Aunque en la noticia se hable de unos 600 desahucios en 2019, la realidad es que son cerca de 3.000. Reportaje en las noticias de TVC.
Categoría: Noticias
«El Ayuntamiento deja de pagar y se lava las manos»
30/09/2019
Una mujer desahuciada junto a su hijo pequeño pierde la ayuda que le ofrecía el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria para alojarla en un hotel.
Las Palmas de Gran Canaria
María del Pino Santana se enfrenta de nuevo a un desalojo. En enero, una orden de desahucio la expulsó de la vivienda en que habitaba, en Casablanca I, por impago de alquiler. Desde entonces, esta joven madre, víctima de violencia de género, ha residido en el hotel Valencia, un alojamiento cuyos gastos ha asumido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hasta hoy. La semana pasada le informaron que su ayuda no iba a ser renovada. Y así, sin otra solución habitacional, María del Pino revivió sus viejos horrores, el miedo a quedarse en la calle y a perder a su hijo.
«En el Ayuntamiento me dicen que dejan de pagar, se lavan las manos», lamenta. Dice que se sorprendió del anuncio que le hicieron los empleados municipales «porque el alcalde, Augusto Hidalgo, se hizo eco de mi caso, aunque parece que ya se ha olvidado».
«Si este es el trato que se le va a dar a una mujer víctima de violencia de género…», argumenta, «mucho decir que van a ayudar a la mujer pero cuando lo necesitas, lo único que hacen es hundirte».
A fines del año pasado, a María del Pino se le había tramitado la Prestación Canaria de Inserción y una ayuda de emergencia. Desde que se conoció su caso, el Ayuntamiento asumió los gastos de alojamiento y se comprometió también a costear los de lavandería y comida. «A mí no me han ayudado en nada, ni con la lavandería, ni con la comida», denuncia.
Lo que sí le ofrecieron fue un trabajo temporal, de seis meses, en el servicio de limpieza viaria. «Con un contrato de barrendera que no es fijo nadie me va a alquilar», prosigue María del Pino Santana. Este periódico intentó conocer sin éxito la versión del grupo municipal de gobierno.
Tampoco se materializó en estos meses la ayuda prometida por el anterior Gobierno de Canarias para ofrecerle un alquiler especial dentro de la bolsa de viviendas conveniadas con los bancos.
Ayuda externa.
Pese a lo delicado de su situación, María del Pino no se quedará hoy en la calle. Gracias a la asistencia del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, esta joven dormirá hoy bajo techo. Esta organización le ha podido encontrar un alojamiento «en una de las comunidades autogestionadas a las que actualmente ayuda y asesora en la isla».
«Es triste y lamentable que un sindicato de inquilinas, sin recursos ni subvenciones, sin liberados ni relación con ningún partido político, ofrezca en esta isla más alternativas de vivienda que unos ayuntamientos, cabildos y gobiernos que acumulan recursos de todas nosotras», explica el colectivo a través de un comunicado.
La nueva vivienda del María del Pino está fuera de la capital, lo que le ha obligado a cambiar de colegio a su niño. «Le venga bien o no, no tenemos más opciones y al final la gente acaba deslocalizada», aseguró Ruymán Rodríguez, «el Ayuntamiento no tiene ningún plan para este tipo de casos».
Alquilar una vivienda en Canarias es un 40 % más caro desde 2014
Los inquilinos denuncian que pasan meses buscando un piso donde vivir. Los alquileres más caros se dan en las dos capitales de provincia.
Canarias – 28/09/2019 Redacción Televisión Canaria
Raquel Pérez/Carmen Waló/Raúl Delgado
Alquilar una vivienda cada vez es más difícil en Canarias. Desde 2014, los precios han subido más de un 40%. Los inquilinos denuncian que pasan meses buscando un piso donde vivir. Estas son sus opciones en las islas actualmente.
En El Hierro, los precios oscilan entre los 300 y 500 euros al mes. En La Palma el piso más barato cuesta 360 euros y el más caro, 800. En La Gomera los alquileres están entre 550 y 650 euros. Y en Tenerife encontramos un piso a 290 euros en Garachico frente a los 1.800 que sale el piso más caro en Santa Cruz de Tenerife.
En Lanzarote alquilar un piso puede costar entre 550 y 1.100 euros al mes. En Fuerteventura los precios oscilan entre 400 y 875 euros. Y en Gran Canaria, la oferta va desde los 300 euros al mes en Moya a los 2.700 euros al mes en Las Palmas de Gran Canaria. Los alquileres más caros se dan en las dos capitales de provincia.
El juicio por el desahucio de las familias de Valle de los Nueve se paraliza un mes
La Sareb solicitó el aplazamiento de la vista que debía celebrarse este martes por la negociación con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde
pedro hernández 11.06.2019 | 14:48
El juicio por el desahucio de las familias de Valle de los Nueve se paraliza un mes
Las 14 familias precaristas que habitan un edificio de viviendas en Valle de los Nueve han logrado salvar de momento la orden de desahucio que pesa sobre ellas. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o ‘Banco Malo‘, propietaria del inmueble solicitó ayer al juzgado número 1 de Telde, donde esta mañana debía celebrarse el juicio, un aplazamiento de un mes, según informaron abogados de los afectados al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Sobre sus cabezas, un presunto delito de usurpación que encausa por la vía penal a cuatro de las 14 familias. Sigue leyendo El juicio por el desahucio de las familias de Valle de los Nueve se paraliza un mes
La media de alquiler en Las Palmas es superior al Salario Mínimo Interprofesional
- Según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, desde septiembre hasta ahora, el precio medio del alquiler en la provincia oriental canaria ha aumentado en 248 euros
- El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria cree que la “inoperancia” de las instituciones a la hora de crear un plan de vivienda y el número de inmuebles vacíos en manos de los bancos son algunos de los causantes de esta inflación de precios
- La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional culpa a la administración pública de no buscar soluciones «reales» al problema y camuflarlo echando la culpa “al último que llegó o al que más ruido hace”, refiriéndose al negocio del alquiler vacacional
«Magnífico piso en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria»; «bonito estudio en el centro de la ciudad»; «piso amueblado, práctico, muy bien comunicado» o «sólo buscamos funcionarios». Así comienzan muchos de los anuncios de viviendas de alquiler en diferentes webs en Canarias. Y continúan, «tres meses de fianza»; «contrato fijo y nómina superior a los 18.000 euros anuales»; «al menos un aval», etc. Cada día se publicitan en las Islas cientos de pisos con unos precios que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, contribuyen a la creación de barreras económicas y burocráticas. La ausencia de una política de vivienda que ‘meta mano’ en este asunto se traduce en unos resultados objetivos: 997 de euros de media en el precio de alquiler en la provincia de Las Palmas, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, y 138.000 inmuebles vacíos en el Archipiélago.
Desde el pasado mes de septiembre hasta ahora, la media del alquiler ha aumentado en 248 euros en la provincia de Las Palmas, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez. Unos datos que se contradicen con la situación que viven los isleños: más del 40% de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza y los trabajadores sobreviviendo con uno de los sueldos más bajos de todo el país.
Rodríguez aclara que esto se debe, en primer lugar, a la «inoperancia» de las instituciones. El portavoz del sindicato explica que, en la mayoría de los países de Europa, con sueldos muchos más elevados que en España, entre el 30 y 40% de la población vive en régimen de alquiler social. En España sólo representan el 3% de la población.
Otro de los factores influyentes es el elevado número de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres después de que estallara la burbuja de la construcción y la crisis económica. En estos momentos, cuando las islas sufren la mayor subida de alquiler de la historia, hay 138.000 viviendas sin habitar. Hay un exceso de demanda y un déficit de oferta que no tendría por qué existir.
Ante esta situación, desde el colectivo se plantea la rehabilitación y finalización de esas viviendas, muchas a medio construir. «Llevan nueve años sin edificar ningún tipo de vivienda pública y ni siquiera creemos que el modelo sea construir e invertir en hormigón, sino que se llegue a un acuerdo con los titulares de esas viviendas abandonadas y se habiliten para todas esas familias».
La empresa pública de promoción de viviendas de alquiler es otra de las barreras que complica el problema de la falta de vivienda en Canarias. Desde el sindicato de inquilinos tachan de «ineficaz» la gestión de Visocan ya que mantiene muchas casas vacías, sobre todo en la capital grancanaria. «En Ciudad del Campo hay gran cantidad de casas sin habitar y no se entregan a pesar de que hay personas demandando vivienda», aseguran.
El vicepresidente y abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, sostiene posturas coincidentes en relación al problema del alquiler en las Islas. La recuperación económica que vive el país facilita a los arrendadores subir los precios del alquiler tratando de recuperar el nivel precrisis. «Desafortunadamente los salarios de la población no han crecido en la misma medida», lamenta.
A esto se le añade la existencia de fondos de inversión y grandes entidades bancarias que cuentan con un gran ‘stock’ de inmuebles vacíos. «Hace unas semanas la ONU dio un toque de atención a España para que metiera mano a los fondos buitre que no ofertan las viviendas y especulan con sus precios», recuerda el vicepresidente del colectivo. Asimismo, Valentín opina que la ausencia de un plan de vivienda pública y el retraso en las ayudas al alquiler por parte del Gobierno de Canarias son otros factores que respaldan la inflación de precios.
El alquiler vacacional, «se trata de un elemento que ha entrado a formar parte de este juego social en relación con la vivienda». Valentín cree que desde la administración pública no se buscan soluciones reales al problema y se camufla culpando «al último que llegó o que más ruido hace». Según datos de la asociación, las VV (viviendas vacacionales) solo representan un 3% en Canarias. «No hay quien se crea que el 3% de las viviendas estén causando la subida de precios», afirma.
«Hay propietarios que han decidido sacar su vivienda de alquiler de larga temporada y lo dedican al alquiler vacacional. Al fin y al cabo, cada persona dedica su vivienda a la finalidad que considere más oportuna».
Por el contrario, el portavoz del sindicato de inquilinos considera influyentes a las VV en esta subida de precios. La decisión del Gobierno autonómico de regularlo solamente en zonas turísticas hace que «en muchos barrios obreros existan este tipo de alquileres», afirma Rodríguez. «Se está dando el proceso de gentrificación, las personas se van de los barrios donde nacieron, crecieron y tienen su red apoyo familiar porque no tienen forma de seguir viviendo», lamenta.
Rodríguez asegura que el barrio de La Vega de San José, en la capital grancanaria, es uno de los más afectados por este proceso. Es muy habitual observar la placa distintiva de VV en esta zona de la ciudad. Además, el hecho de que se sitúe allí el Palacio de Justicia hace que los funcionarios quieran tener viviendas cerca y se inflen los precios del alquiler. «En San Cristóbal tenemos registrado un estudio de 30 metros por 600 euros, una locura. ¿A cuánto se está alquilando el metro cuadrado?», se cuestiona.
En otros casos, tras un breve rastreo en diferentes webs de alquiler, se puede observar: un apartamento de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Arguineguín (Mogán), 850 euros mensuales; un piso de una habitación y 50 m2 en la zona Isleta-Puerto-Guanarteme por 1.000 euros; un estudio en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, por 800 euros; una casa terrera a 50m en la playa de Arinaga, tres habitaciones por 975 euros, entre otros muchos.
«Si casi la mitad de la población es pobre y tiene los alquileres más caros abocas a mucha gente a la indigencia, aumentan el número de desahucios. La circunstancia es de emergencia habitacional, pero oficialmente no se declara».
La emancipación «una utopía»
Uno de los índices de paro más altos en Canarias se da entre la población joven, de 20 a 25 años. El acceso al empleo es cada vez más difícil y la emancipación se ha convertido en «una utopía», opina Rodríguez. «Estamos asistiendo a jóvenes que viven en una situación totalmente precaria», insiste. «Alquilan habitaciones entre dos o tres y en un apartamento de tres habitaciones acaban viviendo unas 10 personas para poder sufragar el alquiler entre todos».
El portavoz de los inquilinos grancanarios añade que «otros muchos no pueden irse de alquiler y tienen que seguir viviendo con sus padres». Lo «peor» de esta situación, opina, se da cuando los servicios sociales «reprueban» estas condiciones de vida considerando que «no son óptimas», pero las instituciones «no hacen ningún tipo de programa de vivienda útil». «Sin nómina, sin tres o cuatro meses de fianza y sin ningún tipo de aval no se concede un contrato de alquiler».
«El sueldo mínimo interprofesional está en 900 euros, que no quiere decir que todos los trabajadores lo cobren, y la media del alquiler en la provincia de Las Palmas está en 997. Ni con el 100% de tus ingresos pagas una casa». En este punto señala que la situación de las familias ha cambiado y se han creado nuevos modelos. «Hay muchas madres solteras que dependen de un salario único y exclusivo para sacar a su hijo adelante y con estos precios es totalmente «inasumible», crítica Rodríguez. «Al final casi nos abogan a la idea de que trabajen los niños para pagar el alquiler».
Repercusión mediática del intento de desahucio de Nereida y Natalia
Dos hermanas y sus tres niños, a la calle en la Vega de San José
En verano vieron un anuncio en Internet. Por un adelanto de 250 euros accedían a un piso en alquiler en la Vega de San José. Lo pagaron, pero al entrar vieron que la casa no estaba en condiciones. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», relata Nereida Espino. Cuando fueron a reclamar su dinero, el supuesto arrendador ya había desaparecido del barrio. «Nunca más dio señales de vida, ni por teléfono», expuso la joven, así que decidieron quedarse en la casa, cambiando la cerradura para evitar problemas.
El problema es que quien alquiló la vivienda no era su dueño auténtico y se metieron a vivir en una casa sobre la que pesaba un proceso de desahucio -del propietario real- contra los anteriores inquilinos.
Allí estuvieron viviendo las dos hermanas, Nereida y Natalia, de 30 y 29 años respectivamente, con sus tres niños, de 11, 9 y 5. Iban escapando con los trabajos temporales de Natalia como camarera y con la ayuda de emergencia que les acaba de ingresar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -solicitada en noviembre-, pero marzo se torció. Natalia perdió su trabajo y hasta el mes que viene no empieza a cobrar los 215 euros que le corresponden como prestación de desempleo; y el jueves pasado, una comisión judicial tocó a las puertas de la casa para anunciarles el desahucio.
La orden de desalojo estaba, sin embargo, a nombre de otra persona. «Cuando me identifiqué y vieron que no éramos esa persona, nos dieron una semana más» para desocupar la vivienda.
El plazo se cumple este jueves. Y las dos familias no saben a dónde ir porque dicen que no tienen a nadie más que las ayude y porque no disponen de ingresos para afrontar los precios que el mercado impone a los alquileres.
De momento, la única ayuda que están recibiendo es la del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que está trabajando a contrarreloj para buscar un techo para las dos hermanas y sus tres hijos pequeños.
De las instituciones esperan poco más por el laberinto burocrático en que se encuentran. «La trabajadora social me pidió cita con Stop Desahucio», explica la afectada.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que no puede ofrecerle una solución habitacional a las dos hermanas y sus tres hijos porque el levantamiento está a nombre de otra persona. Por este motivo, la joven fue remitida a Stop Desahucios, «para que la asesoraran a nivel legal».
Sin embargo, las dos jóvenes y sus pequeños no necesitan asesoramiento legal, sino un techo. Así lo afirma la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas para frenar el desahucio. «No necesitan asesoramiento, sino soluciones», explicó, «resulta inaudito que el Ayuntamiento se quite los temas de encima».
Saavedra presentó al juzgado, el viernes pasado, un escrito en el que reclama la aplicación del nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fija la obligación de contar con un informe de los servicios sociales municipales antes de dejar en la calle a una familia con menores a su cargo.
Ruymán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, también cree que «no tiene sentido» buscar una cita con un colectivo social cuando no se ofrece nada más. Cree que la solución del Ayuntamiento es «un parcheo» y que las instituciones solo responden cuando la realidad les golpea de lleno.
María encuentra techo provisional y el juez para el desahucio ‘sine die’
Fuente: Canarias 7
Javier Darriba
La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.
La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.
Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.
Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.
La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.
La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».
Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.
Ayudas económicas
El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».
Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.
En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.
Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».
La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.
En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.
Críticas
La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».
Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.
Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.
Doce familias residen en viviendas prestadas en Valle de los Nueve
Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino viven en dos edificios embargados cedidos por su dueño
pedro hernández 07.12.2018 | 01:43
Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino son los componentes de las 12 familias que residen en dos edificios de Valle de los Nueve desde junio del año pasado como precaristas [prestatarios] gracias a la generosidad de su propietario, aunque el proximo lunes tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instancia número 4 para explicar en calidad de qué se encuentran en ambos inmuebles.
Acudirán con una batería de recursos que les están elaborando y tendrán que declarar, pero confían en que les permita seguir en los que son ahora sus hogares y mantener la unidad familiar, evitar traumas a los niños por el cambio de colegio y que no afecte un hipotético traslado de personas enfermas. No piden una casa gratis, sino que puedan seguir en las que habitan con un alquiler social o que las administraciones públicas les busquen una alternativa. Si no, su camino es quedarse en la calle.
«Somos precaristas, no okupas», aseguran varias de las inquilinas para descartar con rotundidad que el acceso a sus pisos fuera de forma violenta o sin consentimiento de la propiedad. De hecho, han acabado con las deficiencias encontradas en ambos portales, compuestos por cinco y ocho viviendas en total. Así, han repuesto los materiales robados, colocado piezas de saneamiento, tapado goteras o amueblar la cocina con las donaciones recibidas y la ayuda de otras personas.
Nada que ver. y así defienden su etiqueta de precaristas. con el escenario descrito cuando se habla de okupas en edificios abandonados. Todo lo contrario, su panorama es como el de cualquier piso, más modesto, pero en perfecto estado.
Indican que los embates sufridos les han colocado en un estado de precariedad económica y laboral, con situaciones de parados de larga duración o empleos esporádicos, además de difíciles situaciones familiares que les abocó a solicitar ayuda a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que creó el Sindicato de Inquilinos «para ayudar y buscar soluciones al sangrante problema de la vivienda en Canarias y explicar cómo salir adelante», apunta Ruymán Rodríguez, asesor de estas familias.
Varias de las afectadas prefirieron que en la foto de esta información y en las de la edición digital no se les viera el rostro, aunque posaban con quienes sí aceptaron para que se demuestre que todas las familias están a una en esta lucha y expusieron sus opiniones. Faltaron más inquilinos de los que se esperaban, pero quienes asistieron, todas mujeres, sí querían contar su historia y su situación.
Régimen de prestatarios
Una historia que empezó a escribirse el año pasado durante una asamblea en San Telmo «en la que asistieron familias desahuciadas, familias que vivían en la calles, mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos y no sabían dónde meterse. Una persona que se identificó como propietario embargado de esos bloques ofreció las llaves a esas familias a cambio de que los cuidaran porque se le estaban metiendo a robar o al consumo de drogas. Dijo que mientras lo cuidaran podían habitarlos y desde el pasado verano residen allí».
Ahora tienen que demostrar el lunes que se encuentran en situación de prestatarios ante el juzgado teldense. Rodríguez opina que probablemente se ha iniciado la ejecución hipotecaria y de ahí la notificación de comparecencia en sede judicial el lunes, 10.
La mayoría son de Telde, los adultos en edades comprendidas entre los 25 y 50 y pico años, casi todos entraron el verano pasado, aunque el dueño les dio otro juego de llaves para que las utilizaran para nuevos inquilinos y así se fueron organizando. Crearon la comunidad La Ilusión y han desarrollado durante este algo más de un año un cambio a mejor en los dos edificios, una acción que confían sea valorada en el juzgado.
Nieves, una de las residentes en uno de los pisos, se define como precarista y recuerda que en su domicilio cuando llegó «me encontré con goteras y tuve que usar mantas para taparlas». Ahora, aunque con modestia, tiene un lugar donde vivir con dignidad y espera seguir considerándolo su hogar.
Saray, embarazada, también tiene una trayectoria parecida de una situación sociolaboral precaria. Se encontró el edificio donde reside desvalijado y ha ido poco a poco convirtiéndolo en un sitio donde vivir, aunque como el resto, no tiene la cédula de habitabilidad porque necesitan la escritura de propiedad que no poseen.
Brenda, Omayra y Candelaria reiteran lo dicho por sus dos vecinas y aunque no quieren salir en las fotos de frente por motivos personales, se mantienen firmes en su empeño de hacer de sus casas prestadas y de Valle de los Nueve su lugar en el mundo.
«Ninguna de las familias somos conflictivas, nos hemos integrado en el barrio y no causamos problemas a nadie, solo queremos tener la oportunidad de vivir aquí. Hemos hecho de un sitio que se encontraba en mal estado y abandonado en una comunidad vecinal donde todos convivimos sin problemas», afirman.
«El colegio se salvó del cierre»
- La llegada de estas familias con 16 menores tuvo un efecto positivo para Valle de los Nueve, explican. «Cuando vinimos aquí iban a cerrar el colegio Maestro Félix Santana porque faltaban niños, pero al matricular a nuestros hijos se ha mantenido abierto», afirma una de las inquilinas. La relación con el resto del vecindario es buena, de hecho, alegan que una de las vecinas ha iniciado una campaña de firmas para solicitar que las dejen vivir en los dos edificios, ubicados en las calle Dos de Mayo y Zaragoza. Es tal su integración en el barrio que recuerdan que salieron en televisión por ser las únicas en ayudar a un caballo herido. P. H.
“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”
“La Esperanza” dice NO al desalojo de “La Ilusión”
Desde la Comunidad “La Esperanza” (la comunidad autogestionada más grande del Estado) queremos manifestar nuestro total apoyo a la comunidad hermana de “La Ilusión” y rechazar con todas nuestras fuerzas la amenaza de desalojo que se cierne sobre ella. Exigimos a las entidades financieras que pretenden desalojarlas que abandonen ahora mismo sus pretensiones y a las administraciones públicas que les ofrezcan una alternativa habitacional asequible y digna en caso de que no se pueda detener lo que a todas luces sería un desastre humanitario. Desde el norte al sur de la isla, la situación de paro, precariedad, salarios insuficientes, alquileres elevados, desahucios constantes, ha ocasionado que muchas familias no hayamos visto obligadas a organizarnos, a pedir la colaboración de organizaciones como la FAGC y a impulsar comunidades como éstas para evitar la indigencia y la disolución de nuestras unidades familiares. Es el sistema el que ha incumplido sus deberes, no nosotras. Por eso, también desde el norte al sur de la isla, es importante fortalecer nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque en cualquier momento pueden venir a por cualquiera de nuestras comunidades y es vital que demos una respuesta conjunta y coordinada. Repetimos una vez más: “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”. Nadie nos puede quitar “La Esperanza” y nadie nos quitará “La Ilusión”.
Comunidad “La Esperanza”
