aseguran varias de las inquilinas para descartar con rotundidad que el acceso a sus pisos fuera de forma violenta o sin consentimiento de la propiedad. De hecho, han acabado con las deficiencias encontradas en ambos portales, compuestos por cinco y ocho viviendas en total. Así, han repuesto los materiales robados, colocado piezas de saneamiento, tapado goteras o amueblar la cocina con las donaciones recibidas y la ayuda de otras personas.

Nada que ver. y así defienden su etiqueta de precaristas. con el escenario descrito cuando se habla de okupas en edificios abandonados. Todo lo contrario, su panorama es como el de cualquier piso, más modesto, pero en perfecto estado.

Indican que los embates sufridos les han colocado en un estado de precariedad económica y laboral, con situaciones de parados de larga duración o empleos esporádicos, además de difíciles situaciones familiares que les abocó a solicitar ayuda a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que creó el Sindicato de Inquilinos «para ayudar y buscar soluciones al sangrante problema de la vivienda en Canarias y explicar cómo salir adelante», apunta Ruymán Rodríguez, asesor de estas familias.

Varias de las afectadas prefirieron que en la foto de esta información y en las de la edición digital no se les viera el rostro, aunque posaban con quienes sí aceptaron para que se demuestre que todas las familias están a una en esta lucha y expusieron sus opiniones. Faltaron más inquilinos de los que se esperaban, pero quienes asistieron, todas mujeres, sí querían contar su historia y su situación.

Régimen de prestatarios

Una historia que empezó a escribirse el año pasado durante una asamblea en San Telmo «en la que asistieron familias desahuciadas, familias que vivían en la calles, mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos y no sabían dónde meterse. Una persona que se identificó como propietario embargado de esos bloques ofreció las llaves a esas familias a cambio de que los cuidaran porque se le estaban metiendo a robar o al consumo de drogas. Dijo que mientras lo cuidaran podían habitarlos y desde el pasado verano residen allí».

Ahora tienen que demostrar el lunes que se encuentran en situación de prestatarios ante el juzgado teldense. Rodríguez opina que probablemente se ha iniciado la ejecución hipotecaria y de ahí la notificación de comparecencia en sede judicial el lunes, 10.

La mayoría son de Telde, los adultos en edades comprendidas entre los 25 y 50 y pico años, casi todos entraron el verano pasado, aunque el dueño les dio otro juego de llaves para que las utilizaran para nuevos inquilinos y así se fueron organizando. Crearon la comunidad La Ilusión y han desarrollado durante este algo más de un año un cambio a mejor en los dos edificios, una acción que confían sea valorada en el juzgado.

Nieves, una de las residentes en uno de los pisos, se define como precarista y recuerda que en su domicilio cuando llegó «me encontré con goteras y tuve que usar mantas para taparlas». Ahora, aunque con modestia, tiene un lugar donde vivir con dignidad y espera seguir considerándolo su hogar.

Saray, embarazada, también tiene una trayectoria parecida de una situación sociolaboral precaria. Se encontró el edificio donde reside desvalijado y ha ido poco a poco convirtiéndolo en un sitio donde vivir, aunque como el resto, no tiene la cédula de habitabilidad porque necesitan la escritura de propiedad que no poseen.

Brenda, Omayra y Candelaria reiteran lo dicho por sus dos vecinas y aunque no quieren salir en las fotos de frente por motivos personales, se mantienen firmes en su empeño de hacer de sus casas prestadas y de Valle de los Nueve su lugar en el mundo.

«Ninguna de las familias somos conflictivas, nos hemos integrado en el barrio y no causamos problemas a nadie, solo queremos tener la oportunidad de vivir aquí. Hemos hecho de un sitio que se encontraba en mal estado y abandonado en una comunidad vecinal donde todos convivimos sin problemas», afirman.

«El colegio se salvó del cierre»

  • La llegada de estas familias con 16 menores tuvo un efecto positivo para Valle de los Nueve, explican. «Cuando vinimos aquí iban a cerrar el colegio Maestro Félix Santana porque faltaban niños, pero al matricular a nuestros hijos se ha mantenido abierto», afirma una de las inquilinas. La relación con el resto del vecindario es buena, de hecho, alegan que una de las vecinas ha iniciado una campaña de firmas para solicitar que las dejen vivir en los dos edificios, ubicados en las calle Dos de Mayo y Zaragoza. Es tal su integración en el barrio que recuerdan que salieron en televisión por ser las únicas en ayudar a un caballo herido. P. H.

“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

Desde la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad autogestionada más grande del Estado) queremos manifestar nuestro total apoyo a la comunidad hermana de “La Ilusión” y rechazar con todas nuestras fuerzas la amenaza de desalojo que se cierne sobre ella. Exigimos a las entidades financieras que pretenden desalojarlas que abandonen ahora mismo sus pretensiones y a las administraciones públicas que les ofrezcan una alternativa habitacional asequible y digna en caso de que no se pueda detener lo que a todas luces sería un desastre humanitario. Desde el norte al sur de la isla, la situación de paro, precariedad, salarios insuficientes, alquileres elevados, desahucios constantes, ha ocasionado que muchas familias no hayamos visto obligadas a organizarnos, a pedir la colaboración de organizaciones como la FAGC y a impulsar comunidades como éstas para evitar la indigencia y la disolución de nuestras unidades familiares. Es el sistema el que ha incumplido sus deberes, no nosotras. Por eso, también desde el norte al sur de la isla, es importante fortalecer nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque en cualquier momento pueden venir a por cualquiera de nuestras comunidades y es vital que demos una respuesta conjunta y coordinada. Repetimos una vez más: “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”. Nadie nos puede quitar “La Esperanza” y nadie nos quitará “La Ilusión”.

Comunidad “La Esperanza”

Se prepara el desalojo de “La Ilusión”

Antecedentes

La Comunidad “La Ilusión” se inició en junio de 2017. Después de una asamblea de desahuciadas, inquilinas y precaristas convocada por el SIGC (Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, organización independiente pero impulsada inicialmente por la Federación Anarquista de Gran Canaria), una persona, asistente también a dicha asamblea, se puso en contacto con las familias que habían compartido sus distintos problemas de vivienda. Dicha persona, en proceso de embargo bancario (según hemos averiguado después, con implicación directa de la SAREB en la adquisición de sus bienes inmuebles subastados), facilitaba dos edificios colindantes (ubicados en el Valle de los Nueve [municipio de Telde]) para que los habitaran personas sin hogar, a cambio de que los cuidaran y habilitaran, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles. Cerrado al acuerdo se procedió a su socialización.

En un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que hemos podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles, a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etc. Y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas, agujeros en techos y paredes, etc. Poco a poco los han ido arreglando, saneando, pintando y amueblando (casi siempre con materiales reciclados o buscando oportunidades de segunda mano), hasta convertirlos en auténticos hogares para ellos y sus hijos.

El dormitorio de una de las viviendas antes y después de que las vecinas lo arreglaran.

Las vecinos han intentado que las distintas empresas suministradoras de agua y luz les regularicen los suministros, pero ante las reiteradas negativas de éstas siguen tirando con lo que creemos es luz de obra y con cubas de agua que regularmente llenan los bidones que cada familia ha tenido que instalar en el garaje compartido que tienen ambos inmuebles.

En “La Ilusión” conviven 12 familias (en total 36 personas, 16 de ellas menores) que reúnen los distintos perfiles de la clase obrera canaria, empobrecida, excluida y marginada. Tenemos paradas de larga duración; manitas que arreglan cualquier desperfecto en el edificio y que sin embargo no encuentran un trabajo regular; madres solteras que realizan trabajos esporádicos como limpiadoras o cuidadoras de ancianos y también en hostelería, pero cuyos ingresos no les permiten pagar los cada vez más elevados alquileres que tenemos en Canarias (Las Palmas es la segunda provincia donde más han subido los alquileres [16%] sólo por detrás de Barcelona, sin embargo seguimos teniendo uno de los sueldos más bajos del Estado); migrantes en busca de un hogar que les permitiera la reagrupación familiar; mujeres maltratadas que han hallado en “La Ilusión” un refugio para ellas y sus hijos; personas que han sufrido la indigencia y que han sido rescatadas por la comunidad, con vecinas tan solidarias que hasta las han recogido en sus propias casas. Esta es la cara, altruista, digna y diversa, de “La Ilusión”.

El antes y el después de uno de los aseos (de los pocos que contaban con vasija).

Intento de desahucio

El pasado día 30 de noviembre las vecinas de “La Ilusión” recibieron una notificación judicial dirigida a “ocupantes desconocidos” en la que les concedían un plazo de 10 días (sin especificar si eran hábiles o naturales, a pesar del puente que se comía parte de la semana) para comparecer en juzgados y justificar bajo qué título habitaban el inmueble. Las vecinas rápidamente contactaron con la FAGC y se convocó una asamblea de urgencia, a la que también acudió como asesora legal la abogada Isabel Saavedra. La asamblea (más bien una reunión informativa) consistió en compartir con las vecinas las distintas opciones legales y de protesta que en opinión de la FAGC tenían. Las vecinas tomaron una resolución: lucharían por sus hogares.

La estrategia de lucha es la siguiente: se intentará plantar cara en el frente legal agotando todos los plazos posibles; se intentará provocar una verdadera “guerra de tinta” buscando tener la mayor presencia mediática posible para poner en conocimiento de la opinión pública el intento de desalojo a “La Ilusión” y generar todos los apoyos necesarios; paralelamente, se intentará negociar con el nuevo adjudicatario de los inmuebles (la SAREB) y con las instituciones públicas, para que las vecinas puedan conservar sus hogares en régimen de alquiler social o para que, en su defecto, se les garantice una alternativa habitacional; si los agentes implicados se niegan a negociar, tomaremos la vía de la protesta callejera, manifestándonos y concentrándonos en todos aquellos lugares que sea necesario hasta que la presión les obligue a sentarse frente a nosotras para llegar a un acuerdo; y si nada de lo anterior se produce tendremos que recurrir a intentar parar el desahucio a través de un piquete donde intentaremos movilizar al barrio, al municipio y a la isla entera, hasta poner delante de la puerta un colosal muro de resistencia popular.

“La Ilusión” demanda que se le permita conservar sus hogares, que llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables.

“La Ilusión” demanda que se les conceda un alquiler social sobre sus actuales domicilios y muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación.

“La Ilusión” demanda que, en caso de ser esto imposible, se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias.

“La Ilusión” no pide caridad, exige justicia y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material.

No se puede legislar contra la necesidad más básica, ni contra el instinto de supervivencia, ni contra la fuerza que nos impulsa a mantener sanos y seguros a nuestros hijos. Si nos prohíben respirar sólo obtendrán una cosa: que les desobedezcamos, como mínimo, 12 veces por minuto.

¿En qué anda metida la FAGC?

Los problemas

La Federación Anarquista de Gran Canaria es un colectivo en constante adaptación, siempre desarrollando nuevas estrategias para sobrevivir, siempre comiéndose baches. A finales de verano de 2017, a medio año de la fundación del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (un proyecto que ayudamos a impulsar inicialmente), curramos por encima de nuestras posibilidades. Un compañero de la FAGC cayó gravemente enfermo por el sobreesfuerzo (arrastraba dolencias que se acrecentaron después de toda una mañana descombrando un garaje y haciendo mudanzas para un nuevo proyecto socializado) y otro del SIGC tuvo problemas laborales y legales por su implicación en el mismo proyecto. Algunas vecinas y militantes no estuvimos a la altura, y exigíamos más a las compas jodidas cuando menos podían aportar. Sabíamos articular muy bien la solidaridad externa, pero la cagamos con la solidaridad interior.

Las más veteranas lo asumimos, sabíamos que tocaba lamerse las heridas y retirarnos a nuestros cuarteles de invierno hasta que escampara. Para las novatas quizás fue una lección demasiado dura, una cicatriz demasiado prematura.

La idea de la FAGC fue desde el principio convertirse en un colectivo netamente “político”, generador de opinión y agitación, e ir derivando, poco a poco, toda su actividad en vivienda a un colectivo más amplio y cada vez más independiente como el SIGC. Creíamos terminada la transición, así que optamos por “huir hacia adelante”: salir de la ciudad, irnos al campo, cuidar a nuestros heridos y recontar las municiones. Por desgracia las compas del SIGC, a las que creíamos más fuertes que nosotras, no vivían una situación mejor, y también fueron padeciendo cada vez más la erosión del choque con la realidad barrial y los efectos sociales que ha producido el capitalismo incluso entre las más pobres.

El corte de luz y agua de la Comunidad “La Esperanza” en marzo de 2018, la necesidad de apoyar una nueva lucha masiva, podía ser un revulsivo para el SIGC, pero en nuestra opinión sirvió para evidenciar la necesidad de adquirir unos protocolos resolutivos diseñados por la experiencia habitacional previa (que aún no se habían asumido) y también la de explotar mejor el capital social, comunicativo y de contactos que la FAGC había cedido al sindicato.

La FAGC, aún débil, surgió de entre las ramas de sus frutales e hizo lo que llevaba casi una década haciendo, siguiendo los automatismos adquiridos, mientras las vecinas daban la talla dando la cara en la calle y ante los medios. Gracias a eso se consiguió salvar la situación, pero aun quedaba digerir lo aprendido.

Con ese panorama, y otros factores de desgaste, el SIGC decidió tomarse un tiempo indefinido de reflexión. La FAGC estuvo a punto de hacer lo propio, y si no llega a ser por el miedo a que una espantada envalentonara a la administración y la hiciera lanzarse contra los proyectos que hemos ayudado a levantar, lo habríamos hecho. El huerto, por suerte, nos quitó esta idea de la cabeza.

El huerto”

Concebido en un principio como un mero refugio y quizás como un futuro medio de autofinanciación, el huerto empezó a convertirse en un proyecto netamente social con el que varias familias empezamos a alimentarnos (no era el primero ni el único que habíamos impulsado con esa premisa). Es así como levantamos un nuevo proyecto agrícola de autoabastecimiento, de donde cada semana, y dependiendo de la estación, sacamos kilos de naranjas, limones, duraznos, aguacates, peras, manzanas, higos, uvas, fresas, frambuesas, castañas, millo, calabazas, calabacines, judías, papas y hierbas aromáticas.

Hoy, según en qué ambientes, se llama “posmodernistas” y “neoliberales” a estos proyectos de huertos de subsistencia. Para nosotras, y no nos disculpamos por ello, son proyectos de expropiación agrícola, una forma de empezar a gestionar un medio de producción por nosotras mismas y una manera de que familias atiborradas a hidratos por la caridad de las ONGs y los bancos de alimentos puedan comer verduras y frutas frescas y lograr que enfermedades decimonónicas no vuelvan a reaparecer.

La microred de asistencia sanitaria

Tirando de la madeja de nuestro compa enfermo, fuimos descubriendo muchas de las enfermedades sin tratar que también azotaban a otras compañeras realojadas que habían migrado a la isla y no tenían “papeles”. La mayoría, aunque puedan recibir atención de urgencias, no quieren saber nada, lógicamente, de las instituciones y rehuyen cualquier contacto con el Servicio Canario de Salud. Esto es especialmente comprensible en personas que han vivido terribles experiencias en los CIEs. Las dolencias eran variadas e incluían enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, lesiones sin tratar, desnutrición, deshidratación y un largo etcétera. Gracias a compas con formación pudimos darles unas primeras recomendaciones básicas, pero pronto vimos que eso por sí solo no bastaba. Así que gracias a profesionales sanitarios que voluntariamente decidieron implicarse, hemos conseguido tejer una pequeña red de asistencia que atiende a los realojados y a sus familiares y conocidos en similar situación. Muchos de los materiales fungibles los aportan los propios compas sanitarios, pero es un sacrificio que no podemos exigirles encima que ofrecen sus conocimientos y esfuerzos desinteresadamente.

Oficina de asesoría legal/laboral para precarias

A razón de la polémica pública sobre el derecho a sindicarse de las compañeras que ejercen la prostitución, y nuestro posicionamiento, también público, contra la prostitución y toda explotación, pero a favor de la organización de las afectadas y su autoemancipación (no habrá abolición real de espaldas a ellas), varias compañeras se sintieron identificadas con nosotras y empezaron a plantearnos dudas por redes. El resultado ha sido la asesoría legal y laboral, individual o colectiva, de más de medio centenar de mujeres, y un hombre, dos veces por semana (sin contar las consultas de urgencia), sobre asuntos básicos que en realidad están en consonancia con la labor de cualquier sindicato convencional (aunque nosotras no lo seamos): información sobre reciclaje laboral y salidas profesionales, ayuda para solicitar subsidios diversos, ayuda para elaborar recursos contra multas y sanciones, información sobre las posibilidades de cotización o de reclamación de una pensión no contributiva (caso sangrante en las compañeras que rondan los 60 años), redacción de denuncias contra agresores o proxenetas, defensa y asesoría ante una detención o abuso policial, y un largo etcétera.

Expropiación de 3 casas terreras

Hace unos meses varias familias contactaron con nosotras. Cada una de ellas, por distintas circunstancias, pero con un mismo factor común: la pobreza y la terrible subida del precio de los alquileres en Gran Canaria, habían sido desahuciadas, estaban a punto de serlo o simplemente no se les quería renovar el contrato de alquiler (no al mismo precio que antes). Las asesoramos como siempre hacemos, les compartimos distintas alternativas, les dimos nuestras condiciones y requisitos, y les dijimos que suyo era el cometido de abrirse su propia vivienda, si esa era su opción. Después de la preparación pertinente, de elegir bien los inmuebles y solicitar la nota simple que confirmaba que todos eran propiedad de la SAREB, se procedió a su expropiación y socialización. 6 familias, 22 personas, en su mayoría menores, comparte hoy el techo de 3 casas terreras adyacentes, tienen agua y luz, y han escapado de la indigencia.

Todavía tenemos más casos de realojos pendientes, pero es muy complicado hallar solución a todos con nuestros pocos recursos.

La tiranía del dinero

La mayoría de estos proyectos, desgraciadamente, no sólo salen adelante con voluntad, imaginación y tenacidad, necesitan esos absurdos papeles de colores a los que llamamos dinero. El dinero, que no sería necesario para vivir en una sociedad racional, es obligatorio bajo la irracionalidad capitalista.

En abril de 2018 nos vimos obligadas a hacer una campaña de recaudación para comprar un caro motor (1000 euros) con el que facilitar agua y luz a la Comunidad “La Esperanza”. Justamente ayer, día 4 de noviembre, nos enteramos de que el hidro (la bomba que lleva el agua a las 76 casas de “La Esperanza”, y que es alimentada por ese motor que compramos en abril) está roto. Con lo que sobró de la anterior campaña podemos sufragar un nuevo hidro (hoy, por suerte, después de mirar mil presupuestos, lo hemos confirmado), sin embargo se nos plantea la misma inquietud angustiosa de siempre. ¿Por qué sólo sabemos movernos en temas de dinero cuando pasa una emergencia? ¿Qué hubiéramos hecho si los fondos hubieran sido insuficientes para pagar un nuevo hidro? ¿Y si en vez de los 600 que calculamos hubiera salido 2500? Por el bien de nuestras coronarias hemos decidido iniciar un nuevo período de recaudación, con más calma y menos presión, pero igual de necesario.

Debemos encontrar un medio de autofinanciación estable y seguro. Las campañas sólo sirven para casos puntuales. Las cuotas no pueden establecerse en un colectivo donde la mayoría de sus miembros vienen de la indigencia, la pobreza extrema o al menos de la insolvencia. Tirar de la aportaciones irregulares de las pocas compas que trabajan nos permite sacar la cabeza del agua, pero no es un método funcional durante la mayoría del año. Estamos barajando varias opciones, pero hasta dar con la más apropiada, y la mejor forma de enfocarlo, iniciamos esta campaña sine die donde cualquiera que quiera aportar y contribuir puede ponerse en contacto con nosotras a través del correo, facebook o twitter y ya les informaremos de cuál es la mejor forma de hacerlo. La idea es conseguir unos pequeños fondos regulares que nos permitan seguir con el chiringuito abierto al menos durante el 2019.

Podríamos conseguir más visibilidad, y así llegar a más gente y obtener más ayuda, por desgracia proyectos como la microred de asistencia sanitaria para migrantes o la oficina de asesoría para precarias son casi siempre incompatibles con el ruido mediático y la exposición pública de las afectadas (por propia decisión de ellas, completamente lógica). Nuestro terreno es por tanto seguir currando discretamente, desde abajo y con las de abajo, con nuestro anarquismo de barrio para pobres (unos términos que notamos cada vez molestan más), y contar sólo con la ayuda de la poca, pero muy valiosa, gente afín que aún cree que el apoyo mutuo y la autogestión son posibles. Gracias a todas ellas, estén donde estén.

La ayuda y el apoyo mutuo no pueden ser limitados por las fronteras de una asociación pequeña; deben extenderse a todo lo circundante” (P. Kropotkin, El apoyo mutuo, 1902).

FAGC

El problema de la vivienda

Capítulo extraído del libro Setenta días en Rusia. Lo que yo vi (1924), escrito por Ángel Pestaña como delegado de la CNT enviado a la URSS para elaborar un informe que ayudara a la Confederación a ratificar o anular su adherencia provisional a la III Internacional.

Deseosos de saber cómo los bolcheviques habían resuelto los distintos problemas que la vida económica y social plantea al hombre, nos dedicamos a la ardua tarea de inquirir todo cuanto estuviese en relación con esos problemas, empezando por el de la vivienda. Acuciados por lo que en Europa y en nuestro propio país sucedía, quisimos saber cómo lo había resuelto la revolución.

Los informes oficiales que pudimos recoger, no eran lo suficientemente explícitos. Aunque hablaban de una distribución matemática y rigurosa de las viviendas, el pueblo, las personas a quienes habíamos insinuado nuestros propósitos, incluso a comunistas, dejaban entrever cierta animosidad contra las disposiciones oficiales.

Coincidían todos —informaciones oficiales y particulares— en que se había hecho una distribución equitativa y racional, a primera vista. Llevada la cuestión al análisis, se veía que mientras los informes oficiales arrojaban un resultado inmejorable, negábanlo los particulares, sosteniendo que la intervención oficial no había podido ser más desdichada. ¿Quién tenía razón? He aquí lo que más interesaba averiguar.

La distribución oficial, partía del principio matemático de no conceder más de una habitación por persona, excepto a los médicos y a otros varios técnicos necesitados de una habitación más, para despacho o gabinete de consulta. La rigidez de las disposiciones oficiales, no rezaba para quienes gozaran del favor oficial. La influencia podía más que todas las disposiciones gubernativas. Los informes particulares hablaban muy expresamente de las numerosas excepciones a favor de personajes influyentes o de altos empleados bolcheviques. Así, pues, el problema de la vivienda, ya preocupaba por aquel entonces a los habitantes de Moscú. Unido a los demás problemas, venía a hacer más angustiosa la situación del pueblo que había hecho la revolución.

Dos causas contribuían a esta agravación: el temor a las disposiciones oficiales, que muchas veces tenían el carácter de despojo o de venganza partidista, y la escasez, cada día mayor, de viviendas. Sobre todo la última era más alarmante.

Las casas habitables disminuían de día en día, derrumbándose muchas de ellas por no repararse los desperfectos que el tiempo y las condiciones climatológicas del país iban causando. Además, la concentración de los servicios gubernamentales en Moscú, hacía más pavoroso el problema.

Los alquileres eran reducidos, pero escasa ventaja se obtenía con ello, ya que lo esencial estribaba en poder encontrar una vivienda, lo que no era factible. Para la distribución de las habitaciones, lo mismo que para la distribución de los demás artículos, el Consejo de Comisarios del pueblo había creado una especie de Comisariado de la vivienda, en el que centralizaba todo cuanto al problema se refiere.

En cada calle o en cada grupo de calles, y, a veces para media calle o para un grupo de casas, había una comisión de vecinos.

Esta comisión estaba presidida siempre por un comunista probado, por un hombre de confianza del partido, al que se consideraba como empleado del Estado, percibiendo un sueldo como si trabajara en un taller.

Su misión era la de llevar una estadística de las viviendas que estuvieran a cargo de la comisión que presidía. Cuidaba de los traslados de habitación que realizaran los vecinos; establecía porteros o conserjes en cada casa, y, por último, indagaba quiénes, cómo y cuándo visitaban a cada vecino de los que habitaban en su demarcación. Era algo así como el Argos policial de cada casa, de cada domicilio particular. Podía, incluso, arrestar al visitante que le parecía sospechoso. También era de su incumbencia cobrar los alquileres y ordenar las reparaciones.

La antipatía con que cada vecino miraba al camarada presidente de la comisión de la casa en que vivía, rayaba en la odiosidad.

Esto había hecho el Gobierno. Veamos lo que hizo el pueblo.

A Kibalchiche y a un ex presidente de una Comisión de vecinos de Petrogrado, debemos los preciosos datos que damos a continuación.

La revolución de noviembre, que aceleró los acontecimientos iniciados en la de marzo, permitió, con el predominio absoluto de las clases populares, realizar la total y completa expropiación de las clases nobiliarias y capitalistas.

A la expulsión de los grandes terratenientes de sus predios, siguió la de los industriales de sus fábricas, y a la de éstos, la de los propietarios de inmuebles. Los trabajadores de los barrios obreros, los proletarios, que habían vivido hasta entonces en infectas zahurdas, cargaron con sus enseres y se alojaron en las mejores casas que hallaron disponibles.

Las injusticias y los atropellos, inevitables en tales casos, hicieron su aparición.

De algunas casas ricas, aunque no en muchos casos, se expulsó a sus moradores y se les puso en el arroyo, dejándolos sin albergue. Por regla general, se les obligó a que ocuparan un número limitado de habitaciones, instalándose las familias obreras en las restantes. Pero la distribución resultaba en muchos casos arbitraria.

Además, era necesario prever las consecuencias que origina un trastorno tan grande, y había que pensar en las reparaciones, en la luz, en el agua, etc., etc.

Pronto, con esa intuición profunda que tiene el pueblo y que sólo necesita el estímulo para manifestarse, se organizaron comisiones de vecinos que proveían a las necesidades de cada calle y de cada edificio.

Fijaron el precio del alquiler de cada habitación; levantaron estadísticas de los alojamientos disponibles; dispusieron y realizaron —cosa que después no se continuó— las reparaciones precisas; establecieron repartos más equitativos que los efectuados en el primer impulso y, por fin, ordenaron todo de la mejor manera posible, según los acuerdos y el parecer de la mayoría de los vecinos.

Las asambleas de estas comisiones eran frecuentes, y en ellas, se resolvían las cuestiones de la manera más sencilla y más armónica.

La satisfacción era general— decía Kibalchiche y el ex presidente de la Comisión con quienes hablamos. Era muy raro, a pesar del hondo desconcierto que produjo el hecho revolucionario, el desacuerdo o los litigios entre vecinos.

Desinteresadamente, con un altruismo que no será nunca bastante alabado, resolvíanse las cuestiones, y todo marchaba perfectamente.

Mas la necesidad, que es casi siempre la madre de todas las innovaciones, hizo comprender que se estaba sólo a mitad de camino. Cada Comité de casas, o de calle, se dio cuenta de que el problema era más complejo, y de que se asfixiaba en su propia obra. La expansión se hacía imprescindible, si pena de perecer. Y surgió el acuerdo.

Los Comités de casas contiguas, o de calles adyacentes, se federaron entre sí disolviéronse unos, organizáronse otros; esto dio una mayor expansión a todos y aminoró las dificultades aparecidas al principio.

Pronto se llegó a la Federación de los Comités de toda la capital, y sin disposiciones oficiales, sin reales órdenes, ni ordenanzas municipales de ninguna clase, los vecinos de Petrogrado, por su propia iniciativa, tuvieron casi resuelto el problema de la vivienda.

Se fijaron los precios de los alquileres, que eran reducidísimos; se hicieron las reparaciones necesarias; se aconsejaron y realizaron permutas de habitaciones entre los obreros que tenían el domicilio muy alejado del lugar del trabajo y se distribuyeron las habitaciones con la más rigurosa equidad.

En todo este período, que duró cerca de año y medio, no se verificó ni un solo desahucio, ni se quedó sin albergue ninguna familia.

Pensando en el futuro, de cada alquiler se descontaba un tanto por ciento prudencial para proseguir las construcciones de nueva planta, y destinaban subvenciones para la conservación de edificios.

La higiene en las casas mejoró notablemente, y la limpieza era ejemplar. En cada casa, por turno riguroso, salvo caso de fuerza mayor, cada vecino venía obligado, semanalmente, a asegurar la limpieza de la escalera y atender las reclamaciones que se transmitían al Comité, para que éste resolviera o diera cuenta a la asamblea.

Todo el mundo podía entrar y salir libremente, recibir a quien le pareciera y recoger y dar alojamiento en sus habitaciones a las personas que fueran de su amistad o agrado.

Libertad; plena libertad de cada uno mientras no perjudicara a un tercero.

Por esto no convenía al Gobierno. La dictadura del proletariado, la centralización de todo, chocaban naturalmente con el espíritu de libertad de aquella institución creada por el pueblo.

Sin embargo, no convenía destruirla. La práctica demostraba su utilidad. Mejor que destruirla, convenía apoderarse de ella. Y lo consiguieron, aunque no sin esfuerzos y protestas. Se empezó por llevar a la presidencia de cada Comité o Comisión a un comunista. A los Comités o Comisiones adonde no se pudo lograr la presidencia para un adicto, se les intimó con la disolución a pretexto de manejos contrarrevolucionarios. Se limitó el número de Comités, y como golpe final, se asignó sueldo a los presidentes, se les equiparó a funcionarios del Estado y se les otorgó el derecho de penetrar en el domicilio de cualquier vecino y detener, como ya hemos dicho, a quien les pareciera sospechoso.

Los comunistas se avinieron muy bien a este papel policial; la disciplina del partido lo imponía. Los demás no lo aceptaron, y las dimisiones surgieron en masa, quedándoles el campo completamente libre.

A partir de este momento— me afirmaban mis informadores— el Comité o Comisiones de Casas perdió su eficiencia y se convirtió en un rodaje más del pesado burocratismo comunista.

Los vecinos dejaron de interesarse por el problema de la vivienda; asomose el favoritismo y los bolcheviques, dueños de la situación, destruyeron lo más hermoso de la actividad colectiva: la iniciativa individual.

Nadie quería ser presidente del Comité por no enemistarse con sus vecinos, ni tener la responsabilidad del cargo. Les repugnaba también convertirse en parásitos. Repudiaron la misión que les confería autoridad de confidentes, de policías y de allanadores de moradas. Desde entonces, los Comités o Comisiones que tantos y tan señalados servicios habían prestado, que tantas injusticias y arbitrariedades evitaron, que tan equitativa y humanamente habían encauzado un problema tan gravísimo, como era el de la vivienda, dejaron de existir, para dar paso a una caricatura de Comisión que sólo la acompañó el desprecio más olímpico de los ciudadanos. Había muerto una de las más simpáticas instituciones que el ardor y la fiebre revolucionaria engendrara.

El mastodonte estatal acababa de aplastar, con su pata informe, el brote más prometedor de la espontaneidad del pueblo