Categoría: SIGC
Desahucio de 6 familias en San Miguel de Abona
Desde hace aproximadamente 4 años varias familias entraron a vivir en unos dúplex abandonados en San Miguel de Abona (Tenerife). Contactaron con un supuesto promotor que les pedía 100 euros a cambio de acceder a ellos. Las casas, destrozadas, sin ventanas ni puertas en muchos casos, no valían ni siquiera eso. El pago se produjo y desde entonces el promotor desapareció. Las familias han seguido viviendo ahí desde aquel momento, arreglando los destartalados inmuebles como han podido y convirtiéndolos en sus hogares. Hablamos de 14 personas (8 adultos y 6 menores). Nadie se había acordado de ellos hasta hace pocos días.
El 13 de febrero el juzgado de Granadilla de Abona les comunica que tienen 10 días para comparecer en dichos juzgados y justificar con qué título habitan las viviendas. Es el paso previo al desahucio. Las viviendas son actualmente propiedad de la SAREB (Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocida como “el banco malo”. La SAREB es una de las entidades financieras que más desahucia en el Estado español, negándose casi por sistema a conceder alquileres sociales pues su principal objetivo es vender todos los activos adquiridos antes de su autodisolución. La negativa a negociar y a conceder alquileres sociales, como alternativa al desahucio, sobre todo en los casos en los que hay menores por medio, es especialmente sangrante cuando hay acuerdos con el Gobierno de Canarias sobre cesión de viviendas para situaciones de emergencia.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria vamos a intentar ayudar a estas familias para impedir este dramático desenlace:
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Ya hemos ofrecido a los afectados asesoría legal para que puedan presentar escritos que justifiquen su actual situación e impidan el lanzamiento judicial.
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Contactaremos con los medios de comunicación para que se hagan eco de esta noticia y nos ayuden a impedir con su influencia que 14 personas (6 de ellas niños) se vean en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.
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Hacemos un llamamiento a los colectivos sociales de nuestra isla hermana para que den el apoyo presencial y el acompañamiento personal que a nosotras se nos hace difícil ofrecer desde aquí.
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Hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las vecinas de nuestros barrios y pueblos, para que apoyen a estas familias e impidan que el desahucio se produzca.
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Instamos a las administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Abona y al Gobierno de Canarias para que, tal y como ya ha ocurrido en el caso de la Comunidad “La Ilusión” (Telde, Gran Canaria), empiecen las negociaciones con la SAREB y la conminen a paralizar el desahucio. Es su responsabilidad que una entidad con un 45% de capital público deje de expulsar a familias de sus casas.
Con 1.100 desahucios en Canarias el pasado trimestre; con la mayor subida de los precios del alquiler del Estado y los segundos salarios más bajos; con un precio medio del alquiler de 749 euros y un riesgo de pobreza del 40,2%; es necesario dar una respuesta colectiva y organizada a la verdadera emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. No hablamos ya de una lucha política o económica; es una lucha por la supervivencia.
SIGC y FAGC
El Gobierno de Canarias deja colgados a más de la mitad de los demandantes de ayudas al alquiler
Fuente: Jennifer Jiménez/Canarias Ahora
La fecha límite para resolver expiraba el 31 de diciembre y la consejería no lo hará como mínimo hasta abril alegando falta de personal para atender las 17.500 solicitudes
Hay unos 8 millones consignados este año para este fin. 7 millones para la convocatoria general y uno para la ayuda joven, con los que se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte
El sindicato de inquilinos asegura que todos los meses se reciben avisos de desahucios por impagos del alquiler, lo que le lleva a buscar alternativas en pisos vacíos de los bancos
El Gobierno de Canarias tampoco ha cumplido con los demandantes de ayudas al alquiler. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda publicaba el pasado mes de agosto, tanto la convocatoria genérica como las ayudas para los jóvenes, dándoles un plazo de apenas 15 días para optar a la oferta. La explicación que daba el Ejecutivo de CC para publicar en pleno verano (cuando menos personal tiene la consejería y cuando más ciudadanos están de vacaciones) era que, cuanto antes se convocaran las ayudas, más pronto llegarían los recursos a las familias y que antes de ese mes se produjo incertidumbre por los fondos del plan estatal de vivienda por la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la fecha límite que tenía el Gobierno para resolver, tal y como se destaca en las bases, expiraba el 31 de diciembre de 2018 y aún no hay visos de que se vaya a dar una pronta solución. Los demandantes empiezan a desesperarse después de tantos meses sin ser notificados, mientras el Sindicato de Inquilinos alerta del aumento de desahucios por impago de alquiler.
La consejería ha contestado por escrito a este periódico informando de que, en total, hay 17.486 personas que han solicitado estas ayudas. De ellas, 12.004 son demandantes de la convocatoria general y 5.482 de la destinada a jóvenes. Señala que el número de solicitudes es elevado y hay que analizarlas, valorarlas y montar un expediente por cada una de ellas, razón por la que aún no hay una fecha estimada de cuándo se resolverán las convocatorias. La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, de Coalición Canaria (CC), ha matizado además en el Parlamento, tras una pregunta del diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que en la provincia de Santa Cruz Tenerife se han presentado 5.741 solicitudes de la ayuda general y 2.970 de la convocatoria joven, mientras que en Las Palmas se contabilizaron 6.263 demandas de la general y 2.512 de la convocatoria joven.
Este año, las ayudas han tenido carácter bianual, con lo cual quienes no resulten beneficiarios no podrán volver a optar a ellas hasta pasados dos años, cuando se publique una nueva convocatoria. La medida, aunque es positiva en el sentido de que aporta garantías a quienes serán beneficiados, provoca incertidumbre en quienes no resulten beneficiarios ya que no podrán volver a optar a este tipo de ayudas hasta dentro de dos años. Además, hay unos 8 millones de euros consignados este año para este fin y otros 8 para el próximo; 7 millones para la convocatoria general y 1 millón para la ayuda joven. Con estos recursos se pretende beneficiar a unos 5.000 solicitantes que cumplan los requisitos, más del doble que el año pasado, pero dejará fuera a una gran parte de los solicitantes.
Los demandantes de la ayuda ya se empiezan a desesperar, sobre todo por la falta de información. Hay residentes de Gran Canaria que han llegado a tener problemas para que les atiendan por teléfono y a quienes les han comentado que el Instituto Canario de Vivienda no tiene habilitado el teléfono de atención en esa isla. Desde la consejería afirman que desconocen estos problemas y añaden que la información se irá publicando en la página web.
7 años sin plan de vivienda
Cristina Valido insiste en que, desde su llegada al cargo se ha incrementado el número de beneficiarios de estas ayudas. El año pasado, con 5 millones de euros para este plan, se benefició a 3.256 familias y este año, con 17 millones para dos años espera llegar a unas 5.000, algo que contrasta con los más de 17.000 demandantes. Estas cifras, sin embargo, no sorprenden si se tiene en cuenta lo que ocurrió el pasado año, cuando se presentaron casi 7.000 personas solo a la convocatoria general. La falta de planificación en materia de vivienda se palpa especialmente en el hecho de que siete años después aún no exista plan, aunque la consejera asegura que este documento se llevará al consejo de Gobierno “más pronto que tarde”.
Para Luis Campos (NC), si se contara con un plan de vivienda habría previsión de qué pasos seguir con las ayudas y partidas que llegan del Estado. Además, considera que este plan vaya a llegar a tiempo, ya que no hay ni un solo euro consignado en los presupuestos de este año para este fin. A su juicio, el problema de la vivienda en Canarias es mucho más amplio, ya que tampoco se ha ampliado el parque público en los últimos años. El resumen para él es que se destinan recursos insuficientes y que la ayuda llega tarde y mal, muchas veces cuando la persona ya va a ser desahuciada.
El sindicato de inquilinos de Canarias lleva mucho tiempo alertando del aumento de desahucios en las Islas por impago de alquiler. Su portavoz, Ruymán Rodríguez, señala que, en muy poco tiempo, solo en Gran Canaria se han realojado a unas 1.000 personas en distintos inmuebles vacíos y propiedad de los bancos. Ejemplos de ello son la comunidad La Ilusión, en Telde, o La Esperanza, en Guía. El colectivo señala que el Gobierno de Canarias podría llegar a acuerdos con los bancos para contar con más alternativas habitacionales.
A su juicio, estas ayudas al alquiler no están pensadas para las personas en situación más vulnerable ya que, de entrada, hay que tener un contrato de alquiler para poder optar a ellas. Recuerda que hay muchas personas que viven en situación de hacinamiento familiar, otras viviendo en muy malas condiciones o incluso en garajes y cuartos trateros. Una situación que comparte la abogada Isabel Saavedra, que asesora al Sindicato de Inquilinos, y que además añade que aún no existe un censo de las viviendas vacías en Canarias ni opciones como las que han puesto en marcha otros ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Una de estas medidas que aplaude es la creación de una bolsa de alquiler, a la que pueden sumarse propietarios dispuestos a que sus viviendas sean alquiladas por un tope impuesto por el Ayuntamiento, pero que aporta la garantía de que se le va a pagar el alquiler mes a mes.
El problema de la vivienda en Canarias se acrecienta por el hecho de que es la comunidad con mayor número de personas en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Las dos provincias de las Islas se encuentran a la cabeza en precios desorbitados del alquiler, al igual que ciudades como Madrid o Barcelona. Una situación que, como se refleja también en el decreto del Gobierno Estatal para regular el alquiler, se complica por la falta de regulación de la vivienda vacacional.
Solución provisional al desahucio de una madre con su niño de cinco años
María del Pino Santana y su hijo Moisés han sido instalados en un hotel tras ser desahuciados de su vivienda de alquiler en Casablanca I
Fuente: La Provincia
Ampara R. Montero
Ha sido un día largo y duro, pero aún así María del Pino Santana se muestra calmada. Nada que ver con el pequeño Moisés que no para quieto en la silla. Tiene cinco años y su mirada todavía puede sorprenderse con algo tan simple como ver a alguien escribir. «Yo también sé hacer la o», asegura. Un boli Bic y un trozo de hoja en una libreta bastan para que muestre sus dotes gráficas y, de paso, sacarle una sonrisa de satisfacción ante la perfección de su letra a la que no le falta ni el rabillo. En su mundo infantil todo parece estar en orden, si bien no se le escapa que algo ha cambiado. «Hoy [por ayer] voy a estar tranquilito», promete mientras se agarra a la mano de su mamá y juntos se dirigen hacia la zona del hotel donde van a vivir por ahora después de que ayer tuvieran que dejar la que había sido su hogar en Casablanca I por una orden judicial de desahucio.
Apenas han pasado unas horas desde que madre e hijo se instalaran el un enclave hotelero de la capital, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomase medidas ante el caso de Santana. No obstante, el calvario de esta mujer de 38 años tiene ya recorrido. La falta de apoyo familiar, el maltrato por parte del padre de su pequeño y una agresión sexual de otra persona han marcado el último lustro de María del Pino que no oculta que a veces le faltan las ganas de seguir. «Es muy difícil levantarte cuando te sientes tan mal como mujer, pero lo tengo que hacer por él», comenta mientras mira a Moisés que sigue entretenido con la caligrafía.
Precisamente el niño ha sido la fuerza que ha impulsado la batalla de Santana por no quedarse en la calle, a pesar de no poder hacer frente al alquiler. «¿Cómo lo hacía?», se justifica. Y es que en un principio compartía la vivienda de Casablanca I con otro inquilino que al poco tiempo decidió marcharse dejándola a ella con toda la responsabilidad del pago del arrendamiento. «Yo cobraba una ayuda de 426 euros y tenía que pagar 400 de alquiler. Si lo hacía no podía dar de comer a mi hijo».
Todo esto ocurrió en marzo del año pasado y en junio se le acababa la prestación. «Fui a los servicios sociales, donde me habían ayudado en otra ocasión, pero me dijeron que tenía que buscarme yo un piso y que luego ellos me pagan el alquiler», recuerda. El problema es que al no tener un empleo nadie quiere arrendarle una casa. Y para más inri, hasta diciembre no ha podido recibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 540 euros con la que, además, el banco se ha cobrado el dinero que adeudaba por haber tenido que dejar la cuenta al descubierto. Así que los últimos meses han tenido que vivir a base de ayudas de alimentos y del apoyo de vecinos como Carla.
Lo más importante es que a Moisés no le ha faltado nunca un plato de comida aunque Santana tuviera que reducir su alimentación para ello. Pero aún así, sucedió lo inevitable: les llegó una orden desahucio por impago del alquiler que tenía la fecha fijada en el día de ayer. Lejos de tirar la toalla María del Pino Santana contactó con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria que dio la voz de alarma la pasada semana, cuando apenas quedaban unos días para que madre e hijo se vieran en la calle. De momento, el Consistorio ha evitado esa situación con una habitación de hotel hasta que se encuentre una solución definitiva. «Yo espero que cumplan con su palabra», apunta la afectada sin cantar victoria. Mientras, Moisés garabatea feliz las vocales.
María encuentra techo provisional y el juez para el desahucio ‘sine die’
Fuente: Canarias 7
Javier Darriba
La vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y afectada por un lanzamiento, se mudó al hotel que le ofreció el Ayuntamiento. El Gobierno le busca casa. Su expulsión quedó congelada tras un recurso que puso sobre la mesa la necesidad de un informe de vulnerabilidad.
La joven que ayer se enfrentaba al desahucio por impago del alquiler junto a su hijo de cinco años se mudaba ayer a la habitación de hotel que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le buscó como solución provisional para evitar que se quedara en la calle cuando se enteró de que el juzgado suspendía provisionalmente su alzamiento.
Aunque no están claro aún los motivos por los que se suspende sine die el desahucio, ya que la notificación a la abogada de oficio se hizo de modo presencial y no hay constancia documental de la decisión, desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria creen que el fallo tiene su fundamento en el recurso de urgencia que presentó la abogada Isabel Saavedra el viernes a última hora.
Lo que se solicitaba en este escrito era que se aplicara el Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. «Esto exige, para los casos de desahucio que afectan a familias vulnerables, la elaboración de un informe de situación por parte de los servicios sociales municipales», explica Saavedra. «Si se confirma que la decisión del juez se basa en este recurso sería el primero de Canarias, probablemente», explica la letrada, quien señala la importancia del nuevo escenario, con la exigencia de informe de vulnerabilidad.
La noticia de la paralización del alzamiento sorprendió a María del Pino Santana en pleno proceso de mudanza. Desde primera hora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le ofreció un coche para llevarla al hotel, un vehículo para trasladar sus enseres y un espacio en El Sebadal para depositarlos en caso de que lo necesitara, según explicó el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega.
La decisión de paralizar el desahucio generó dudas sobre si María del Pino debía quedarse en la casa actual o mudarse al hotel ofrecido por el Consistorio, pero al final se decidió que aceptara la oferta municipal. «En la casa de alquiler no tenía agua desde hace meses», explicó el representante del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, «esperemos que ahora no retiren la posibilidad de que se acoja a otras ayudas sociales».
Además, Isabel Saavedra insistió en el carácter provisional que debe tener el alojamiento en el hotel porque carece de cocina. También tenía dudas sobre el régimen de comidas la propia afectada. «Se supone que tengo que ir a cafeterías porque al no haber cocina no cabe otra, aunque creo que mi vecina Carla me hará alguna comida de vez en cuando», explicó. Su vecina le ha ayudado a mantenerse estos dos últimos meses y le ofreció su casa para depositar todos sus enseres.
El responsable del área municipal de Cohesión Social dijo que desconocía la decisión judicial pero mantuvo la oferta de ayudas económicas «para hacer frente a los pagos de la estancia y de las comidas». El concejal aclaró que se ha llegado a un acuerdo con un restaurante de la zona para que pueda alimentarse junto a su hijo. Además, María del Pino podrá acceder a prestaciones económicas de especial necesidad o a las de emergencia que dependen del Ayuntamiento capitalino. «La cuantía será lo suficiente para cubrir sus necesidades», expuso Ortega, quien recordó que, en todo caso, habrá que esperar al Gobierno de Canarias para obtener la solución definitiva. «Hemos instado al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad y le ofrezca una alternativa habitacional», reseñó, «lo principal es que se le pueda ofrecer una vivienda».
Al respecto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, aseguró que la Comunidad ya se ha puesto en contacto con María del Pino y con el Ayuntamiento «para atender su caso y darle solución». Aclara que Vivienda desconocía el caso de esta vecina de Casablanca I, por lo que no se ha podido aplicar el protocolo del programa Canarias +Viviendas x Familias que hace que el Gobierno de Canarias se dirija al propietario del piso (el arrendador) y al juzgado para pedirles que suspendan el desahucio hasta que se le pueda ofrecer una alternativa habitacional.
En este caso, lo que se va a hacer es ofrecerle una de las alrededor de 90 viviendas que conforman una bolsa de pisos en toda Canarias que ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios que el Icavi tiene firmados con las dos entidades bancarias.
Pino de León señaló que «cuando ponen a nuestra disposición estas viviendas, generalmente hace falta acometer pequeñas obras de rehabilitación porque no podemos ofrecerlas sin agua ni luz».
La directora del Icavi indicó que se va a agilizar la obra para que la casa sea puesta a disposición de María del Pino lo antes posible. Descartó que pueda acceder a una casa de Visocan (la empresa de viviendas sociales del Gobierno canario) porque solo ofrece pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, lo que supone una renta mensual de entre 300 y 350 euros.
En cambio, la solución que se le va a prestar a la vecina de Casablanca I es una vivienda pública en la que no tendrá que pagar más del 12% de sus ingresos, lo que implica que su mensualidad no podrá exceder de 65 euros.
La abogada Isabel Saavedra agradeció al Sindicato de Inquilinas y a la Federación Anarquista de Gran Canaria su denuncia del caso de María del Pino, pero lamentó que se están produciendo muchos otros sin que haya una respuesta institucional óptima. «En el último trimestre del año pasado los lanzamientos en Canarias crecieron un 13% respecto a 2017», explicó, «este caso concreto demuestra la falta de previsión de un Ayuntamiento que se dice del cambio y que actuó porque no podía permitirse un piquete antidesahucio en plena fase preelectoral».
Para el PP, el caso de María del Pino Santana es «un nuevo ejemplo del fraude social» ya que «nadie del tripartito de las personas tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia fue recogida por los medios de comunicación», indicó la edil Carmen Guerra. «Ni oficina antidesahucio, ni bono social del agua, ni nada. Este gobierno que llega a su fin de caracteriza por ser un gobierno de cartón piedra, que utilizó las necesidades sociales de las personas para justificar la conformación de un pacto de perdedores», añadió.
Al margen del rifirrafe político, la afectada se mostró contenta «porque tengo un techo», aunque sabe que todavía hay que esperar por la decisión final.
Comunicado sobre el desahucio de María
María y su hijo de 5 años vivían con el pánico de enfrentarse al desahucio que les fue comunicado judicialmente para este lunes día 14 de enero de 2019. Contactó con nosotras el jueves por la tarde-noche, a menos de 4 días del desahucio. María había sido asesorada de forma muy deficiente hasta entonces: se le había asegurado que su desahucio no iba a producirse, que iba a ser realojada, que su caso ya lo conocían las instituciones, y toda una serie de falsas promesas. Finalmente, el mismo jueves se le dijo que se preparara “para lo peor”. Todo eso, sumado al terror de perder a su hijo (un miedo que nos ha costado mucho mitigar), hizo que cuando llamó a nuestro teléfono estuviera verdaderamente desesperada.
Tenemos que ser sinceras: el jueves por la noche creíamos que era imposible salvar la situación. Hemos hecho cosas complicadas antes, pero pocas veces con tan poco margen y con circunstancias tan adversas. Nos repusimos de la congoja y pusimos en marcha una maquinaria bien engrasada: nuestro protocolo antidesahucios.
La vía legal estaba agotada. Aún así la abogada Isabel Saavedra redactó un recurso de urgencia intentado ganar algo de tiempo, aunque ella misma sabía que no iba a ser posible. Rápidamente, ya de noche, contactamos con la prensa, tanto directamente como a través de nuestro listado de correos. Teníamos 3 días para llegar a la opinión pública y que ésta ejerciera la presión necesaria para forzar la actuación de los responsables políticos. Empezamos a meter caña también por redes sociales, intentando alcanzar el clímax necesario para que nuestras demandas fueran escuchadas. Finalmente, tanto de forma informal como oficial, contactamos con responsables políticos a través de periodistas y contactos comunes. Por si todo eso fallaba, decidimos mantener los preparativos de un posible piquete antidesahucios.
Finalmente, casi de madrugada, el concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, llamó a María para comunicarle que el Ayuntamiento le ofrecía quedarse en un hostal hasta que se encontrara una solución definitiva a su situación. Lo tomamos con precaución hasta que fuera oficial, pero al menos ahora María y su hijo podían descansar tranquilos.
La noticia se confirmaría al día siguiente, primero en prensa y después a través de una nueva llamada a María: El Ayuntamiento buscará un alojamiento provisional a María del Pino y su niño.
Podría pensarse que estamos satisfechas con la actuación gubernamental, pero no es así. Para llegar a este punto se ha sometido a María a un sufrimiento innecesario. Durante el proceso la administración le dijo que se pusiera en contacto con los Servicios Sociales, desconociendo que ella ya estaba desde hace mucho tiempo siendo atendida por ellos. Se le pidió que buscase un alquiler, ignorando una realidad social tan palmaria como que a nadie con unos ingresos de 540 euros le ofertan alquiler alguno. Llegaron incluso a decirle que se fuera a Gánigo (un albergue para personas sin hogar) con su hijo de 5 años. Esta muestra de insensibilidad y falta de empatía no podemos, aunque lo intentáramos, olvidarla.
Muestra del mismo talante ha sido que Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comunicara a los medios la posibilidad de un hostal para María antes de decírselo a la propia afectada.
A partir de los hechos relatados, nuestras conclusiones son las siguientes:
1º. Aparentemente se ha encontrado una solución temporal para María. Lo valoramos de forma positiva pero sin triunfalismos y, sobre todo, con desconfianza. Vigilaremos que este compromiso, que por ahora concuerda con nuestras exigencia iniciales, sea respetado. Sin embargo, no es una solución; sólo es un parche. No queremos estar pendientes de que el Ayuntamiento pague el hostal antes de encontrar una solución definitiva. No queremos que la amenaza de la intemperie se cierna de nuevo sobre las cabezas de María y su pequeño. Queremos una solución habitacional real a largo plazo.
2º. En vista de que María ya cuenta con una alternativa habitacional, aunque sea temporal, la FAGC y el SIGC anuncian que desconvocan el piquete antidesahucios que tenían preparado para mañana.
3º. Vivimos en Canarias una verdadera situación de emergencia habitacional y eso es lo que debería declararse. El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. no puede seguir ignorando esta situación. Poco nos importa a nosotras que sean un tripartito de izquierdas, que gobiernen con una retórica nueva o con la de siempre, que sean del cambio o del recambio. Las palabras no te cubren del frío ni evitan que tus hijos rompan a llorar ante la amenaza de un desahucio. Es vital que haya un protocolo antidesahucios eficiente, que no permita que ni una sola familia se quede en la calle por impago de unos alquileres que la especulación inmobiliaria, potenciada o ignorada por las instituciones públicas, está llevando a unos récords históricos. No puede ser que nuestros humildes colectivos, refractarios a recibir subvenciones, autofinanciándose a base de solidaridad colectiva y de unos ingresos propios muy magros, haya realojado a más personas e impedido más desahucios que todas las instituciones de Canarias juntas.
4º. Habrá colectivos y partidos que ahora correrán a ponerse ante los focos para colgarse medallas. Que lo hagan. Rechazamos las guerras de siglas. La calle sabe cuál es la verdad. Y es la calle la que nos interesa. Por nuestra parte no tenemos nada que celebrar mientras María no tenga un hogar estable, digno y seguro. Pero sí tenemos motivos por los que estar orgullosas. Estamos orgullosas de María, cuya fuerza de voluntad ha logrado gran parte de esta pequeña victoria. María a lo largo de su vida ha sufrido distintos episodios de violencia machista y patriarcal, desde malos tratos de su ex pareja a una agresión sexual de un compañero de piso. Han podido herirla, pero no derrotarla. Se ha negado a someterse a la revictimización de la indiferencia institucional, y ha dado la cara en cualquier foro y ante cualquier medio para denunciar su situación. Por nuestra parte, en 3 días hemos conseguido algo que parecía irrealizable, y eso es así porque sólo la lucha y la protesta hacen que lo que hoy parecía imposible mañana se torne posible. Sirvan este caso y todos los que tramitamos actualmente para demostrarle a nuestra empobrecida y maltratada sociedad canaria que sólo poniéndose en pie, exigiendo y no pidiendo, protestando y no suplicando, se pueden obtener resultados.
Seguimos y seguiremos luchando. Hasta que el techo sea un bien de primera necesidad al alcance de todas y no un activo financiero para inversores y especuladores.
Federación Anarquista de Gran Canaria
Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria
Comunicado de María
Mi nombre es María. Para mañana (día 14 de enero de 2019) tengo la orden de desahucio a las 12:00. Después de tantos meses de incertidumbre, y de tenerme como una pelota, sin encontrar ayuda ninguna, sin haberme asesorado correctamente, contacté con la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, y en tan solo tres días han conseguido con la ayuda de la presión mediática movilizar a todos los medios, tanto en prensa, como televisión. Y gracias a los esfuerzos y a la gran ayuda que me han prestado, mañana tanto mi hijo como yo estaremos bajo un techo y juntos. Quiero dejar claro que solo y únicamente los que me han conseguido que todo esto se llevara a efectos, y en tan solo tres días, es gracias a la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Ellos son los únicos que en tres días han conseguido que mi situación cambié radicalmente a mejor. Gracias a los compañeros que desde el minuto uno que contacté con ellos, los pobres, ni han descansado, ni han parado de luchar y movilizar todo esto para encontrar una salida. Gracias.
El SIGC se refunda y reanuda la lucha
Fuente: Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria
Con el mismo espíritu que le dio vida, pero con una perspectiva más apegada si cabe al tejido barrial y la raíz social de los problemas habitacionales, las vecinas han decidido refundar el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Será un órgano de las vecinas y para las vecinas, impulsado y controlado por ellas, con comisiones en las que su presencia sea real. Un sindicato independiente, pero sin miedo a reconocer las influencias horizontales, asamblearias y autogestionarias que lo fundaron, y que hoy le aportan la totalidad de sus recursos. Un órgano alejado de las viejas dinámicas y vicios que arrastran los colectivos históricos. Un órgano para luchar. Un órgano para ganar.
Doce familias residen en viviendas prestadas en Valle de los Nueve
Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino viven en dos edificios embargados cedidos por su dueño
pedro hernández 07.12.2018 | 01:43
Veinte adultos, 16 niños y un bebé en camino son los componentes de las 12 familias que residen en dos edificios de Valle de los Nueve desde junio del año pasado como precaristas [prestatarios] gracias a la generosidad de su propietario, aunque el proximo lunes tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instancia número 4 para explicar en calidad de qué se encuentran en ambos inmuebles.
Acudirán con una batería de recursos que les están elaborando y tendrán que declarar, pero confían en que les permita seguir en los que son ahora sus hogares y mantener la unidad familiar, evitar traumas a los niños por el cambio de colegio y que no afecte un hipotético traslado de personas enfermas. No piden una casa gratis, sino que puedan seguir en las que habitan con un alquiler social o que las administraciones públicas les busquen una alternativa. Si no, su camino es quedarse en la calle.
«Somos precaristas, no okupas», aseguran varias de las inquilinas para descartar con rotundidad que el acceso a sus pisos fuera de forma violenta o sin consentimiento de la propiedad. De hecho, han acabado con las deficiencias encontradas en ambos portales, compuestos por cinco y ocho viviendas en total. Así, han repuesto los materiales robados, colocado piezas de saneamiento, tapado goteras o amueblar la cocina con las donaciones recibidas y la ayuda de otras personas.
Nada que ver. y así defienden su etiqueta de precaristas. con el escenario descrito cuando se habla de okupas en edificios abandonados. Todo lo contrario, su panorama es como el de cualquier piso, más modesto, pero en perfecto estado.
Indican que los embates sufridos les han colocado en un estado de precariedad económica y laboral, con situaciones de parados de larga duración o empleos esporádicos, además de difíciles situaciones familiares que les abocó a solicitar ayuda a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que creó el Sindicato de Inquilinos «para ayudar y buscar soluciones al sangrante problema de la vivienda en Canarias y explicar cómo salir adelante», apunta Ruymán Rodríguez, asesor de estas familias.
Varias de las afectadas prefirieron que en la foto de esta información y en las de la edición digital no se les viera el rostro, aunque posaban con quienes sí aceptaron para que se demuestre que todas las familias están a una en esta lucha y expusieron sus opiniones. Faltaron más inquilinos de los que se esperaban, pero quienes asistieron, todas mujeres, sí querían contar su historia y su situación.
Régimen de prestatarios
Una historia que empezó a escribirse el año pasado durante una asamblea en San Telmo «en la que asistieron familias desahuciadas, familias que vivían en la calles, mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos y no sabían dónde meterse. Una persona que se identificó como propietario embargado de esos bloques ofreció las llaves a esas familias a cambio de que los cuidaran porque se le estaban metiendo a robar o al consumo de drogas. Dijo que mientras lo cuidaran podían habitarlos y desde el pasado verano residen allí».
Ahora tienen que demostrar el lunes que se encuentran en situación de prestatarios ante el juzgado teldense. Rodríguez opina que probablemente se ha iniciado la ejecución hipotecaria y de ahí la notificación de comparecencia en sede judicial el lunes, 10.
La mayoría son de Telde, los adultos en edades comprendidas entre los 25 y 50 y pico años, casi todos entraron el verano pasado, aunque el dueño les dio otro juego de llaves para que las utilizaran para nuevos inquilinos y así se fueron organizando. Crearon la comunidad La Ilusión y han desarrollado durante este algo más de un año un cambio a mejor en los dos edificios, una acción que confían sea valorada en el juzgado.
Nieves, una de las residentes en uno de los pisos, se define como precarista y recuerda que en su domicilio cuando llegó «me encontré con goteras y tuve que usar mantas para taparlas». Ahora, aunque con modestia, tiene un lugar donde vivir con dignidad y espera seguir considerándolo su hogar.
Saray, embarazada, también tiene una trayectoria parecida de una situación sociolaboral precaria. Se encontró el edificio donde reside desvalijado y ha ido poco a poco convirtiéndolo en un sitio donde vivir, aunque como el resto, no tiene la cédula de habitabilidad porque necesitan la escritura de propiedad que no poseen.
Brenda, Omayra y Candelaria reiteran lo dicho por sus dos vecinas y aunque no quieren salir en las fotos de frente por motivos personales, se mantienen firmes en su empeño de hacer de sus casas prestadas y de Valle de los Nueve su lugar en el mundo.
«Ninguna de las familias somos conflictivas, nos hemos integrado en el barrio y no causamos problemas a nadie, solo queremos tener la oportunidad de vivir aquí. Hemos hecho de un sitio que se encontraba en mal estado y abandonado en una comunidad vecinal donde todos convivimos sin problemas», afirman.
«El colegio se salvó del cierre»
- La llegada de estas familias con 16 menores tuvo un efecto positivo para Valle de los Nueve, explican. «Cuando vinimos aquí iban a cerrar el colegio Maestro Félix Santana porque faltaban niños, pero al matricular a nuestros hijos se ha mantenido abierto», afirma una de las inquilinas. La relación con el resto del vecindario es buena, de hecho, alegan que una de las vecinas ha iniciado una campaña de firmas para solicitar que las dejen vivir en los dos edificios, ubicados en las calle Dos de Mayo y Zaragoza. Es tal su integración en el barrio que recuerdan que salieron en televisión por ser las únicas en ayudar a un caballo herido. P. H.
Se prepara el desalojo de “La Ilusión”
Antecedentes
La Comunidad “La Ilusión” se inició en junio de 2017. Después de una asamblea de desahuciadas, inquilinas y precaristas convocada por el SIGC (Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, organización independiente pero impulsada inicialmente por la Federación Anarquista de Gran Canaria), una persona, asistente también a dicha asamblea, se puso en contacto con las familias que habían compartido sus distintos problemas de vivienda. Dicha persona, en proceso de embargo bancario (según hemos averiguado después, con implicación directa de la SAREB en la adquisición de sus bienes inmuebles subastados), facilitaba dos edificios colindantes (ubicados en el Valle de los Nueve [municipio de Telde]) para que los habitaran personas sin hogar, a cambio de que los cuidaran y habilitaran, y evitaran con su presencia los continuos robos que estaban sufriendo los inmuebles. Cerrado al acuerdo se procedió a su socialización.
En un año y medio las vecinas, con sus pocos ingresos y la poca ayuda que hemos podido prestar desde el exterior, han ido habilitando los inmuebles, a los que inicialmente les faltaba de todo: cableado, lavamanos, vasijas, enchufes, interruptores, llaves de paso, tramos de tuberías, etc. Y que estaban bastante destrozados: humedades, puertas rotas, agujeros en techos y paredes, etc. Poco a poco los han ido arreglando, saneando, pintando y amueblando (casi siempre con materiales reciclados o buscando oportunidades de segunda mano), hasta convertirlos en auténticos hogares para ellos y sus hijos.
Las vecinos han intentado que las distintas empresas suministradoras de agua y luz les regularicen los suministros, pero ante las reiteradas negativas de éstas siguen tirando con lo que creemos es luz de obra y con cubas de agua que regularmente llenan los bidones que cada familia ha tenido que instalar en el garaje compartido que tienen ambos inmuebles.
En “La Ilusión” conviven 12 familias (en total 36 personas, 16 de ellas menores) que reúnen los distintos perfiles de la clase obrera canaria, empobrecida, excluida y marginada. Tenemos paradas de larga duración; manitas que arreglan cualquier desperfecto en el edificio y que sin embargo no encuentran un trabajo regular; madres solteras que realizan trabajos esporádicos como limpiadoras o cuidadoras de ancianos y también en hostelería, pero cuyos ingresos no les permiten pagar los cada vez más elevados alquileres que tenemos en Canarias (Las Palmas es la segunda provincia donde más han subido los alquileres [16%] sólo por detrás de Barcelona, sin embargo seguimos teniendo uno de los sueldos más bajos del Estado); migrantes en busca de un hogar que les permitiera la reagrupación familiar; mujeres maltratadas que han hallado en “La Ilusión” un refugio para ellas y sus hijos; personas que han sufrido la indigencia y que han sido rescatadas por la comunidad, con vecinas tan solidarias que hasta las han recogido en sus propias casas. Esta es la cara, altruista, digna y diversa, de “La Ilusión”.
Intento de desahucio
El pasado día 30 de noviembre las vecinas de “La Ilusión” recibieron una notificación judicial dirigida a “ocupantes desconocidos” en la que les concedían un plazo de 10 días (sin especificar si eran hábiles o naturales, a pesar del puente que se comía parte de la semana) para comparecer en juzgados y justificar bajo qué título habitaban el inmueble. Las vecinas rápidamente contactaron con la FAGC y se convocó una asamblea de urgencia, a la que también acudió como asesora legal la abogada Isabel Saavedra. La asamblea (más bien una reunión informativa) consistió en compartir con las vecinas las distintas opciones legales y de protesta que en opinión de la FAGC tenían. Las vecinas tomaron una resolución: lucharían por sus hogares.
La estrategia de lucha es la siguiente: se intentará plantar cara en el frente legal agotando todos los plazos posibles; se intentará provocar una verdadera “guerra de tinta” buscando tener la mayor presencia mediática posible para poner en conocimiento de la opinión pública el intento de desalojo a “La Ilusión” y generar todos los apoyos necesarios; paralelamente, se intentará negociar con el nuevo adjudicatario de los inmuebles (la SAREB) y con las instituciones públicas, para que las vecinas puedan conservar sus hogares en régimen de alquiler social o para que, en su defecto, se les garantice una alternativa habitacional; si los agentes implicados se niegan a negociar, tomaremos la vía de la protesta callejera, manifestándonos y concentrándonos en todos aquellos lugares que sea necesario hasta que la presión les obligue a sentarse frente a nosotras para llegar a un acuerdo; y si nada de lo anterior se produce tendremos que recurrir a intentar parar el desahucio a través de un piquete donde intentaremos movilizar al barrio, al municipio y a la isla entera, hasta poner delante de la puerta un colosal muro de resistencia popular.
“La Ilusión” demanda que se le permita conservar sus hogares, que llevaban abandonados durante más de 10 años y que nadie quería hasta que las propias vecinas, con su esfuerzo y trabajo, han demostrado que eran habitables.
“La Ilusión” demanda que se les conceda un alquiler social sobre sus actuales domicilios y muestra su total voluntad de regularizar contractualmente su situación.
“La Ilusión” demanda que, en caso de ser esto imposible, se les ofrezca una alternativa habitacional digna, porque sus actuales domicilios son su primera y única vivienda, y abandonarlos supondría ser arrojadas a la calle y romper sus familias.
“La Ilusión” no pide caridad, exige justicia y sólo quiere que el repetido derecho de todas las personas a una vivienda digna deje de ser una frase bonita y se convierta en una realidad material.
No se puede legislar contra la necesidad más básica, ni contra el instinto de supervivencia, ni contra la fuerza que nos impulsa a mantener sanos y seguros a nuestros hijos. Si nos prohíben respirar sólo obtendrán una cosa: que les desobedezcamos, como mínimo, 12 veces por minuto.