Denuncian planes de desahucio de madres que rehabilitaron casas desocupadas

Agencia EFE

La Vanguardia

Las Palmas De Gran Canaria, 9 dic (EFE).- Familias de madres solteras sin trabajo o con empleos precarios y otras se exponen al desahucio de unas viviendas vacías que ocuparon y rehabilitaron en Telde, según ha anunciado hoy la Federación Anarquista de Gran Canaria.

Una organización que, respaldada por el asesoramiento de la abogada Isabel Saavedra, colaborado habitual de la plataforma Stop Desahucios de la isla, planea oponerse al desalojo de esas casas.

Hogares que forman parte de dos edificios colindantes de la zona del Valle de los Nueve del municipio de Telde cuyo propietario los ofreció en junio de 2017 durante una asamblea de desahuciadas a personas sin hogar, a cambio de cuidarlos y rehabilitarlos.

Y para que, además, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles, destaca en un comunicado la Federación Anarquista.

Organización que relata que, «en un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que se les ha podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles».

Pues eran edificios «a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etcétera, y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas y agujeros en techos y paredes», apostilla.

Todo ello llevó a conseguir «convertirlos en auténticos hogares para ellas y sus hijos» a las inquilinas, que, sin embargo, según se expone en la nota, han visto ahora amenazados sus planes de futuro en esas viviendas debido a que su dueño estaba inmerso en un proceso de embargo bancario que le ha conducido a perder esas propiedades.

Hecho que ha derivado en que el pasado 30 de noviembre las vecinas recibieran una notificación judicial para comparecer en los juzgados con el propósito de explicar por qué habitaban en esos inmuebles, como paso inicial de un proceso que se prevé tiene como objetivo obligarles a abandonarlos, añade.

Ante la situación expuesta, la Federación Anarquista de Gran Canaria anuncia la decisión de esas inquilinas de «luchar por sus hogares» con apoyo de la organización y otros colectivos.

Puesto que se trata de personas necesitadas que, además, ocupan unos edificios que «llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables», argumenta.

Y, como posibles soluciones, indica que la comunidad de vecinas de esos inmuebles, bautizada con el nombre de «La Ilusión», plantea la posibilidad de seguir viviendo allí a cambio del pago de un alquiler social, al tiempo que «muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación».

En caso de ser esto imposible, se reclama que «se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias», argumenta el texto.

El cual añade que «‘La Ilusión’ no pide caridad, exige justicia, y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material». EFE

Vecinos de Valle de los Nueve apoyan a las 12 familias y piden que no se las desahucie

La asociación El Pilar insta al Ayuntamiento a buscarles «una solución habitacional»

pedro hernández 08.12.2018 | 02:57

La Provincia

Primer apoyo público en Valle de los Nueve a las 12 familias que viven en los edificios embargados y situados entre las calles Dos de Mayo y Zaragoza. La asociación de vecinos El Pilar insta al Ayuntamiento de Telde a «buscar una solución habitacional a las familias ante el previsible procedimiento de desahucio que se avecina al tratarse de un inmueble que está inmerso en un procedimiento concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas».

La asociación vecinal, presidida por Jaime Medina, reitera su apoyo «a las familias sin recursos que se encuentran viviendo en el edificio», propiedad del denominado Banco malo, que embargó el inmueble a la constructora que se encuentra en un procedimiento de administración concursal.

«Sería terrible un desahucio»

«Estas familias ocupan esas viviendas, pero ahora tienen que comparecer el lunes en los juzgados de Telde, probablemente porque se ha iniciado ya el procedimiento de desahucio, lo que será un drama para todos ellos», apunta Medina, quien considera que para Valle de los Nueve sería terrible para todos «ver furgonetas policiales para desalojar a estas familias, donde hay muchos niños y se podrían ver escenas dolorosas que no nos gustaría que sucedieran».

El presidente vecinal defiende una solución para estas personas y que el Ayuntamiento por medio de un alquiler social u otra medida logre que no se vayan a la calle. Jaime Medina asegura que «son buenos vecinos, integrados en el barrio y que no han provocado ningún conflicto, son familias normales que tienen a sus hijos en el colegio».

Doce familias residen en viviendas prestadas en Valle de los Nueve

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino viven en dos edificios embargados cedidos por su dueño

pedro hernández 07.12.2018 | 01:43

La Provincia

Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino son los componentes de las 12 familias que residen en dos edificios de Valle de los Nueve desde junio del año pasado como precaristas [prestatarios] gracias a la generosidad de su propietario, aunque el proximo lunes tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instancia número 4 para explicar en calidad de qué se encuentran en ambos inmuebles.

Acudirán con una batería de recursos que les están elaborando y tendrán que declarar, pero confían en que les permita seguir en los que son ahora sus hogares y mantener la unidad familiar, evitar traumas a los niños por el cambio de colegio y que no afecte un hipotético traslado de personas enfermas. No piden una casa gratis, sino que puedan seguir en las que habitan con un alquiler social o que las administraciones públicas les busquen una alternativa. Si no, su camino es quedarse en la calle.

«Somos precaristas, no okupas», aseguran varias de las inquilinas para descartar con rotundidad que el acceso a sus pisos fuera de forma violenta o sin consentimiento de la propiedad. De hecho, han acabado con las deficiencias encontradas en ambos portales, compuestos por cinco y ocho viviendas en total. Así, han repuesto los materiales robados, colocado piezas de saneamiento, tapado goteras o amueblar la cocina con las donaciones recibidas y la ayuda de otras personas.

Nada que ver. y así defienden su etiqueta de precaristas. con el escenario descrito cuando se habla de okupas en edificios abandonados. Todo lo contrario, su panorama es como el de cualquier piso, más modesto, pero en perfecto estado.

Indican que los embates sufridos les han colocado en un estado de precariedad económica y laboral, con situaciones de parados de larga duración o empleos esporádicos, además de difíciles situaciones familiares que les abocó a solicitar ayuda a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que creó el Sindicato de Inquilinos «para ayudar y buscar soluciones al sangrante problema de la vivienda en Canarias y explicar cómo salir adelante», apunta Ruymán Rodríguez, asesor de estas familias.

Varias de las afectadas prefirieron que en la foto de esta información y en las de la edición digital no se les viera el rostro, aunque posaban con quienes sí aceptaron para que se demuestre que todas las familias están a una en esta lucha y expusieron sus opiniones. Faltaron más inquilinos de los que se esperaban, pero quienes asistieron, todas mujeres, sí querían contar su historia y su situación.

Régimen de prestatarios

Una historia que empezó a escribirse el año pasado durante una asamblea en San Telmo «en la que asistieron familias desahuciadas, familias que vivían en la calles, mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos y no sabían dónde meterse. Una persona que se identificó como propietario embargado de esos bloques ofreció las llaves a esas familias a cambio de que los cuidaran porque se le estaban metiendo a robar o al consumo de drogas. Dijo que mientras lo cuidaran podían habitarlos y desde el pasado verano residen allí».

Ahora tienen que demostrar el lunes que se encuentran en situación de prestatarios ante el juzgado teldense. Rodríguez opina que probablemente se ha iniciado la ejecución hipotecaria y de ahí la notificación de comparecencia en sede judicial el lunes, 10.

La mayoría son de Telde, los adultos en edades comprendidas entre los 25 y 50 y pico años, casi todos entraron el verano pasado, aunque el dueño les dio otro juego de llaves para que las utilizaran para nuevos inquilinos y así se fueron organizando. Crearon la comunidad La Ilusión y han desarrollado durante este algo más de un año un cambio a mejor en los dos edificios, una acción que confían sea valorada en el juzgado.

Nieves, una de las residentes en uno de los pisos, se define como precarista y recuerda que en su domicilio cuando llegó «me encontré con goteras y tuve que usar mantas para taparlas». Ahora, aunque con modestia, tiene un lugar donde vivir con dignidad y espera seguir considerándolo su hogar.

Saray, embarazada, también tiene una trayectoria parecida de una situación sociolaboral precaria. Se encontró el edificio donde reside desvalijado y ha ido poco a poco convirtiéndolo en un sitio donde vivir, aunque como el resto, no tiene la cédula de habitabilidad porque necesitan la escritura de propiedad que no poseen.

Brenda, Omayra y Candelaria reiteran lo dicho por sus dos vecinas y aunque no quieren salir en las fotos de frente por motivos personales, se mantienen firmes en su empeño de hacer de sus casas prestadas y de Valle de los Nueve su lugar en el mundo.

«Ninguna de las familias somos conflictivas, nos hemos integrado en el barrio y no causamos problemas a nadie, solo queremos tener la oportunidad de vivir aquí. Hemos hecho de un sitio que se encontraba en mal estado y abandonado en una comunidad vecinal donde todos convivimos sin problemas», afirman.

«El colegio se salvó del cierre»

  • La llegada de estas familias con 16 menores tuvo un efecto positivo para Valle de los Nueve, explican. «Cuando vinimos aquí iban a cerrar el colegio Maestro Félix Santana porque faltaban niños, pero al matricular a nuestros hijos se ha mantenido abierto», afirma una de las inquilinas. La relación con el resto del vecindario es buena, de hecho, alegan que una de las vecinas ha iniciado una campaña de firmas para solicitar que las dejen vivir en los dos edificios, ubicados en las calle Dos de Mayo y Zaragoza. Es tal su integración en el barrio que recuerdan que salieron en televisión por ser las únicas en ayudar a un caballo herido. P. H.

“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”

Desde la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad autogestionada más grande del Estado) queremos manifestar nuestro total apoyo a la comunidad hermana de “La Ilusión” y rechazar con todas nuestras fuerzas la amenaza de desalojo que se cierne sobre ella. Exigimos a las entidades financieras que pretenden desalojarlas que abandonen ahora mismo sus pretensiones y a las administraciones públicas que les ofrezcan una alternativa habitacional asequible y digna en caso de que no se pueda detener lo que a todas luces sería un desastre humanitario. Desde el norte al sur de la isla, la situación de paro, precariedad, salarios insuficientes, alquileres elevados, desahucios constantes, ha ocasionado que muchas familias no hayamos visto obligadas a organizarnos, a pedir la colaboración de organizaciones como la FAGC y a impulsar comunidades como éstas para evitar la indigencia y la disolución de nuestras unidades familiares. Es el sistema el que ha incumplido sus deberes, no nosotras. Por eso, también desde el norte al sur de la isla, es importante fortalecer nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque en cualquier momento pueden venir a por cualquiera de nuestras comunidades y es vital que demos una respuesta conjunta y coordinada. Repetimos una vez más: “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”. Nadie nos puede quitar “La Esperanza” y nadie nos quitará “La Ilusión”.

Comunidad “La Esperanza”

Se prepara el desalojo de “La Ilusión”

Antecedentes

La Comunidad “La Ilusión” se inició en junio de 2017. Después de una asamblea de desahuciadas, inquilinas y precaristas convocada por el SIGC (Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, organización independiente pero impulsada inicialmente por la Federación Anarquista de Gran Canaria), una persona, asistente también a dicha asamblea, se puso en contacto con las familias que habían compartido sus distintos problemas de vivienda. Dicha persona, en proceso de embargo bancario (según hemos averiguado después, con implicación directa de la SAREB en la adquisición de sus bienes inmuebles subastados), facilitaba dos edificios colindantes (ubicados en el Valle de los Nueve [municipio de Telde]) para que los habitaran personas sin hogar, a cambio de que los cuidaran y habilitaran, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles. Cerrado al acuerdo se procedió a su socialización.

En un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que hemos podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles, a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etc. Y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas, agujeros en techos y paredes, etc. Poco a poco los han ido arreglando, saneando, pintando y amueblando (casi siempre con materiales reciclados o buscando oportunidades de segunda mano), hasta convertirlos en auténticos hogares para ellos y sus hijos.

El dormitorio de una de las viviendas antes y después de que las vecinas lo arreglaran.

Las vecinos han intentado que las distintas empresas suministradoras de agua y luz les regularicen los suministros, pero ante las reiteradas negativas de éstas siguen tirando con lo que creemos es luz de obra y con cubas de agua que regularmente llenan los bidones que cada familia ha tenido que instalar en el garaje compartido que tienen ambos inmuebles.

En “La Ilusión” conviven 12 familias (en total 36 personas, 16 de ellas menores) que reúnen los distintos perfiles de la clase obrera canaria, empobrecida, excluida y marginada. Tenemos paradas de larga duración; manitas que arreglan cualquier desperfecto en el edificio y que sin embargo no encuentran un trabajo regular; madres solteras que realizan trabajos esporádicos como limpiadoras o cuidadoras de ancianos y también en hostelería, pero cuyos ingresos no les permiten pagar los cada vez más elevados alquileres que tenemos en Canarias (Las Palmas es la segunda provincia donde más han subido los alquileres [16%] sólo por detrás de Barcelona, sin embargo seguimos teniendo uno de los sueldos más bajos del Estado); migrantes en busca de un hogar que les permitiera la reagrupación familiar; mujeres maltratadas que han hallado en “La Ilusión” un refugio para ellas y sus hijos; personas que han sufrido la indigencia y que han sido rescatadas por la comunidad, con vecinas tan solidarias que hasta las han recogido en sus propias casas. Esta es la cara, altruista, digna y diversa, de “La Ilusión”.

El antes y el después de uno de los aseos (de los pocos que contaban con vasija).

Intento de desahucio

El pasado día 30 de noviembre las vecinas de “La Ilusión” recibieron una notificación judicial dirigida a “ocupantes desconocidos” en la que les concedían un plazo de 10 días (sin especificar si eran hábiles o naturales, a pesar del puente que se comía parte de la semana) para comparecer en juzgados y justificar bajo qué título habitaban el inmueble. Las vecinas rápidamente contactaron con la FAGC y se convocó una asamblea de urgencia, a la que también acudió como asesora legal la abogada Isabel Saavedra. La asamblea (más bien una reunión informativa) consistió en compartir con las vecinas las distintas opciones legales y de protesta que en opinión de la FAGC tenían. Las vecinas tomaron una resolución: lucharían por sus hogares.

La estrategia de lucha es la siguiente: se intentará plantar cara en el frente legal agotando todos los plazos posibles; se intentará provocar una verdadera “guerra de tinta” buscando tener la mayor presencia mediática posible para poner en conocimiento de la opinión pública el intento de desalojo a “La Ilusión” y generar todos los apoyos necesarios; paralelamente, se intentará negociar con el nuevo adjudicatario de los inmuebles (la SAREB) y con las instituciones públicas, para que las vecinas puedan conservar sus hogares en régimen de alquiler social o para que, en su defecto, se les garantice una alternativa habitacional; si los agentes implicados se niegan a negociar, tomaremos la vía de la protesta callejera, manifestándonos y concentrándonos en todos aquellos lugares que sea necesario hasta que la presión les obligue a sentarse frente a nosotras para llegar a un acuerdo; y si nada de lo anterior se produce tendremos que recurrir a intentar parar el desahucio a través de un piquete donde intentaremos movilizar al barrio, al municipio y a la isla entera, hasta poner delante de la puerta un colosal muro de resistencia popular.

“La Ilusión” demanda que se le permita conservar sus hogares, que llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables.

“La Ilusión” demanda que se les conceda un alquiler social sobre sus actuales domicilios y muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación.

“La Ilusión” demanda que, en caso de ser esto imposible, se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias.

“La Ilusión” no pide caridad, exige justicia y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material.

No se puede legislar contra la necesidad más básica, ni contra el instinto de supervivencia, ni contra la fuerza que nos impulsa a mantener sanos y seguros a nuestros hijos. Si nos prohíben respirar sólo obtendrán una cosa: que les desobedezcamos, como mínimo, 12 veces por minuto.

¿En qué anda metida la FAGC?

Los problemas

La Federación Anarquista de Gran Canaria es un colectivo en constante adaptación, siempre desarrollando nuevas estrategias para sobrevivir, siempre comiéndose baches. A finales de verano de 2017, a medio año de la fundación del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (un proyecto que ayudamos a impulsar inicialmente), curramos por encima de nuestras posibilidades. Un compañero de la FAGC cayó gravemente enfermo por el sobreesfuerzo (arrastraba dolencias que se acrecentaron después de toda una mañana descombrando un garaje y haciendo mudanzas para un nuevo proyecto socializado) y otro del SIGC tuvo problemas laborales y legales por su implicación en el mismo proyecto. Algunas vecinas y militantes no estuvimos a la altura, y exigíamos más a las compas jodidas cuando menos podían aportar. Sabíamos articular muy bien la solidaridad externa, pero la cagamos con la solidaridad interior.

Las más veteranas lo asumimos, sabíamos que tocaba lamerse las heridas y retirarnos a nuestros cuarteles de invierno hasta que escampara. Para las novatas quizás fue una lección demasiado dura, una cicatriz demasiado prematura.

La idea de la FAGC fue desde el principio convertirse en un colectivo netamente “político”, generador de opinión y agitación, e ir derivando, poco a poco, toda su actividad en vivienda a un colectivo más amplio y cada vez más independiente como el SIGC. Creíamos terminada la transición, así que optamos por “huir hacia adelante”: salir de la ciudad, irnos al campo, cuidar a nuestros heridos y recontar las municiones. Por desgracia las compas del SIGC, a las que creíamos más fuertes que nosotras, no vivían una situación mejor, y también fueron padeciendo cada vez más la erosión del choque con la realidad barrial y los efectos sociales que ha producido el capitalismo incluso entre las más pobres.

El corte de luz y agua de la Comunidad “La Esperanza” en marzo de 2018, la necesidad de apoyar una nueva lucha masiva, podía ser un revulsivo para el SIGC, pero en nuestra opinión sirvió para evidenciar la necesidad de adquirir unos protocolos resolutivos diseñados por la experiencia habitacional previa (que aún no se habían asumido) y también la de explotar mejor el capital social, comunicativo y de contactos que la FAGC había cedido al sindicato.

La FAGC, aún débil, surgió de entre las ramas de sus frutales e hizo lo que llevaba casi una década haciendo, siguiendo los automatismos adquiridos, mientras las vecinas daban la talla dando la cara en la calle y ante los medios. Gracias a eso se consiguió salvar la situación, pero aun quedaba digerir lo aprendido.

Con ese panorama, y otros factores de desgaste, el SIGC decidió tomarse un tiempo indefinido de reflexión. La FAGC estuvo a punto de hacer lo propio, y si no llega a ser por el miedo a que una espantada envalentonara a la administración y la hiciera lanzarse contra los proyectos que hemos ayudado a levantar, lo habríamos hecho. El huerto, por suerte, nos quitó esta idea de la cabeza.

El huerto”

Concebido en un principio como un mero refugio y quizás como un futuro medio de autofinanciación, el huerto empezó a convertirse en un proyecto netamente social con el que varias familias empezamos a alimentarnos (no era el primero ni el único que habíamos impulsado con esa premisa). Es así como levantamos un nuevo proyecto agrícola de autoabastecimiento, de donde cada semana, y dependiendo de la estación, sacamos kilos de naranjas, limones, duraznos, aguacates, peras, manzanas, higos, uvas, fresas, frambuesas, castañas, millo, calabazas, calabacines, judías, papas y hierbas aromáticas.

Hoy, según en qué ambientes, se llama “posmodernistas” y “neoliberales” a estos proyectos de huertos de subsistencia. Para nosotras, y no nos disculpamos por ello, son proyectos de expropiación agrícola, una forma de empezar a gestionar un medio de producción por nosotras mismas y una manera de que familias atiborradas a hidratos por la caridad de las ONGs y los bancos de alimentos puedan comer verduras y frutas frescas y lograr que enfermedades decimonónicas no vuelvan a reaparecer.

La microred de asistencia sanitaria

Tirando de la madeja de nuestro compa enfermo, fuimos descubriendo muchas de las enfermedades sin tratar que también azotaban a otras compañeras realojadas que habían migrado a la isla y no tenían “papeles”. La mayoría, aunque puedan recibir atención de urgencias, no quieren saber nada, lógicamente, de las instituciones y rehuyen cualquier contacto con el Servicio Canario de Salud. Esto es especialmente comprensible en personas que han vivido terribles experiencias en los CIEs. Las dolencias eran variadas e incluían enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, lesiones sin tratar, desnutrición, deshidratación y un largo etcétera. Gracias a compas con formación pudimos darles unas primeras recomendaciones básicas, pero pronto vimos que eso por sí solo no bastaba. Así que gracias a profesionales sanitarios que voluntariamente decidieron implicarse, hemos conseguido tejer una pequeña red de asistencia que atiende a los realojados y a sus familiares y conocidos en similar situación. Muchos de los materiales fungibles los aportan los propios compas sanitarios, pero es un sacrificio que no podemos exigirles encima que ofrecen sus conocimientos y esfuerzos desinteresadamente.

Oficina de asesoría legal/laboral para precarias

A razón de la polémica pública sobre el derecho a sindicarse de las compañeras que ejercen la prostitución, y nuestro posicionamiento, también público, contra la prostitución y toda explotación, pero a favor de la organización de las afectadas y su autoemancipación (no habrá abolición real de espaldas a ellas), varias compañeras se sintieron identificadas con nosotras y empezaron a plantearnos dudas por redes. El resultado ha sido la asesoría legal y laboral, individual o colectiva, de más de medio centenar de mujeres, y un hombre, dos veces por semana (sin contar las consultas de urgencia), sobre asuntos básicos que en realidad están en consonancia con la labor de cualquier sindicato convencional (aunque nosotras no lo seamos): información sobre reciclaje laboral y salidas profesionales, ayuda para solicitar subsidios diversos, ayuda para elaborar recursos contra multas y sanciones, información sobre las posibilidades de cotización o de reclamación de una pensión no contributiva (caso sangrante en las compañeras que rondan los 60 años), redacción de denuncias contra agresores o proxenetas, defensa y asesoría ante una detención o abuso policial, y un largo etcétera.

Expropiación de 3 casas terreras

Hace unos meses varias familias contactaron con nosotras. Cada una de ellas, por distintas circunstancias, pero con un mismo factor común: la pobreza y la terrible subida del precio de los alquileres en Gran Canaria, habían sido desahuciadas, estaban a punto de serlo o simplemente no se les quería renovar el contrato de alquiler (no al mismo precio que antes). Las asesoramos como siempre hacemos, les compartimos distintas alternativas, les dimos nuestras condiciones y requisitos, y les dijimos que suyo era el cometido de abrirse su propia vivienda, si esa era su opción. Después de la preparación pertinente, de elegir bien los inmuebles y solicitar la nota simple que confirmaba que todos eran propiedad de la SAREB, se procedió a su expropiación y socialización. 6 familias, 22 personas, en su mayoría menores, comparte hoy el techo de 3 casas terreras adyacentes, tienen agua y luz, y han escapado de la indigencia.

Todavía tenemos más casos de realojos pendientes, pero es muy complicado hallar solución a todos con nuestros pocos recursos.

La tiranía del dinero

La mayoría de estos proyectos, desgraciadamente, no sólo salen adelante con voluntad, imaginación y tenacidad, necesitan esos absurdos papeles de colores a los que llamamos dinero. El dinero, que no sería necesario para vivir en una sociedad racional, es obligatorio bajo la irracionalidad capitalista.

En abril de 2018 nos vimos obligadas a hacer una campaña de recaudación para comprar un caro motor (1000 euros) con el que facilitar agua y luz a la Comunidad “La Esperanza”. Justamente ayer, día 4 de noviembre, nos enteramos de que el hidro (la bomba que lleva el agua a las 76 casas de “La Esperanza”, y que es alimentada por ese motor que compramos en abril) está roto. Con lo que sobró de la anterior campaña podemos sufragar un nuevo hidro (hoy, por suerte, después de mirar mil presupuestos, lo hemos confirmado), sin embargo se nos plantea la misma inquietud angustiosa de siempre. ¿Por qué sólo sabemos movernos en temas de dinero cuando pasa una emergencia? ¿Qué hubiéramos hecho si los fondos hubieran sido insuficientes para pagar un nuevo hidro? ¿Y si en vez de los 600 que calculamos hubiera salido 2500? Por el bien de nuestras coronarias hemos decidido iniciar un nuevo período de recaudación, con más calma y menos presión, pero igual de necesario.

Debemos encontrar un medio de autofinanciación estable y seguro. Las campañas sólo sirven para casos puntuales. Las cuotas no pueden establecerse en un colectivo donde la mayoría de sus miembros vienen de la indigencia, la pobreza extrema o al menos de la insolvencia. Tirar de la aportaciones irregulares de las pocas compas que trabajan nos permite sacar la cabeza del agua, pero no es un método funcional durante la mayoría del año. Estamos barajando varias opciones, pero hasta dar con la más apropiada, y la mejor forma de enfocarlo, iniciamos esta campaña sine die donde cualquiera que quiera aportar y contribuir puede ponerse en contacto con nosotras a través del correo, facebook o twitter y ya les informaremos de cuál es la mejor forma de hacerlo. La idea es conseguir unos pequeños fondos regulares que nos permitan seguir con el chiringuito abierto al menos durante el 2019.

Podríamos conseguir más visibilidad, y así llegar a más gente y obtener más ayuda, por desgracia proyectos como la microred de asistencia sanitaria para migrantes o la oficina de asesoría para precarias son casi siempre incompatibles con el ruido mediático y la exposición pública de las afectadas (por propia decisión de ellas, completamente lógica). Nuestro terreno es por tanto seguir currando discretamente, desde abajo y con las de abajo, con nuestro anarquismo de barrio para pobres (unos términos que notamos cada vez molestan más), y contar sólo con la ayuda de la poca, pero muy valiosa, gente afín que aún cree que el apoyo mutuo y la autogestión son posibles. Gracias a todas ellas, estén donde estén.

La ayuda y el apoyo mutuo no pueden ser limitados por las fronteras de una asociación pequeña; deben extenderse a todo lo circundante” (P. Kropotkin, El apoyo mutuo, 1902).

FAGC

Alquiler, cuando lo básico se convierte en lujo

Decenas de organizaciones ciudadanas nacen por todo el Estado para hacer frente a la subida de los alquileres, un negocio especulativo impulsado por fondos de inversión y el auge de los arrendamientos turísticos.

Por Ter García.

Aparecido el 4/17/18 en El Salto

Conxita Torner vive en L’Eixample, en Barcelona, barrio en el que nació. Con un contrato de 15 años, pagaba por su piso, donde vive junto a su marido y tres hijos, 1.050 euros. Hace poco le tocó renovar el contrato, y la empresa propietaria de su vivienda —Uisa Sapi— le subió el alquiler a 2.000 euros mensuales. Negociaron y consiguieron que el alquiler se quedara en 1.500 euros al mes para los próximos dos años, y a partir de entonces, 1.600 euros al mes. Un 50% más de lo que pagaban hasta ahora.

Natividad Campodarbe también vivía en Barcelona, concretamente en Poble Nou. Después de 25 años en la misma vivienda, por la que pagaba 600 euros mensuales, recibió una carta en la que se le exigía que abandonara en un plazo de dos meses. Intentó negociar, pero el propietario de su vivienda, que lo es también de todo el edificio y de tres cuartas partes de toda la manzana, le dijo que no. Intentó organizarse con los vecinos, pero ninguno más había recibido cartas para que abandonaran sus viviendas. Buscando pisos por un precio parecido al que pagaba terminó en Tarragona. “Si nos hubiéramos organizado, se podría haber solucionado este problema, pero nadie quiso porque pensaban que no les iba a afectar”, lamenta.

Barcelona es, desde 2015, el municipio más caro de España. No fue en 2017 cuando los precios explotaron en la capital catalana. “En los últimos cuatro años el incremento de los alquileres ha tomado unas dimensiones espectaculares”, explica Joan Balanach, de la Federació d’Associaciones de Veïnes y Veïns de Barcelona (FAVB). Según calcula, entre 2013 y 2017 los alquileres han subido hasta un 40%.

“La parte de la renta destinada al alquiler ya se sitúa casi en el 50% de media”, añade. Un aumento especulativo que, además, según resalta, ha ido unido a la precarización laboral y que lleva irremediablemente a la expulsión de los vecinos de los barrios de una ciudad en la que, según valora esta institución, casi la tercera parte de los hogares vive en régimen de alquiler.

A raíz de esta situación, en mayo de 2017 nació el Sindicat de Llogaters y Llogateres —que ya cuenta con 1.200 afiliados— además de decenas de colectivos de barrios que se han marcado como objetivo revertir el problema de los alquileres. A día de hoy están centrados en la campaña Ens quedem. “Es una campaña contra los desahucios invisibles, que son las expulsiones que se producen cuando no se renuevan contratos o se hace una subida desproporcional del alquiler”, explica Irene Sabaté, miembro del sindicato. “Es la respuesta a las inversiones especulativas que compran edificios enteros para su revalorización, es la propiedad vertical”, añade.

Los fondos de inversión se han lanzado, en Barcelona como en el resto del Estado, al negocio del alquiler. Según explica Sabaté, solo en la presentación de la campaña nombraron a diez de estos grandes propietarios. “Tirando del hilo con la gente que vino a la asamblea contabilizamos unas 3.000 viviendas en Barcelona que pertenecen a este tipo de propietarios, y es solo la punta del iceberg: la propiedad vertical es mucho más frecuente de lo que podamos sospechar”, detalla.

El sindicato, observando también el trabajo sobre este tema realizado por La Directa, ha situado en un mapa las decenas de fondos de inversión y grandes propietarios que se están quedando con Barcelona: Vauras Investment, Norvet, MK Premium… algunos están especializados en vaciar edificios para venderlos multiplicando su precio.

Los primeros en organizarse

Aunque Barcelona sea el municipio más caro, no es el que más vio aumentar la renta de alquileres el pasado año. Este puesto lo tiene Santa Cruz de Tenerife, con un 22,7% de encarecimiento según el portal Idealista —referente de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid ante la falta de datos oficiales y cuyos fundadores, según destapó El Confidencial, también meten cuchara en el negocio inmobiliario a través de una sociedad de inversión—.

No es casual que haya sido en Canarias donde surgió el primer sindicato de inquilinos, en su caso impulsado por la Federación Anarquista de Gran Canaria en enero de 2017. “Se deprimen las zonas, se compran por cuatro duros, se revalorizan y los vecinos se van a la calle. No se diferencia mucho del esquema general”, explica Sergio González, miembro del sindicato canario, sobre la situación en las islas.

González señala que la subida de alquileres comenzó en los barrios clásicamente turísticos, pero pronto llegó a los demás: “Ya por menos de 600 euros no consigues un mal apartamento en el extrarradio”. Aunque el problema de la vivienda siempre ha estado presente en Canarias, ha sido en los tres últimos años cuando se ha recrudecido.

Su respuesta: la acción directa con forma de ocupación. No tienen números concretos, pero cifran en medio millar las personas realojadas desde que se creó el sindicato hace poco más de un año. “Ha sido gota a gota, aunque hay algunos casos grandes como la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santa María de Guía, donde 76 familias —más de 200 personas— pasaron a vivir en cuatro bloques de viviendas embargados por Bankia.

“Ahora hay un edificio en el que vamos a meter a ocho familias”, continúa González. El sindicato les da apoyo, pero son ellos los que tienen que hacer suyo el espacio, modelo también aplicado por la Obra Social de la PAH. El último caso que ha llegado a este sindicato es el de una pareja y sus dos hijos a los que dieron una semana para abandonar su vivienda. Primero consiguieron que les dieran un mes de plazo y ahora están trabajando en encontrarles un sitio. “Este año en Canarias hay 18.000 o 20.000 demandantes de vivienda, y viviendas vacías hay más de 100.000. Casi todas son de bancos, que son nuestra comida favorita, no particulares”, continúa.

En Baleares también está a punto de nacer un sindicato de inquilinos. Será en Mallorca y está impulsado por el colectivo Stop Desnonaments. El alquiler ha subido un 20% en 2017, y entre un 40% y un 50% en los últimos tres años —según diversos portales de vivienda—, tiempo que coincide con el nuevo ciclo de alquiler impuesto con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. “Barrios como La Soledad están superdeprimidos y se los están quedando banqueros, narcotraficantes y especuladores”, acusa José Manuel Segura, de Stop Desnonaments.

¿DE DÓNDE VIENE ESTO?

El alquiler vacacional, la entrada de los fondos de inversión por la puerta grande en el negocio del alquiler, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la falta de parque público de vivienda en alquiler son las causas más repetidas de un problema que afecta a todo el Estado.

En algunas comunidades autónomas, como Madrid o Baleares, se han lanzado a modificar las leyes sobre apartamentos turísticos. Sin embargo, los cambios no han sido dirigidos a frenar su expansión. “Lo que se ha hecho aquí con la nueva ley es legalizarlo, ahora hay 60.000 plazas legalizadas por la Conselleria”, señala Segura en referencia a Mallorca, matizando que lo que sí se ha hecho es diferenciar las zonas saturadas y las que aún no lo están.

En otras zonas de esta ciudad, como la de la Guerrería, Segura señala que las políticas dirigidas a revitalizar el barrio han tenido como consecuencia que una misma empresa se quedara con hasta 21.000 viviendas. “Reforman los pisos y actualizan las rentas, ahora piden 1.500 euros por pisos de 56 metros cuadrados”, añade. “Palma entera está saturada y mientras se permita el alquiler vacacional, que las socimis tengan exenciones fiscales y facilidades para comprar bloques enteros, y la ley permita el alquiler vacacional, esto va ir a peor”, concluye.

Tampoco se ha potenciado hasta ahora la vivienda pública, variable considerada por todos los entrevistados como determinante para frenar la subida de los alquileres. En Madrid, Vicente Pérez, responsable del área de vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) señala que entre el IVIMA —instituto de la vivienda de la comunidad— y la EMVS —su equivalente municipal— reúnen una lista de espera de 20.000 familias para acceder a vivienda pública. “No hay oferta pública suficiente ni de lejos, en la comunidad hay más de 200.000 viviendas vacías y ni los ayuntamientos ni la Comunidad de Madrid hacen nada para que este parque salga al mercado”, señala Pérez.

En Catalunya, la situación no es mucho mejor. “Estamos en un 1,5% de parque de vivienda pública y la Ley catalana de Vivienda establece que para 2037 deberíamos estar en el 15%. El ritmo es insuficiente, pero reconocemos que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando este tema”, afirma Sabaté.

“Como en todas las ciudades tenemos un problema endémico de que el tema de las viviendas de protección oficial no ha existido prácticamente en las agendas políticas”, añade Balanach, quien apunta que en Barcelona el problema es tan grave que el Ayuntamiento ha tenido que realojar a 6.000 familias en residencias porque no tienen viviendas suficientes para los casos de emergencia habitacional. “Es una situación dramática, y generalizada en todas las ciudades”, concluye.

 

Sin luz y sin agua… Pero también sin miedo

El pasado jueves 22 de marzo de este 2018 a las más de 70 familias de la Comunidad “La Esperanza” se les arrebató su derecho a acceder a unos bienes tan básicos como el agua corriente y la luz eléctrica. Lo hizo Unelco, la filial de Endesa en Canarias. Lo hizo sin ningún tipo de aviso previo y lo hizo desoyendo nuevamente la reclamación de los vecinos de que se les proporcione un suministro regular que, a pesar de sus escasos ingresos, siempre se han comprometido a costear. Lo hizo por ambición y codicia, porque considera que su derecho a la propiedad privada está por encima de nuestro derecho a la vida.

Detrás de esa frase y esa cifra, “más de 70 familias”, se encuentran nuestras caras y nuestros nombres, nuestras circunstancias, luchas y sufrimientos, y, sobre todo, se encuentran nuestros hijos. Nuestros niños son el núcleo de “La Esperanza”, son la mayoría en esta comunidad y son el principal motivo por el que un día decidimos sumarnos a este proyecto. Estos niños hoy no tienen ni agua ni luz. Y eso, como padres, no pensamos consentirlo.

¿Quieres saber qué es “La Esperanza”? “La Esperanza” son 4 bloques de viviendas socializados donde se encuentra la comunidad autogestionada más grande del Estado español. Sí, uno de los proyectos de realojo de familias sin hogar más numeroso y longevo no se encuentra en un lejano país ni pertenece a pasados tiempos revolucionarios; se encuentra aquí y ahora, en Gran Canaria, en una pequeña isla donde nos quieren hacer creer que nunca pasa nada. A comienzos de 2013 la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) llegó a un acuerdo con la promotora del la construcción para habilitar el inmueble a cambio de permitir que entráramos familias sin recursos y con hijos a cargo. Este febrero de 2018 se cumplieron 5 años desde que entramos las primeras 20 familias. Hoy somos más 70. Actualmente somos autogestionarios por completo, tanto en gestión interna como a nivel económico. Nosotros tratamos de solucionar los posibles problemas de convivencia en asamblea. Nosotros decidimos las condiciones de entrada de nuevas familias si alguna vivienda se queda vacía. Nosotros costeamos nuestra agua, pagando caras cubas de 10.000 litros diarios, y nos encargamos, sin ayuda de ninguna institución ni partido, del mantenimiento del edificio. Eso es “La Esperanza”.

¿Y quieres saber quiénes somos los vecinos que componemos este proyecto? Somos trabajadores de la construcción arrojados al desempleo tras la crisis del sector y que de un día para otros nos vimos sin casa a pesar de haber ayudado a construir tantos hogares. Somos madres solteras que sacamos a nuestros hijos adelante con poca o ninguna ayuda de las instituciones. Somos mujeres que hemos escapado de situaciones de maltrato y que hemos encontrado en “La Esperanza” un hogar para nosotras y nuestros hijos. Somos migrantes a los que años de trabajos precarios no nos ha permitido tener lo mínimo ni para pagar un alquiler. Somos enfermos crónicos a los que tener una vivienda en “La Esperanza” nos ha permitido no morir en la calle. Somos ancianos con pensiones ridículas y mil problemas físicos que no tenemos más techo que este. Somos desahuciados a los que la policía arrojó un día a la calle por impago de hipoteca y alquiler y hoy no tenemos otra salida que esta comunidad. Somos indigentes que llevábamos años sin dormir a cubierto hasta que se nos entregó las llaves de esta vivienda que nos ha salvado la vida. Y sobre todo somos niños, niños que vamos al colegio y estudiamos, que jugamos y crecemos en estos edificios, que vemos como nuestros padres se sacrifican diariamente para poner un plato en la mesa y que luchan a diario para que nosotros nunca llevemos una vida tan dura como la suya.

Estas somos algunas de las personas reales que hoy tenemos que afrontar un nuevo día sin agua y sin luz. Cuando Unelco-Endesa nos cortó la luz no sólo dejó a 200 personas sin posibilidad de conservar sus alimentos o de iluminarse para hacer los deberes; dejó a 200 personas sin agua porque para que el agua llegue a las viviendas dependemos un hidro que funciona con energía eléctrica. Nadie nos preguntó si teníamos conectada alguna máquina de soporte vital para algún vecino enfermo. Nadie nos preguntó cómo asearíamos ahora a nuestros hijos para ir al colegio. Nadie nos preguntó como apaciguaríamos los llantos de los niños a los que desde que se pone el sol tenemos que alumbrar con velas.

Esta atrocidad no hubiera podido perpetrarse sin la complicidad y colaboración necesaria de las autoridades municipales. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha autorizado las obras en vía pública que nos han dejado sin luz. El ayuntamiento se ha negado a darnos cualquier explicación o solución. El ayuntamiento no tiene previsto para este caso, en el que 200 de sus vecinos están sin luz y sin agua, ningún plan alternativo. Para ellos siempre hemos sido “extranjeros”, “gente de fuera”, y se nos ha tratado con un desprecio y xenofobia que hiere nuestra dignidad humana. Todo esto a pesar de que la mayoría, según su legislación, somos vecinos de pleno derecho porque estamos empadronados (hasta que en verano de 2016 el propio alcalde, Pedro Rodríguez, dio orden de no dejar empadronarse a nadie más contraviniendo la propia normativa de empadronamiento1). Lo que pretenden con esta maniobra es que abandonemos voluntariamente el inmueble (cosa que ya intentaron vía decreto en marzo de 2016) y para conseguirlo no les importa arrasar con todo, incluso con el bienestar de los niños y la poca salud de los enfermos. Según su normativa municipal2, constitucional3 e internacional4, no podemos carecer de suministros básicos y están obligados a garantizarnoslos. Pero las leyes que estos funcionarios juraron respetar son leyes de papel para unos y de sangre para otros, según quien las aplique o quien las sufra.

El colaborador necesario de este intento de provocar una crisis humanitaria es el alcalde Pedro Rodríguez, parlamentario en el Gobierno de Canarias por Nueva Canarias, partido que no ha dejado de llenarse la boca hablando de “programas de pobreza energética” y “desahucios 0” y firmando acuerdos con plataformas antidesahucio mientras permite que uno de sus parlamentarios condene a 200 personas a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Por su parte el Cabildo y el Gobierno de Canarias, con los que ya contactamos en 2016 ante el intento de desalojo municipal, conocen perfectamente nuestra situación, al menos con el agua (pues en su día se les dijo que no disponíamos de agua de abasto), y se han inhibido completamente permitiendo que más 70 familias permanezcan, en ese “Caribe europeo” del que se sienten tan orgullosos, sin agua y sin luz.

Pero si las instituciones no hacen nada nosotros, los vecinos, sí pensamos hacerlo. Ante la voracidad capitalista de Unelco-Endesa y la cruel insensibilidad de los organismos públicos, “La Esperanza” declara que no se quedará quieta. No permitiremos que los servicios sociales, que obedecen al gobierno local que ha permitido que estemos sin luz y sin agua, cometa la retorcida maniobra de poner a nuestros menores en riesgo por carecer de los suministros básicos que ellos mismos han permitido que nos cortaran. No consentiremos que nuestros hijos sigan una semana más aseándose con garrafas de agua helada y teniendo que vivir alumbrados por velas. Empezamos desde ya mismo una semana de ruido y movilización, de rabia y protesta. Hace unos días cortábamos la calle frente a la comunidad, y eso sólo es una pequeña muestra de hasta dónde pensamos llegar para conquistar nuestros derechos. Convocaremos a todos los medios a una próxima rueda de prensa multitudinaria y denunciaremos ante ellos lo ocurrido. Difundiremos por redes cada segundo de esta lucha agónica. Haremos una hoja de ruta de movilizaciones que incluyen concentraciones, manifestaciones, acampadas y protestas en los feudos de los que consideramos responsables de esta emergencia humanitaria. Movilizaremos a la opinión pública, dentro y fuera de la isla, para hacer que la presión a los que intentan quitarnos la vida se haga palpable. Y buscaremos, por nosotras mismas, y con la ayuda de colectivos que no buscan votos ni fotos, la manera de volver a restituir el suministro eléctrico, sea a través de motores o de placas fotovoltaicas. Solicitaremos la solidaridad de todas y todos aquellos que sienten que nuestra causa es la suya y que nuestro dolor no sólo nos duele a nosotros. Unelco-Endesa y la administración han intentado imponer sus intereses a nuestro bienestar, pero les demostraremos que nada puede hacer la propiedad privada ante nuestras ganas de vivir, ante nuestras ganas de seguir vivos. Por ahora estamos sin luz y sin agua… Pero también, recuérdenlo, estamos sin miedo.

¡La “Esperanza” no se pierde!

Comunidad “La Esperanza”

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1Según el Real decreto 1690/1986, de 11 julio, por el cual se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades locales, en su art. 54.1: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Y en su art. 58.1: “El Ayuntamiento facilitará a todos los que vivan en su término hojas padronales o formularios para que le notifiquen los datos de inscripción”.

2El Reglamento del Servicio Público de Agua en el término municipal de Santa María Guía en su art. 2 establece que “el servicio de abastecimiento de agua es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limitación que las condiciones y obligaciones que señala dicho Reglamento y la legislación vigente en la materia”. Lo mismo se constata en el art. 26.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985.

3Ver la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 y la propia Constitución Española en sus artículos 43.1 y 43.2.

4Ver la resolución de las Naciones Unidas 64/292.